El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha abordado el debate sobre las pensiones en el Congreso de los Diputados con un discurso tan intencional, por tratar de conjurar el miedo (y sus eventuales consecuencias electorales) que su propia gestión ha extendido entre pensionistas y trabajadores, y tan plagado de afirmaciones matizables, contradicciones y omisiones que en ocasiones bordeó la mentira piadosa, que es la que “se dice para evitar a otro un disgusto o pena”, y la oficiosa, cuyo objetivo es “obtener un provecho o ventaja sin causar daño a otro”.

El presidente se arrancó con un olvido, al señalar que el debate iba de “garantizar las pensiones presentes y futuras” sin ninguna referencia a su suficiencia, que es tanto como obviar el mandato constitucional de asegurarla para los mayores, y con la formulación de un propósito torticero como el de “mantener y revitalizar el consenso” en este “tema trascendente” cuando quien lo rompió fue su partido, que la anterior legislatura impuso sin el apoyo de ningún otro la reforma que establece el Índice de Revalorización de las Pensiones (IPR), que limita su aumento anual al 0,25% mientras el sistema sea deficitario, y el lalmado Factor de Sostenibilidad, que las recortará un 0,5% a partir del año que viene.

Fueron las dos primeras afirmaciones matizables dentro de unas intervenciones presidenciales plagadas de ellas y en las que el baile de datos alcanzó en ocasiones velocidades de vértigo. Fue, eso sí, el único de los intervinientes que tiró de cifras en un debate en el que las posiciones y las propuestas de la oposición destacaron por la inconcreción: necesidad de destinar más recursos al sistema y de mejorar el empleo, recuperar la hucha de las pensiones, derogar la reforma laboral y el Factor de Sostenibilidad (Rajoy lo rechazó) y vincular la revalorización al IPC.

Los 139.000 millones de gasto y su peso en el PGE

Rajoy cifró en “139.000.000.637 euros” (sic) el gasto anual en pensiones, aseguró que “el 40% del presupuesto del Gobierno de España” se dedica a pagarlas y afirmó que “el 29% del gasto público”, incluido el de la Administración central y el de las autonómicas, tiene ese destino. Se trata de tres conceptos matizables.

Los datos oficiales de la Seguridad Social cifran el gasto en pensiones de 2016 en 111.991 millones de euros y el acumulado de enero a noviembre de 2017 en 99.211 millones. Este dato incluye jubilación, orfandad, viudedad, invalidez y ayuda a familiares, cifra a la que Rajoy sumo los subsidios de baja, maternidad y prestaciones sociales (9.507 millones hace dos años y 8.343 en los primeros once meses del pasado), pero también las transferencias a instituciones y empresas (3.463 y 2.705). El total de las obligaciones reconocidas en 2016 fue de 124.887 millones, mientras que el presupuesto para el pasado se elevó a 129.475.
El esfuerzo que las pensiones le suponen a las arcas públicas es, por otro lado, bastante menor que el expuesto por el presidente, cuyos últimos presupuestos contemplaban 318.444 millones de gasto consolidado a los que la realidad añade más de 30.000 millones en intereses de la deuda. Así, sin incluir la amortización de deuda pública y préstamos, las pensiones no suponen más del 34% del total.

¿A salvo de los recortes?

Reducir el gasto público “era la única alternativa” para sacar adelante el país a partir de 2011, sostuvo el presidente, que aseguró que “solo quedaron al margen del recorte del gasto público las pensiones y el desempleo”.

Se trata de otra afirmación matizable, ya no por la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, que se produce por lo exiguo de las subidas, sino por la modificación que su Gobierno aplicó a la cotización social de los desempleados, cuya base cayó del 125% del subsidio al 100%.

Esa medida tuvo dos efectos: un recorte en diferido de las pensiones de jubilación de los parados, ya que empeora su carrera de cotización, y una merma de los ingresos del sistema que, intensificado por el desplome de los salarios que causa la precariedad, se acerca a los 4.000 millones en seis años: de 10.338 millones en 2011 a  los 6.592 millones presupuestados para 2017, de los que en once meses se habían recaudado 5.509 millones.

“Cuanto más y mejor empleo, más y mejores pensiones”

Para nada. El número de personas con derecho a pensión no depende de cuántas trabajen sino de cuántas se jubilen, enviuden, enfermen o se queden huérfanas.

Y su revalorización queda limitada al 0,25% anual siempre que el sistema de la Seguridad Social sea deficitario, algo que lleva camino de mantenerse un largo periodo al superar su endeudamiento los 37.000 millones y alcanzar los 25.000 la brecha entre ingresos por cotizaciones y gastos en cotizaciones y subsidios.

El inexistente pacto del factor de sostenibilidad

Según Rajoy, el Factor de Sostenibilidad, que limita la cuantía de las pensiones de jubilación si aumentan la esperanza de vida y el número de beneficiarios, “garantiza unas pensiones futuras equivalentes a las de hoy” y “responde a un pacto intergeneracional”, cuando fue impuesto la pasada legislatura por la mayoría absoluta del PP.

“Fortalecer el empleo, su fuente de financiación”

“Las pensiones están seguras porque este país ha fortalecido el empleo, su fuente de financiación”, dijo el presidente del Gobierno, obviando que la propia Ley General de la Seguridad Social establece un sistema mixto de financiación abierto a “las aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones específicas”, que en España se trabajan cada semana 700.000 horas menos que cuando su Gobierno llegó al poder y 1,7 millones menos que cuando estalló la crisis y, también, que la cotización media por trabajador ha caído en cinco años de 6.146 a 5.902 euros.

Ensalada de pensionistas, parados y subsidiados

Rajoy se hizo un lío con los datos de afiliación y pensionistas y creó otro con el de los beneficiarios del sistema de previsión ya que, cuando aseguró que “son más de 14 millones de personas los que reciben cada mes algún tipo de pensión, prestación o subsidio”, incluyó en un mismo saco a jubilados, viudos, huérfanos, padres y madres recientes, inválidos, trabajadores de baja, desempleados y parados que cobran ayudas sociales, entre otros colectivos. Las palabras del presidente tampoco se ajustaron a las cifras de la Seguridad Social cuando se refirió a los “10,6 millones de pensionistas”, puesto que la Administración que los atiende los cuantifica en 8,69. Los otros dos millones son perceptores de subsidios.

Seis empleos por cada nuevo pensionista

“Hoy se crean seis empleos por cada nuevo pensionista que entra en el sistema” y “desde 2011 se crean cinco empleos por cada nuevo pensionista”, aseguró Rajoy, en una relación que las cifras ponen en duda. Según la Seguridad Social, la cifra de perceptores de pensiones aumentó en 95.559 personas el año pasado y en 631.653 en los seis últimos.

Y la Encuesta de Población Activa (EPA) de promedios, hinchada con medio millón de ocupados precarios que se emplean pero no consolidan su presencia en las listas del Seguro, cifra la creación de empleo en 2017 en 483.300 puestos (de 18,34 millones a 18,82 millones) y en 403.400 (de 18,42 a 18,84) la del sexenio, lo que reduce a cinco el ratio actual y revela que desde que Gobierna el PP el número de pensionistas ha aumentado más que el de trabajadores.

Las cifras de afiliación a la Seguridad Social avalan la proporción de seis a uno del año pasado, con un avance de 589.210 trabajadores frente al aumento de 95.559 pensionistas, pero reducen de cinco a uno a dos a uno la del sexenio, en el que los contratados a 31 de diciembre aumentaron en 1,21 millones.

El IRPF menguante y los cálculos de Hernando

“Plantearé concentrar en el IRPF las ayudas a los pensionistas” anunció el presidente, en un avance de las medidas que prevé incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

La relativa efectividad de una medida de ese tipo, que deja fuera a millones de jubilados ya que quienes ingresan menos de 12.000 euros anuales no declaran Renta y por lo tanto no podrían beneficiarse de esas futuras desgravaciones y devoluciones, fue recortada más todavía por el portavoz de los conservadores, Rafael Hernando: con su locuacidad característica, y entre aplausos, anunció que “vamos a subir a 14.000 euros la exención del IRPF”, algo que prácticamente reduce el abanico de beneficiarios a quienes reciben pensiones superiores la media.

Hernando realizó una de las intervenciones más disparatadas del debate al afirmar que “destinamos 44.000 millones más cada año a pensiones”. Menos de la mitad: de los 99.553 millones pagados en 2011 a los 115.611 millones presupuestados para 2017 van 16.058 millones.