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Presupuestos Generales del Estado El Congreso avala la suspensión de las reglas fiscales y abre el debate sobre el fin de la austeridad

La Cámara "aprecia", con la abstención de PP y Vox, que se dan las circunstancias extraordinarias que permiten suspender las reglas fiscales en 2020 y 2021 para luchar contra la pandemia. Partidos como Unidas Podemos, ERC, el PNV o Bildu piden una revisión del modelo actual y del 135 de la Constitución, que establece las obligaciones con la estabilidad presupuestaria.

María Jesús Montero Congreso
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes en el Congreso / EFE

El Gobierno ya tiene la "seguridad jurídica" que considera necesaria para suspender las reglas fiscales en 2020 y 2021, lo que permitirá superar el techo de gasto previsto y aumentar el déficit de las administraciones para destinar más recursos contra la pandemia del coronavirus. El Congreso ha "apreciado" este martes que se dan las circunstancias de "emergencia extraordinaria" para tomar esta medida, un trámite que en el Ejecutivo consideraban necesario para cumplir con lo dispuesto en la Constitución.

El artículo 135 de la Carta Magna permite suspender las reglas fiscales cuando se dan "catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria". El papel del Congreso en este trámite es el de "apreciar" si se dan estas circunstancias que permiten superar los límites de déficit mediante una votación en la que se precisa de una mayoría absoluta.

El Gobierno de coalición ha obtenido esta mayoría de forma holgada, con 208 votos a favor de declarar la emergencia extraordinaria, un voto en contra y 138 abstenciones (las del PP y Vox, que han sido las únicas formaciones que han anunciado que no darían su voto a favor de esta medida, que sí ha respaldado Ciudadanos).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la votación de este martes tiene el objetivo de "dar cumplimiento a un importante mandato constitucional establecido para dar respuesta a situaciones excepcionales, como la actual", y ha insistido en que "la mayoría de las perceptoras de los recursos" que se desbloquean "son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que que son las que prestan los servicios en sanidad, educación o servicios sociales".

"La economía española se encontraba en el quinto año consecutivo de crecimiento y los indicadores económicos eran cada vez más sólidos. Pero la pandemia lo cambió todo, y este escenario ha quedado desvirtuado, obligando al Gobierno a adoptar medidas para frenar la desigualdad y las consecuencias económicas", ha apuntado.

También ha recordado Montero, que tras suspender la senda de estabilidad y el techo de gasto aprobado en febrero y convalidado por el Congreso y el Senado, el límite de gasto no financiero se ha situado en 196.097 millones de euros, un incremento importante respecto de la cifra de febrero (156.000 millones) fruto de incorporar el traspaso del déficit de gastos impropios de la Seguridad Social al déficit del Estado, de parte del déficit de las comunidades autónomas y de los fondos de reconstrucción europeos.

Montero se compromete a volver a la senda de estabilidad

La ministra ha precisado que la suspensión de las reglas fiscales no significa abandonar el compromiso de estabilidad, y ha avanzado que tras superar las consecuencias de la pandemia se volverá a la senda de estabilidad que marca Europa mediante las políticas fiscales que quiere poner en marcha el Gobierno (entre las que se encuentran las tasas tobin y Google o la subida del IVA a las bebidas azucaradas).

"Lamento que la derecha haya llegado a decir que la suspensión de las reglas fiscales supone una fiesta del gasto ¿Garantizar el empleo en empresas con dificultades es una fiesta de gasto? ¿ Movilizar los mayores recursos de la historia para que las comunidades no tengan problemas de liquidez es una fiesta del gasto? La suspensión de las reglas fiscales no suspende la responsabilidad fiscal y estamos seguros  de que los alcaldes y presidentes de las comunidades autónomas serán responsables ¿Acaso piensan que van a gastar sin medida comunidades autónomas y ayuntamientos?", ha preguntado a PP y a Vox; "nosotros no lo creemos".

Por último, Montero ha pedido el apoyo de la derecha a la iniciativa como forma de rebajar la crispación política actual: "oposición no puede ser sinónimo de obstrucción. El ambiente en este hemiciclo es cada semana más crispado, más duro, y cada vez hay menos hueco para el diálogo. Las discrepancias de los grupos se dirimen con insultos y no con argumentos; la imagen que trasladamos es desoladora y causa desafección. Tenemos que recapacitar, nunca es tarde y hoy tenemos la oportunidad de revertir la tendencia, estando unidos y enviando un mensaje que llegue a los españoles".

El PP pide aprovaechar la situación para "volver a la ortodoxia fiscal" y Vox exige un "plan de reequilibrio"

Pese a la petición de la ministra de Hacienda, el PP y Vox no han pasado de la abstención y se han mostrado críticos con la política económica y fiscal que planeta el Ejecutivo. "Estamos de acuerdo con la calificación de emergencia extraordinaria. Pero han habido decisiones voluntarias del Gobierno que han incrementado el déficit estructural. No nos van a sancionar de momento, pero la situación española puede ser insostenible. Nuestro endeudamiento es más que preocupante", ha alertado la diputada del PP Elvira Rodríguez.

La parlamentaria conservadora ha pedido "aprovechar la situación para volver a la ortodoxia fiscal": "si no, tendremos que tomar medidas muy dolorosas, pero a ustedes eso les da igual". Rodríguez ha acusado al Gobierno de utilizar el artículo 135 de la Constitución, por el que el Congreso "aprecia" la situación de emergencia, para saltarse el control parlamentario, al omitirse el trámite mediante el que Congreso y Senado deben validar el techo de gasto propuesto por el Ejecutivo.

"¿De verdad creen que el legislador constitucional quería que nos reuniéramos aquí para simplemente apreciar esta situación? Que por venir aquí a decir que nos va muy mal cumplíamos con las obligaciones constitucionales? No lo creo. Los objetivos de estabilidad no pueden fijarlos ustedes, porque están aprobados por Congreso y Senado, deberían ser las Cámaras las que los suspendan. Se saltan todo el procedimiento y le hurtan a esta Cámara y al Senado su derecho a debatir y votar los objetivos de deuda para los próximos años, que es trascendente para nuestro presente y para nuestro futuro", ha asegurado.

Revisión de la ley de estabilidad

"No queremos votar en contra de lo que puede ayudar a ayuntamientos y comunidades para frenar la pandemia, pero con ustedes no estamos de acuerdo ni en lo que hacen ni en cómo lo hacen", ha concluido. Desde Vox le han pedido al Gobierno un "plan de reequilibrio" porque "España está en serio riesgo de impago de la deuda, y ustedes están a punto de llevar a España al absoluto desastre", ha apuntado el portavoz de la formación, Iván Espinosa de los Monteros.

Desde grupos como Unidas Podemos, ERC, JxCat, PNV o Bildu, que han respaldado la medida, han pedido aprovechar la coyuntura para evaluar el modelo productivo del país y para evaluar las políticas de sostenibilidad financiera que se aplican desde la reforma del artículo 135 de la Constitución. "Esta pandemia nos debe hacer recuperar la confianza en lo público. El Estado no es un dios, debe ser una herramienta que debe ser fiscalizado. Solo desde el Estado es posible implementar muy necesarias medidas sociales. Debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda el contexto europeo para acabar con el binomio playa-ladrillo", ha defendido el secretario general del grupo de Unidas Podemos, Txema Guijarro.

"Esto es temporal y, cuando finalice, la ley de estabilidad seguirá ahí, y será necesaria su revisión", ha defendido la diputada del PNV Idoia Sagastizabal. Ciudadanos también ha votado a favor de la declaración de emergencia, y ha afeado a PP y Ciudadanos su abstención: "¿Ante la pregunta de si España está sufriendo una pandemia, ustedes se abstienen? Con una mano se abstienen y con la otra suspenden reglas fiscales para comunidades y ayuntamientos donde gobiernan", ha criticado la diputada María Muñoz, que ha insistido en que "este apoyo no es un cheque en blanco y, aunque nos cueste negociar con un Gobierno como el suyo, hacemos cosas excepcionales. Les exigimos responsabilidad de Estado", ha concluido.

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