Publicado: 30.01.2014 16:22 |Actualizado: 30.01.2014 16:22

Madrid confía en que las adjudicatarias de los hospitales no reclamen indemnizaciones

El PSM no descarta denunciar al Gobierno de González por haber cedido datos de personal y pacientes a las empresas que iban a gestionar los seis centros que ya no serán privatizados

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El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha afirmado este jueves que no han recibido formalmente ninguna reclamación por parte de las empresas afectadas por la suspensión de la externalización sanitaria y ha agregado que la Comunidad no se va a poner en hipótesis jurídicas sobre posibles indemnizaciones si no se produce ningún requerimiento por parte de éstas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Victoria ha detallado que pasado tres días de la suspensión, al Ejecutivo regional no le consta ningún tipo de reclamación por parte de las empresas que fueron propuestas para la adjudicación [Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo] y que, en consecuencia, no se puede avanzar una postura jurídica sobre una hipótesis de posibles peticiones de indemnización por la suspensión del proceso.

Las empresas adjudicatarias de los hospitales no llegaron a firmar los contratos con la Comunidad

El consejero de Presidencia ha recalcado que la presentación de reclamaciones es una decisión de las empresas y que no le consta que éstas hayan actuado en ese sentido. "Si alguna nos plantease algún tipo de requerimiento procederíamos a estudiarlo, pero lo cierto es que los contratos no se procedieron a firmar", ha apuntado el consejero recordando que la suspensión de la Justicia impidió precisamente la rúbrica del acuerdo. Por tanto, ha evitado entrar en definir jurídicamente aspectos que no están sobre la mesa.

Por su parte, el diputado del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid José Quintana ha dicho que no descartan denunciar a la Comunidad ante la Agencia de Protección de Datos por dar acceso a las empresas adjudicatarias de la gestión de los seis hospitales del proceso de externalización a datos del personal y los pacientes.

"No descartamos denunciar estas posibles irregularidades ante la Agencia de Protección de Datos", ha manifestado Quintana, quien también ha afirmado que, además, "se les dio derecho a utilizar las instalaciones de los hospitales  sin que hubieran firmado los contratos".  A su juicio, "alguien tiene que empezar a explicaciones" al respecto, por lo que el Grupo Socialista va a solicitar dos plenos monográficos sobre sanidad, uno para que comparezca el presidente regional, Ignacio González, y otro para que comparezca el nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez.

Victoria, preguntado sobre si las adjudicatarias han tenido acceso a los datos de profesionales y pacientes de los hospitales a externalizar durante el tiempo que estuvo abierto el proceso,  ha recalcado que "los datos de los que disponen las empresas" son los que constan públicamente en el pliego de condiciones de la externalización, que son genéricos del centro y no personales, y que las empresas no llegaron a firmar los contratos administrativos que permitían la puesta en marcha del servicio y que no tenían, por tanto, el mecanismo formal para tener acceso a dichos datos.

También preguntado sobre las declaraciones del secretario general del PSM, Tomás Gómez, que pedía al Gobierno regional que pagara de su bolsillo posibles indemnizaciones en caso de que así lo reclamaran las empresas, Victoria ha dicho que esas palabras demuestra la "incoherencia" de sus planteamientos pues ha criticado la externalización y ahora "parece muy preocupado" por los intereses de esas sociedades.

Aparte, el portavoz del Gobierno regional ha recordado que durante su etapa en el Ayuntamiento de Parla externalizó multitud de servicios como el de las ambulancias, el control sobre las palomas o el Museo del Bonsai. También le ha acusado de no haber explicado qué ha pasado con los 70 millones que recibió del Consorcio Urbanístico de Parla para invertir en el tranvía y que no aparecen en "ningún lado".

También preguntado por la convocatoria de una nueva Marea Blanca el domingo de la tercera semana de febrero a pesar de la suspensión del proceso como consecuencia de la "incertidumbre jurídica y judicial en el horizonte" del mismo, Victoria ha dicho fue una decisión "importante" y entiende que el hecho de seguir con esta protesta hace pensar que el proceso para la gestión indirecta de seis hospitales "no era la única excusa" para esa movilización "sino que va mucho más allá".  Aparte, Victoria ha recordado que el nuevo consejero ya ha manifestado su voluntad de iniciar un proceso de diálogo con los profesionales para hacer una "llamada a la responsabilidad" para consensuar medidas de ahorro en el gasto sanitario.

Victoria: "Javier Rodríguez es una persona con experiencia, muy conocedora de las políticas sanitarias"

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha subrayado que en 2013 ya se han tomado medidas importantes de cara a la sostenibilidad del sistema sanitario y que la voluntad del Gobierno regional es "mantener" un sistema sanitario "público, universal y gratuito", por lo que está abierto a "cualquier propuesta que hagan los profesionales que vaya en esta dirección".

Aparte, Victoria ha manifestado que hay que dar unos días a Javier Rodríguez para que se asiente en el puesto y que tenga conocimiento de los principales asuntos que atañen a su departamento, si bien ha destacado de él que es una persona con "experiencia y muy conocedora" de las políticas de sanidad al ser portavoz del PP del ramo en la Asamblea de Madrid. Por ello, ha recalcado que si alguien tiene "fácil" el "aterrizaje" en la Consejería es él pero que este proceso requiere "mesura y prudencia".+

Gómez: "El nuevo consejero lleva 30 años defendiendo la privatización de la Sanidad en la Asamblea de Madrid"

Tomás Gómez, por su parte, ha apuntado que con la paralización de la externalización se han ahorrado 2.000 millones de euros, con los cuales se pueden abordar las mejoras que necesita el sistema sanitario público "como consecuencia de los recortes que se han venido produciendo en los últimos años".

Además, ha advertido de que "el PP no ha renunciado al modelo de privatización de la sanidad" y que el nuevo consejero "lleva 30 años en la Asamblea de Madrid defendiendo la privatización de la sanidad".

En cuanto al nombramiento del consejero, ha dicho que le presentan como un perfil profesional "pero no es así", y que el PP ha recurrido a su exportavoz parlamentario en sanidad después de intentar nombrar a "algún profesional", que no aceptaron por "la situación de deterioro".

Asimismo, el líder del PSM ha afeado al nuevo consejero por defender la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años, cuando él tiene 70 años. Por ello, considera que tiene difícil su objetivo de retomar el diálogo con los profesionales, ya que "el consejero no hace lo que pide él a los médicos".

El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, ha denunciado que parte de las empresas sanitarias que participaron del proceso de externalización de seis centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid accedieron a información de pacientes, como historias clínicas, datos de pruebas diagnósticas, así como a datos laborales de los profesionales.

En declaraciones a Europa Press, Olmos resalta que algunos medios de comunicación han publicado que en el fallido proceso de externalización de la sanidad pública madrileña, representantes de estas empresas, sin ningún tipo de acreditación o autoridad legal para ello habrían recibido cumplida información tanto de listados de personal, (con datos tan sensibles como su historial profesional, salario, antigüedad, afiliación sindical, entre otros). Igualmente, señala que grupos de técnicos de cada una de las empresas ocuparon despachos en los hospitales reuniéndose con personal de los centros, recabando información y entrando en las redes y bases de datos de los hospitales. 

Junto a los datos sobre el personal y los pacientes, Olmos indica que estos técnicos habrían recabado información sobre otros aspectos sensibles de la actividad y gestión de cada centro hospitalario, como el gasto farmacéutico, las listas de espera para cada especialidad, las intervenciones programadas o pruebas clínicas más demandadas.

Es por ello que el diputado socialista ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita, en las que le cuestiona sobre si tenía conocimiento de estas actividades supuestamente desarrolladas por las empresas privadas en los hospitales públicos de la comunidad de Madrid.  A su vez, interpela al Ejecutivo sobre si cree que estas actividades supuestamente desarrolladas por las empresas privadas en los hospitales públicos de la comunidad de Madrid pueden afectar al derecho a la intimidad en información sensible para profesionales y pacientes de dichos hospitales.

También ha presentado una pregunta en la que desea conocer si el Gobierno ha hecho uso de sus competencias de Alta Inspección del SNS y ha abierto expediente informativo a la comunidad de Madrid para recabar información oficial que permita clarificar la información sobre estas actividades supuestamente desarrolladas por las empresas privadas en los hospitales públicos de la comunidad de Madrid. En caso afirmativo, pregunta sobre el resultado de ese expediente informativo y, en caso negativo, sobre si piensa hacer uso de sus competencias de Alta Inspección del SNS, para abrir un expediente informativo a la comunidad de Madrid para recabar información oficial que permita clarificar la información sobre estas actividades supuestamente desarrolladas por las empresas privadas en los hospitales públicos de la comunidad de Madrid.