Los paraísos fiscales son los territorios en los que las empresas y fortunas individuales envían y mantienen sus patrimonios –dinerarios, bienes de lujo, propiedades inmobiliarias o de activos bursátiles, entre otros– en cuentas offshore para evitar pagos tributarios y cualquier otro tipo de obligaciones legales. Esencialmente, acciones que puedan vincularse con otra figura delictiva, el lavado de capitales, íntimamente asociada a la elusión de impuestos. De forma más dulcificada, la OCDE cataloga estos enclaves como "jurisdicciones con sistemas fiscales dañinos". Eludiendo cualquier terminología que les relaciones con fenómenos de criminalidad organizada. A pesar de que el modus operandi requiere de instrumentos previos de ingeniería financiera y tributaria para sortear la acción de las agencias impositivas estatales en su cometido de vigilar y sancionar actos de sabotaje fiscal. O la opacidad inherente al secreto bancario que ocultan la identidad de los beneficiarios de estas cuentas offshore. Muchas de las cuales incluyen, además, testaferros, terceras personas con o sin identidad real, con los que dificultan aún más la labor fiscalizadora de las autoridades tributarias. Porque la gran mayoría de las sociedades creadas para eludir los impuestos son ficticias. Sin ingresos ni actividad productiva alguna.

La doctrina neoliberal al uso defiende la existencia de estos territorios de baja tributación con la defensa de la soberanía fiscal que se les concede a cualquier jurisdicción independiente. Pero la realidad es contumaz. ¿Tiene sentido que las Islas Caimán tengan un valor 331 veces superior al tamaño de su economía?, ¿o que Bermudas haya sido declarada varios ejercicios a lo largo de la pasada década el enclave con mayor renta per cápita del planeta?, ¿por qué Suiza, Luxemburgo, Holanda e, incluso, Irlanda no han sido declarados paraísos fiscales? Lejos de ahondar y avanzar en este desafío global, las listas negras de Europa o EEUU han ido adelgazando. Bajo el artificio argumental de haber alcanzado acuerdos para el intercambio de información financiera y fiscal con sus autoridades tributarias y de establecer en ellos sanciones punitivas. La propuesta de la Administración Biden de elevar la presión impositiva a familias con más de 400.000 dólares de ingresos anuales, de subir el gravamen de Sociedades al 28% y de trasladar al G20 la fijación de un gravamen mínimo de las corporaciones de ejecución global, enlaza con una vieja pretensión multilateralista que quedó en un limbo político. Porque a finales de la década de los 90, a instancias de Bill Clinton, en el seno de la OCDE, se creó un brazo armado para perseguir y, en su caso, sancionar a paraísos fiscales y centros offshore si no cooperaban con intercambio de información fiscal y financiera. Se denominó GAFI, siglas que responden desde entonces a Grupo de Acción Financiera Internacional y que, en sus inicios, glosó tres listas negras. Una, conformada por 35 paraísos fiscales propiamente dichos; otra, de 47 áreas tributarias preferenciales, en las que se incluían a Euskadi y Navarra, por sus regímenes forales, y una tercera, de 15 naciones que fomentaban el lavado de dinero.

En este último apartado, el GAFI no tuvo reparos en situar a Rusia por su docilidad en generar salidas masivas de capital procedentes de grandes emporios financieros e industriales, a Chipre o Israel. Pero su sucesor modificó la estrategia. El republicano George W. Bush limitó esta táctica persecutoria a la entrega, por parte de estos enclaves, a una mera entrega de documentación tributaria y financiera –obviando la obligación de cooperación necesaria con las autoridades de Hacienda que lo requirieran– bajo la justificación de que el diseño y confección de la fiscalidad formaba parte de la soberanía nacional de estos territorios.

Todo sigue igual tras las dos crisis del milenio

Dos décadas después, como aclara Richard Murphy, las fugas impositivas no solo siguen siendo un fenómeno habitual, sino que han intensificado su magnitud. Más allá de lo que determinan los datos oficiales, explica este directivo de Tax Justice. Hasta totalizar en torno al 10% de todos los ingresos impositivos, por ejemplo, en EEUU.

Sin una acción concertada global que arrincone la operativa tributaria de los paraísos fiscales, la iniciativa de que los emporios empresariales y las grandes fortunas pasen por las ventanillas de Hacienda y contribuyan a costear la factura de la Gran Pandemia –tras salir indemnes del tsunami financiero de 2008– nunca llegará a buen puerto. Porque el comportamiento de los millonarios y de las empresas que buscan sortear el pago de impuestos se ha asentado en las sociedades; si bien, a distintas escalas. Mientras en los países escandinavos los patrimonios en áreas offshore son una porción residual de su población, en Europa es una práctica habitual para alrededor del 15% de las grandes fortunas y entre los emiratos del Golfo Pérsico y algunas naciones de América Latina –foco de enormes desigualdades de renta– alcanza casi al 60%, como admiten en el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), desde donde emana la regulación de la industria financiera y que acoge en su seno al G10, el foro de los grandes bancos centrales.

El volumen de la riqueza que se traslada a centros offshore no se explica necesariamente ni por los tipos impositivos ni por factores políticos. Algunas naciones con bajos niveles de salidas de activos a enclaves de baja tributación son naciones con altas presiones fiscales, como Dinamarca o Noruega, mientras otras con ventajas impositivas, como Corea del Sur o Japón superan el flujo de capitales que se dirigen a paraísos tributarios. De igual forma, aclaran en Tax Justice, países autocráticos como Arabia Saudí o con escasos estándares democráticos como Rusia y otros con tradición reciente de regímenes totalitarios como Argentina o Grecia o, incluso democracias de elevados registros de derechos y libertados como Reino Unido o Francia, trasladan activos hacia los centros offshore. Geográficamente, las fortunas y corporaciones asiáticas eligen de manera mayoritaria enclaves de baja tributación de ese continente. Mientras las de América prefieren los territorios caribeños y las europeas y del Golfo Pérsico, jurisdicciones como la suiza.

En Foreign Policy marcan otra línea de flotación que requiere ser demolida: "Para pagar la covid-19, hay que drenar los paraísos fiscales". Porque los arquitectos de la red de tráfico patrimonial hacia estos enclaves han sido las principales entidades bancarias internacionales. Cita a HSBC, a UBS, Credit Suisse, Citigroup, Barclays, Lloyds, JP Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley, ING, Goldman Sachs o Santander. Que, desde los años 70, han jugado un papel esencial a la hora de reclutar activos privados. Los 50 mayores bancos del planeta son responsables de, al menos, la mitad de las cuentas offshore. Entre 12 y 14 billones de dólares de los 36 billones que se han llegado a contabilizar en paraísos fiscales. Con 2015 como cénit de la acumulación de riqueza. Y los dos más importantes, de más de la mitad de esa cantidad movilizada desde las instituciones bancarias. A lo que se une la afluencia de patrimonios enviados por las corporaciones.

Fortune avanzaba que, en 2018, el 60% de las compañías de su lista de 500 con capitalización bursátil más elevada no declararon impuestos. Un agujero de 79.000 millones de dólares en gran medida por los desplazamientos de sus beneficios a centros offshore. En el ejercicio de 2019, las corporaciones estadounidenses pagaron, de media el 11,3% de tipo impositivo. Lo que drenó, con la rebaja fiscal de la Administración Trump, la recaudación del trienio 2017-19. Esenciales para el pago, con menores despliegues de los costes a la deuda soberana del país, de la Gran Pandemia y de los programas de estímulo, que han superado los cinco billones de dólares, tres veces más que el arsenal utilizado en la crisis de 2008. Cuando, a tenor de la lista de medidas para afrontar las secuelas del coronavirus, lanzada por la OCDE, los planes de gasto radicales, muy en especial en las potencias industrializadas, no han operado en otro frente: contra el "exceso de beneficios" de las empresas. Sobre todo, de hegde funds, alguno de los cuales han reportado ingresos adicionales de entre el 50% y el 75%. Cuando, además, y según el Internal Revenue Service (IRS), la autoridad fiscal americana, el 1% más rico de EEUU no declaró el 21% de sus rentas el último año fiscal. Escrutinio sustentado por el London School of Economics, la Carnegie Mellon o la Universidad de Berkeley. En un ejercicio en el que, además, las mayores fortunas de EEUU han aumentado considerablemente sus patrimonios durante la epidemia de la covid-19.

Los quince mayores paraísos fiscales

Tax Justice sitúa a las Islas Vírgenes como el principal paraíso fiscal y el refugio preferido de las corporaciones para eludir sus pagos de impuestos. Junto a esta jurisdicción, otros dos enclaves bajo soberanía británica como territorios de ultramar: Islas Caimán y Bermudas. A continuación, este think tank cita a Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, Jersey –también bajo tutela de Reino Unido–, Singapur y Emiratos Árabes Unidos (EAU). A su top ten de 2021 se incorpora por vez primera EAU. La federación de emiratos ha reclutado durante el ejercicio de pandemia 218.000 millones de dólares de capital extranjero a través de Holanda. Más de la mitad de su PIB. Por si fuera poco, la mayor parte de los paraísos fiscales ceden su soberanía militar a alguna potencia mundial, por proximidad geográfica, especiales relaciones políticas o por haber sido colonias de naciones con altas capacidades de intervención bélica.

Antes de la llegada de la covid-19, el centro de investigación Corpnet, con sede en Ámsterdam, es una de las instituciones que elaboran clasificaciones sobre paraísos fiscales. Estos son los 15 territorios que, a su juicio, pueden considerarse los mayores acumuladores de riquezas opacas en el mundo, por orden creciente: Seychelles, Chipre, Nauru, Luxemburgo –cuyo sector financiero representa más del 35% de su PIB–, y Mauricio en los puestos entre el decimoquinto y decimoprimero. En los puestos entre el décimo y el sexto figuran Malta –que ostenta el tipo impositivo más bajo de Sociedades en la UE, menos del 5%, para empresas foráneas, aunque las locales tienen gravados sus beneficios en un 35%–; Islas Marshall, Curazao –isla holandesa en el Caribe que ha sido trasladada a la lista gris, desde la negra, de la UE–; Liechtenstein, otro territorio beneficiado de la permisividad europea; y Samoa. El top five lo completan las Islas Caimán, sus vecinas Bermudas, Jersey, Taiwán y, encabezando el ranking, y coincidiendo con Tax Justice, las Islas Vírgenes Británicas, que registra una riqueza en su territorio 5.000 veces por encima del valor de su economía.