El Ejecutivo está determinado a aprobar este viernes el plan para aflorar el empleo sumergido al que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió ante Bruselas hace poco más de un mes. Las críticas de los agentes sociales, que consideran que no tendrá ninguna efectividad, no han desanimado al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que este viernes defenderá una norma que desde los sindicatos califican de 'parche'.

Uno de los pocos aspectos positivos que introduce el plan, según el borrador al que ha tenido acceso Público, es que las empresas responderán por el empleo sumergido que exista en las subcontratas que les presten servicios. Eso sí, los trabajadores subcontratados deben desempeñar su labor en el centro de trabajo, lo que reduce en buena medida la afectación en la cadena de subcontrataciones. Prácticamente sólo las que presten servicios internos, como limpieza, mantenimiento, vigilancia o informática se verán afectadas por este cambio.

Los trabajadores pierden derechos con la regularización voluntaria

'No está mal, pero no hace una aproximación integral al problema de la subcontratación', lamenta Paloma López, secretaria de Empleo en CCOO. Hasta ahora, a las empresas se les exigía acreditar que la subcontrata estaba al día con la Seguridad Social. Ahora también se les pide que se aseguren de que todos los trabajadores que se van a encargar de la obra están dados de alta antes de comenzar a desarrollar su función.

Esta modificación está incluida en el plan cuyo eje principal se sustenta en un periodo de gracia para los empresarios, que tendrán hasta el 30 de junio de 2011 como límite para aflorar, de forma voluntaria, a sus empleados en negro sin que se les sancione por ello. A partir de esta fecha, las multas y las medidas a tomar contra la empresa se recrudecerán, por lo que el Ejecutivo cree que los empresarios decidirán emerger de forma voluntaria a sus empleados este trimestre. Este afloramiento traerá consigo un periodo de reconocimiento de cotización al trabajador de hasta seis meses previos a la fecha en la que se le dé de alta. La cuantía que adeude la empresa a la Seguridad Social por este periodo se podrá abonar en un plazo máximo de dos años.

Este punto es el que más cuestionan los agentes sociales. Primero, porque si ahora la Inspección de Trabajo detecta a un empresario con empleados en negro, los trabajadores pueden lograr que se les reconozcan hasta cuatro años cotizados para el cobro de prestaciones. Sin embargo, si afloran con el nuevo plan de forma voluntaria, serán seis meses, con lo cual pierden derechos. Además, si se pilla in fraganti al empresario, este le debe hacer un contrato indefinido, cuando con el nuevo plan sólo se le pide que le contrate por un mínimo de seis meses. Por eso, Cándido Méndez, secretario general de UGT, cree que la medida está 'desequilibrada' hacia los empresarios. Es una iniciativa 'bien intencionada que no va a tener los efectos deseables', sentencia.

Las empresas que cometan infracción grave no podrán ir a concursos públicos

Por otro lado, este afloramiento no está pactado con Hacienda, que podría reclamar la parte correspondiente al IRPF de esos seis meses que se van a dar por cotizados. Desde Hacienda no se quieren manifestar sobre este plan que, de no contar con su apoyo, está condenado al fracaso, como apuntan diversas fuentes, ya que ningún empresario declarará a sus trabajadores sin saber que cuenta también con la vista gorda del fisco.

Los sindicatos ven también otros puntos que no quedan resueltos, como el hecho de que la norma sólo afecte a empresarios y no a personas físicas, así que no emergería el empleo doméstico ni tampoco el de los trabajadores autónomos. La situación que se generaría en caso de que el trabajador fuera además inmigrante ilegal tampoco queda resuelta.

La segunda parte del plan, la que prevé que se refuercen las sanciones, sí cuenta con un mayor beneplácito de los sindicatos, aunque dudan de su efectividad ante la falta de medios de la Inspección de Trabajo. Especialmente reseñable es que las empresas que hayan cometido una infracción grave no podrán optar a contratos en el sector público. También se les amplía hasta dos años el periodo en el que no pueden optar a subvenciones ni a bonificaciones a la contratación.

La cuantía de las sanciones se eleva sobre todo en el caso de las infracciones graves, de un mínimo de 3.125 euros (antes era de 626 euros) a un máximo de 10.000 euros (frente a los 6.250 euros anteriores).