Los trabajadores de Banco Popular han sufrido un cuantioso quebranto económico, superior a los 80 millones de euros, con la operación que ha colocado la entidad en manos de Santander: tres de cada cuatro empleados eran accionistas de la entidad, en la que sumaban algo más del 4% de un capital social cuyo valor es, ahora mismo, inexistente.

El capital social del banco era, nominalmente y antes de la crisis que se lo ha llevado por delante, de 2.098,4 millones de euros repartidos entre 303.251 accionistas. Algo más de 10.000 de ellos se corresponden con el 75% de los 14.179 trabajadores que la entidad tenía en España hace tres años (contaba con otros 1.400 en Portugal y 440 en EEUU), antes de que arreciera su crisis, los cuales, según algunas estimaciones, poseen algo más de 4% de las participaciones tras haber acudido masivamente a las ampliaciones de capital de 2012 y 2016.

El valor nominal de ese 4% era de 83,92 millones, aunque el real llevaba meses reduciéndose como consecuencia del desplome de la entidad en la bolsa, donde llegó a acumular en la última semana una caída del 48% que culminaba la tendencia descendente iniciada hace un año y agravada por el récord de pérdidas de 3.485 millones que registró el año pasado y que hizo público en febrero.

Entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016, la capitalización bursátil de Banco Popular cayó de 6.588,3 millones de euros a 3.852,7, lo que indica que la participación de los trabajadores se redujo, en términos de cotización, de 263,5 millones a 154,1.

“Garantías para el empleo”

En el plano laboral, los trabajadores de Banco Popular, entidad que durante décadas fue la más rentable del sector financiero español y cuyos dirigentes alardeaban de un trato cercano con la plantilla (llegaban a realizar entrevistas a la mitad de sus miembros en un ejercicio), comenzaron a sufrir recortes el año pasado, cuando la dirección, en línea con buena parte de la gran empresa, presentó un ERE para 2.592 de ellos.

El endose a Santander “parece una buena solución, aunque no exenta de riesgos en el ámbito laboral”, explica Joan Sierra, de CCOO (sindicato mayoritario en ambos bancos), para quien “se trata de una entidad solvente y esa operación permite acabar con la incertidumbre existente en la plantilla”.

Comisiones Obreras, que reclama “garantías para el empleo”, planteará un acuerdo de homologación de condiciones si el Banco Popular, con 12.000 empleados, se integra en el Santander, que cuenta con unos 19.000 tras la absorción definitiva de Banesto. “No sobra plantilla en la banca española”, insiste Sierra, que admite que apenas ha circulado información sobre el diseño de la operación y sus eventuales consecuencias en la plantilla.

Casi 300.000 ahorradores damnificados

La operación por la que el Banco Popular ha quedado bajo el control de Santander pasará a la historia por haber sido la primera del actual proceso de reestructuración de la banca cuyos efectos nocivos son soportados por particulares y empresas.

La mayoría de los damnificados por la pérdida de valor de esas acciones son los inversores privados que habían comprado acciones, y también bonos y participaciones subordinadas, con sus ahorros. La asociación de consumidores Adicae acusó a los anteriores responsables de la entidad de haber lanzado la ampliación de capital del año pasado “pese a la dramática situación de sus cuentas y a sabiendas del riesgo que suponía para los nuevos inversores, reflejando aún más si cabe su irresponsable actitud que ha conducido finalmente a la actual situación”.

Casi el 95% de los accionistas de Banco Popular (286.615) tenían paquetes de menos de 10.000 euros que sumaban apenas la sexta parte del valor (16,9%) tras esa ampliación, en la que la entidad captó a algo más de 30.000 nuevos partícipes. Nueve de cada diez no llegaban a 5.000, según recoge la última memoria de la entidad.

Industriales del Opus se dejan 200 millones

Por el contrario, 217 grupos inversores acumulan un 57,4% del valor total con carteras de 400.000 euros en adelante.

Entre esos accionistas destacan los fondos de inversión Black Rock, con un 4,43% del capital, y Silchester International Investor, con un 3,05%, y la Banque Federative du Crèdit Mutuel, con un 3,95%. Sin embargo, el paquete principal estaba en manos de la Sindicatura de Accionistas de BPE, un colectivo de inversores ligado al Opus Dei que suma el 9,55% y que, tras haber sido el principal apoyo de Ángel Ron y los hermanos Valls antes de la breve etapa de Emilio Saracho, aparece como el principal perjudicado por la decisión del Ministerio de Economía, ya que sus acciones sumaban un valor superior a los 200 millones de euros.

Santander no era, por otro lado, una entidad ajena a Banco Popular, ya que, según algunas informaciones, varios de sus gestores de inversión acumulaban acciones de la entidad por un valor superior a los 30 millones de euros.