"Vamos a ciegas con los presupuestos del año que viene", "estamos haciendo los cálculos a ojo, con nuestras estimaciones", coinciden en explicar desde varios gobiernos autonómicos ante la situación de incertidumbre que ha provocado el largo periodo de caída en funciones del ejecutivo central, iniciado hace más de cuatro meses, con la convocatoria electoral decretada el 29 de mayo, y que solo empezará a terminar cuando alguien sea investido para presidirlo.

La ley del Gobierno limita la capacidad de maniobra de uno en funciones "al despacho ordinario de los asuntos públicos" y veta específicamente la posibilidad de aprobar unos presupuestos, de presentar proyectos de ley y de adoptar cualquier otra medida "salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique".

Eso supone, en la práctica, que las comunidades autónomas del régimen común carecen de tres de los datos fundamentales que necesitan para elaborar los presupuestos del año que viene: el techo de gasto, el límite de déficit y la cantidad de dinero que pueden suponerles las llamadas entregas a cuenta de su participación en los impuestos estatales y de la distribución de los cedidos.

Los dos primeros datos, que marcan el tope de gasto y el margen de endeudamiento admisible, los aprueba el Gobierno antes del 1 de agosto y son de aplicación cuando los ratifica el Congreso, mientras que el tercero depende de la estimación de ingresos de los presupuestos, pero ninguno de ellos va a estar disponible antes de que las comunidades aprueben sus cuentas para el año que viene.

Lo tienen algo más fácil los dos gobiernos con hacienda foral, los de Euskadi y Navarra, que tienen actualizados los cupos con los que se liquida su relación fiscal con el Estado y que no dependen de las entregas a cuenta, aunque, como el resto, tampoco disponen de los límites de gasto y de déficit.

El ejercicio de 2024 será el primero de aplicación de este último tras la suspensión por la pandemia, en principio con una previsión del 3% para este año antes de ir recortando 25 puntos básicos cada uno de los dos próximos.

Esa situación supone en la práctica que las 15 comunidades del régimen común están elaborando a tientas unas previsiones de gasto que, de mantenerse los registros del año pasado, se situarán en el entorno de los 236.000 millones de euros, a los que hay que añadir los algo más de 20.000 que suman las de Euskadi y Navarra.

Las comunidades agotan los plazos para sus cuentas

El hecho de que ninguno de los gobiernos autonómicos del régimen común, ni tampoco los forales, haya presentado todavía su proyecto de presupuestos a mediados de octubre, cuando las cuentas deben entrar en vigor el 1 de enero, resulta sintomático de esa incertidumbre.

"Estamos agotando los plazos mientras seguimos esperando a recibir algún input del Ministerio de Hacienda para poder cerrar los presupuestos de un modo más certero", dijo el miércoles Miguel Corgos, conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, que prevé llevar las cuentas al consejo de gobierno a final de mes.

No obstante, algunos ejecutivos autonómicos van más avanzados que otros, caso del de La Rioja, que el día 3 aprobó a ojo su propio techo de gasto de 1.769 millones de euros, o el de Castilla la Mancha, que ya ha anunciado que la semana que viene enviará su proyecto a la Asamblea.

¿Tan importantes resultan las entregas a cuenta a la hora de elaborar los presupuestos autonómicos? Los últimos datos del Ministerio de Hacienda las cifran en 135.981 millones para el ejercicio de 2022, lo que equivale al 57,6% de las previsiones de ingresos de las comunidades, que completan su financiación con sus propios impuestos y tasas y con fondos comunitarios.

Esos ingresos cubren el 62% del presupuesto en La Rioja, el 63% en Cantabria y Castilla y León y superan el 66% en Galicia, unas tasas de dependencia que entrañan enormes riesgos de descuadre de las cuentas en función del grado de acierto o desacierto que ofrezcan las estimaciones de sus consejerías de Hacienda.

Un debate que quiebra las disciplinas de partido

Esa situación se da, paradójicamente, en vísperas de que una vez los grupos parlamentarios invistan a un presidente del Gobierno, con o sin elecciones, vaya a reabrirse el debate sobre la financiación autonómica, cerrado con un parche en 2014 y directamente aplazado en 2021, lo que en la práctica mantiene como modelo base el de 2009 y sin que las apelaciones a la inoportunidad de la reforma en etapas de crisis baste para enmascarar lo que en realidad es una ausencia de acuerdo para implantar un nuevo sistema.

La financiación autonómica es uno de los pocos ámbitos en los que las líneas de trinchera de los dos grandes partidos se difuminan al optar sus barones por defender los intereses de sus ejecutivos, algo para lo que no suele haber unanimidad.

Como muestra, la posición Alfonso Rueda, sucesor de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia, que antes de arrancar el debate formal ya comenzó a marcar diferencias con barones populares como el valenciano Carlos Mazón y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que priorizan la condonación de la deuda pública o la liquidación de la histórica en sintonía con los planteamientos de la Generalitat catalana, y apuesta por reforzar el bloque de la España vacía.

En este grupo de ocho comunidades, impulsado por su antecesor la pasada legislatura, hay hoy tres gobiernos PP-Vox (Castilla y León, Aragón y Extremadura), tres monocolores de los conservadores (Galicia, La Rioja y Cantabria, este en minoría) y las dos socialistas (de tres) del régimen común, Castilla la Mancha con mayoría absoluta y Asturias con una coalición con IU y Podemos.

Esa misma entente provocó hace dos años tensiones internas en el PSOE, en el que militaban cinco de los ocho presidentes autonómicos que participaron en el cónclave.

No es el único grupo multicolor en materia de financiación autonómica, en el que la sintonía entre la Junta andaluza de Bonilla y la Generalitat valenciana del socialista Ximo Puig, que centran sus reivindicaciones en la deuda y la denuncia de lo que consideran infrafinanciación, atrajo hace unos meses a los gobiernos de Aragón y de Murcia de, respectivamente, Javier Lambán y Fernando López Miras, y a la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page.

Planteamientos discordantes entre las grandes comunidades

Muchas de las posiciones que las comunidades plantean para el nuevo sistema se van conociendo, caso de la propuesta andaluza de un fondo de compensación transitoria, que aumentaría en 1.700 millones de euros su dotación anual hasta que vea la luz el nuevo modelo.

"Estamos infrafinanciados, y por población ajustada nos llegan mil millones menos de lo que debería", señalan fuentes de la Junta, que reclaman un trato preferente para las comunidades que cumplen las reglas fiscales y proponen elevar el peso de la población de derecho en los cálculos para repartir la bolsa de los impuestos cedidos.

Castilla la Mancha aboga por un cálculo del "coste real de prestación de los servicios, que está influido por factores como la superficie, la dispersión de la población, su densidad y la renta per cápita. Cuanto menor es la renta per cápita más se utilizan los servicios públicos", explican fuentes de la Junta de Comunidades.

A esta propuesta se le suman la del aumento de los recursos del sistema, la creación de "un fondo adicional para paliar los efectos de la despoblación", la condonación de la deuda, "que es a consecuencia de la infrafinanciación que venimos sufriendo", la armonización de los impuestos cedidos mediante horquillas de máximos y mínimos (para evitar competencias como la de Madrid a base de bonificaciones) y elevar del 75% al 100% la recaudación de esos tributos que va a la bolsa del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales.

La Generalitat Valenciana, por su parte, sostiene que el modelo actual "no garantiza ni la equidad entre regiones ni la suficiencia de recursos para que los habitantes de todas las comunidades puedan disfrutar de la misma calidad de servicios públicos".

"Esta situación de insuficiencia de recursos es mucho más grave en el caso del País Valencià, que es la región peor financiada del sistema, aproximadamente ocho puntos por debajo de la media", indican fuentes de la Generalitat, que anotan que en 2021 "la financiación efectiva fue de 2.730 euros por habitante ajustado", y eso "son 233 euros menos que la media de las comunidades y 687 euros menos que los habitantes de Cantabria, los mejor financiados".

"Exigiremos una compensación por ese agravio histórico y la reforma de este sistema injusto" que genera una "falta sistemática de recursos", concluyen.