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Pacto sobre gasto social con riesgo de incumplirse

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La buena gestión de los recursos públicos se presupone, pero en ocasiones, la realidad mata esta premisa. En los últimos años, las comunidades autónomas han aumentado su endeudamiento conjunto hasta 121.000 millones. Pero también han elevado su déficit e incumplieron en cuatro décimas el objetivo fijado por la UE para el año pasado. Lo tuvo que cubrir el Estado. Además, en el primer trimestre, no redujeron su gasto sino que gastaron un 5% más y su déficit se situó en el 0,46% del PIB.

El mensaje común de las comunidades (controladas, en su mayoría, por el PP) ha sido pedir más plazo para devolver los anticipos de la Administración central y más dinero, al tiempo que prometen públicamente austeridad.

Hay 8.000 millones para 2012 y las CCAA firmaron destinarlo a servicios esenciales

En este contexto, este año han recibido del Estado 5.236 millones en recursos adicionales correspondientes a 2009, dentro del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Según la financiación autonómica que las comunidades firmaron en 2009, este fondo busca 'asegurar' que cada comunidad 'recibe los mismos recursos por habitante ajustado para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de Bienestar'. Esos servicios son sanidad, educación y servicios sociales. La gran duda es si las comunidades cumplirán este compromiso y el riesgo es que lo destinen a cubrir déficit. Legalmente, pueden hacerlo porque tienen autonomía en la gestión y los recursos que reciben del Estado no son finalistas, no tienen por qué ir a lo que diga el Gobierno. A esto se une que el Ministerio de Economía no puede fiscalizarlas. Pero la realidad es que las comunidades acordaron ese compromiso.

En 2012, las autonomías percibirán del Estado otros 8.000 millones en recursos adicionales. Es la cantidad que anunció el candidato a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y se basa en cálculos sobre las liquidaciones y los anticipos de la Administración central, según fuentes del Gobierno. De ellos, 2.400 millones estaban así pactados en la ley. Y otros 5.600 millones procede-rán de la liquidación de la financiación correspondiente a 2010 (que se hará en 2012) y de lo que el Estado estima que adelantará. De nuevo, en 2012, anticipará dinero a las autonomías, en parte porque los ingresos por impuestos crecerán por encima de su previsión, que ha sido más prudente que la de 2009.