Los hogares y la familias españolas han pagado en los dos últimos años 12.000 millones de euros de más en los recibos de la luz y del gas, al haber soportado unos cargos regulados superiores en esa cuantía a los que requerían el sistema eléctrico y el gasístico.

Ese sablazo, aumentado por la aplicación del Impuesto Especial y del IVA al localizarse en la parte fija del recibo -aunque parcialmente paliados por las medidas de alivio por la inflación que comienzan a levantarse este mes- ha sido ejecutado por las compañías energéticas en aplicación de las normas que ha ido estableciendo el Gobierno, que ahora se ve obligado a reaccionar para tratar de paliar los daños.

¿A cuánto asciende el 'sablazo' en el recibo de la luz?

Las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) indican que entre enero y octubre del año pasado "la desviación transitoria entre ingresos y costes fue de +3.435,3 millones de euros", ya que "los ingresos han sido suficientes para cubrir los costes reconocidos".

Esas mismas liquidaciones cifran en 6.190 millones el superávit del 2022, lo que eleva la cifra conjunta de esos dos ejercicios, el segundo de ellos incompleto, hasta los 9.625 millones de euros.

Ese registro, que llega tras otra acumulación de beneficios de 837 millones en los dos años anteriores, se ha visto incrementado en la práctica en otros 481 millones por la aplicación del IVA reducido del 5%. Si se hubiera mantenido el gravamen del 21%, el sobrecoste tributario sobre el sablazo regulatorio habría ascendido a 2.021 millones.

¿Y a cuánto sube en la factura del gas?

Las liquidaciones aprobadas por la CNMC hasta septiembre cuantifican en 2.671 millones de euros el superávit acumulado por las compañías del gas en esos primeros nueve meses del año pasado por cobrar costes regulados netamente superiores a los gastos que realmente conllevó la explotación de las redes.

Esa cifra y los once millones de excedente del ejercicio anterior suman 2.682 millones de euros, a los que en este caso habría que añadir un recargo de IVA de 134 millones que, de no haber estado en vigor las medidas de alivio, habría llegado a 563 millones.

¿Qué son los costes regulados y el déficit de tarifa?

La CNMC explica en su blog cómo los peajes que se incluyen en el recibo de la luz o el gas "no son para las compañías distribuidoras, que son meras recaudadoras", sino que ese dinero "se redistribuye entre los diversos agentes que tienen sus costes regulados".

Los costes regulados son "las actividades de transporte, distribución, comercialización a tarifas, los costes permanentes del sistema y los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento", que históricamente se habían considerado inasumibles por las compañías.

Sobre el papel, y por paradójico que pueda parecer vistos sus resultados, el negocio no les daba a las compañías de la luz y del gas para prestar el servicio por elevado que fuera el consumo de electricidad o de gas. Por ello, los distintos gobiernos han ido optando, y con mayor ímpetu desde la privatización del sistema, por incluir en el recibo unos cargos destinados a financiar el funcionamiento de la red y, también, la construcción de nuevas infraestructuras.

"Dichos ingresos forman parte del sistema de liquidaciones de las actividades reguladas", explica el regulador. Este "efectúa la liquidación de las obligaciones de pago y derechos de cobro necesarios para retribuir los costes", explica la CNMC.

Y esa liquidación, que hace una década llegaba a generar sumas financieras como los más de mil millones del sistema gasista de 2014, es lo que ha comenzado a generar unos desmesurados saldos positivos que, en realidad, responden a la acumulación de las cantidades cobradas de más, por encima de lo necesario, a empresas y hogares, o aportada en exceso por el Ministerio de Industria.

Ese superávit "procede de los peajes, por lo que viene de los consumidores, o de los presupuestos, por lo que procede de la ciudadanía", anota Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, que recuerda cómo ese tipo de cargos resultan para los hogares "seis veces mayores que para la gran industria, y más del doble que para las pymes".

¿Y el Gobierno qué dice o hace?

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que es el competente en asuntos de energía en España, ha tardado mucho en reaccionar a semejante desfase económico, y ha terminado haciéndolo de una manera un tanto ambigua, aunque desde el departamento de Teresa Ribera aseguran que el desfase "se ha destinado a bajar la tarifa".

El decreto que prorroga las medidas de alivio por la inflación, convalidado en la tormentosa sesión parlamentaria del 9 de enero, establece en el artículo 39 que "de forma extraordinaria" se destinará "al sector eléctrico" una cantidad "equivalente al superávit de ingresos" de 2022 (deducido lo trasladado a 2023) y que esta "se llevará a cabo en la primera liquidación provisional" de la CNMC, "correspondiente al ejercicio 2024".

Y, paralelamente, indica que "se podrá destinar" a los cargos de 2024 "un porcentaje del superávit" de 2023 para "mantener los cargos a pagar por los consumidores en 2024 en los mismos niveles" del año pasado, y cuya cuantía se determinará en una orden ministerial que se encuentra en tramitación.

Aunque, por lo pronto, hasta que una orden establezca lo contrario y según señala el artículo 40, en 2024 van a comenzar a aplicarse los mismos cargos que en 2023.

El decreto prevé también que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan una partida destinada a paliar eventuales déficit del sistema eléctrico, en el que los descuadres negativos están prohibidos por ley.