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Energía mete en el recibo del gas 80 millones para Castor pese a la sentencia del TC

Las asociaciones contrarias al almacén de gas critican que se siga destinando cantidades al pago “de un proyecto-estafa que nunca ha entrado en funcionamiento y que ocasionó más de mil sismos en la zona”.

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Plataforma del almacén de gas Gastor.

La orden ministerial publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que determina la parte fija (los llamados peajes) del recibo del gas incluye una nueva partida para el pago por el cierre del almacen subterráneo de gas natural Castor, a pesar de que menos de una semana antes el Tribunal Constitucional anulara parcialmente el decreto ley de 2014 que regula tal indemnización, por la urgencia con la que se elaboró el citado decreto.

Concretamente, la orden del Ministerio de Energía, en su artículo 5, reconoce el cargo de 80.664.725 euros en el recibo del gas por la indemnización para Castor (gestionado por la sociedad Escal UGS, en la que ACS tiene una participación del 66%).

La orden ministerial señala que tal cantidad se incluye "en virtud del artículo 5 del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre", que es el que establece que  los 1.350,7 millones de indemnización más intereses (el coste total por la indemnización supera los 4.700 millones) por el cierre del almacén se recogerán durante 30 años en los peajes de acceso y cánones del sistema gasista que figuran en el recibo que llega hasta los consumidores.

Ese fue, precisamente, uno de los artículos anulados por el Constitucional en su fallo publicado el pasado día 22. Literalmente, la sentencia del TC declara "inconstitucionales y nulos los artículos 4 a 6, así como el art. 2.2, la disposición adicional primera y la disposición transitoria primera" del decreto ley sobre Castor.

Tras la sentencia, el Ministerio de Energía argumentó que la decisión del TC era "por un motivo formal", y que el tribunal "no concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento".

Adicionalmente, la orden ministerial incluye otros 15.718.229 euros por los costes de mantenimiento de la instalación (actualmente en estado de hibernación, si bien el Gobierno reconoció en mayo pasado que no se volverá a abrir). Estos costes, que recaen sobre la empresa pública Enagas, están recogidos en el artículo 3 del decreto, que no está afectado por la sentencia del TC.

Las asociaciones contrarias al proyecto Castor han criticado que en la orden ministerial se sigan incluyendo partidas para el almacén de gas. El Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Grupo Promotor del Juicio Popular al Proyecto Castor han denunciado en un comunicado que “de nuevo, casi 100 millones de euros” vayan destinados al pago “de un proyecto-estafa que nunca ha entrado en funcionamiento y que ocasionó más de mil sismos en la zona”. También han lamentado que como ya ocurrió en 2016 y en 2017, la aprobación de los peajes se haga y se publique “detrás el sigilo y la inactividad de las fechas navideñas”.

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