Cuando Mariano Rajoy quiere levantar en aplausos a su auditorio en actos políticos, basta con que aluda a que su formación, a diferencia del PSOE, 'dice lo mismo en toda España'. Una afirmación, la de la unidad de discurso, que en los últimos meses ha hecho agua. Las diferentes formas de proceder con los imputados en el caso Gürtel en la Comunidad de Madrid o en Valencia o la batalla entre Rajoy y la presidenta madrileña por ubicar a sus respectivos candidatos al frente de Caja Madrid son sólo dos ejemplos que ponen en evidencia gran parte del discurso del líder del PP en el XVI Congreso del partido. 'Decimos lo mismo en todas las partes. No somos mutantes ni hacemos el camaleón (...). La política del PP tiene el mismo sonido para todas las personas y en todas las comunidades', defendió. Era junio de 2008.

En el PP, destacados dirigentes asisten con inquietud a cómo la unidad de acción y de discurso se tambalean, tambaleándose también una de sus principales armas contra el adversario. Ya Aznar en 1999 reprochaba a los socialistas recurrir a '17 discursos que se ocultan unos a otros en función de la parte de España que se hable'. Público ha seleccionado seis episodios en los que se demuestra que el PP no es el mismo en todas partes.

El proceso de renovación de los órganos de gobierno de la entidad madrileña es el ejemplo más reciente de la ausencia de discurso único. A un lado, la dirección nacional; a otro, la Comunidad de Madrid.

La pelea en Madrid entierra la apuesta por no politizar las cajas

Mientras que Rajoy apuesta por la 'absoluta' despolitización de las cajas de ahorro, Esperanza Aguirre está haciendo todos los esfuerzos posibles para ubicar al frente de la cuarta entidad financiera española a su vicepresidente en la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

La mano derecha de Aguirre se ha visto salpicada por los escándalos de espionaje en la Comunidad de Madrid y por los contratos sospechosos a los que dio luz verde en su etapa al frente del Canal de Isabel II. Esta semana, además, Público ha desvelado que su firma aparece estampada en contratos de la Comunidad con la trama Gürtel.

La cuerda ha llegado a su máxima tensión esta semana, cuando Aguirre ha admitido públicamente su preferencia por González. Un desafío a Rajoy, que ya le había hecho llegar su intención de que el candidato fuese el ex vicepresidente Rodrigo Rato. El líder del PP, que llamó a capítulo a la presidenta madrileña la noche del jueves, no ha conseguido hasta el día de hoy que Aguirre dé su brazo a torcer. Pero es ella quien tiene la última palabra en este conflicto, ya que la Comunidad tiene el papel clave en la renovación del presidente de la caja.

Varios diputados achacan el problema a una falta de autoridad

Altos dirigentes del partido se lamentan de que, una vez más, sus fisuras internas quedaban al descubierto. 'Estamos dando una imagen de vergüenza', coincidían varios diputados. Otros recordaban que el partido se ahorraría estos disgustos si su líder le hubiese parado antes los pies a Aguirre. 'No hay duda de que en ocasiones parece que el PP de Madrid y el PP nacional no son el mismo partido'. Además, destacaban que, de llegar González a la presidencia de la entidad, Rajoy 'tragaría doblemente'. Primero por no conseguir que su apuesta, la de Rato, sea la que triunfe, y segundo, por apechugar con Ignacio González, al que excluyó en la lista del Comité de Dirección del partido con la que concurrió al XVI Congreso Nacional después de que este le criticase abiertamente en público. 'Hay una quiebra del principio de autoridad', señala un diputado conservador.

Si algo queda claro de la respuesta política que el PP está dando a toda la maraña judicial del caso Gürtel es que lo que vale para los afiliados del partido en Valencia no sirve para los de Madrid, y viceversa. En los dos focos geográficos principales del escándalo, el PP no ha exhibido el mismo criterio.

En esta ocasión, para muchos en el partido, es la presidenta de la Comunidad de Madrid la que sale ganando. Primero, porque cuando se conoció la vinculación con la trama de su ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, le destituyó. Lo mismo hizo con los alcaldes madrileños imputados: suspensión de militancia y pérdida del cargo. Y además porque, dos días después del levantamiento parcial del secreto de sumario, obligó a sus ya ex diputados López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco a abandonar el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. De los tres ex alcades, dos cedieron su acta y el otro fue expulsado.

El doble rasero en Madrid y Valencia sobre la Gürtel crea malestar en el PP

Frente a este panorama, la primera dimisión en la Comunidad Valenciana se ha producido hace sólo una semana, la de Ricardo Costa. Y en el partido causó perplejidad la forma en que se manejó: Rajoy exigió su caída, la mano derecha de Francisco Camps se negó y este tuvo que anunciar su cese bajo fuertes presiones de la sede nacional del PP.

El capítulo puso de manifiesto el poder que en el PP ejercen algunos barones territoriales. 'Lo lógico es que si Mariano Rajoy justifica la marcha de Costa porque este ejercía un puesto de alta responsabilidad, tome alguna medida con Camps por tener una responsabilidad política mayor. Pero no', se lamenta un diputado. En un sentido similar, un alto dirigente regional señala que 'Rajoy no ha sabido parar los tics de algunos de sus barones autonómicos, que siempre se escudan en la cantidad de votos que aportan al partido'.

Pero no sólo lo que se hace en Madrid no es extrapolable a Valencia, sino que lo que sirve para una dirección regional no sirve para la cúpula nacional. Rajoy, por ahora, no baraja la posibilidad de que Luis Bárcenas, ex tesorero y senador, y Jesús Merino, diputado, abandonen el Grupo Popular. Ambos están imputados en el escándalo e investigados por el Supremo. 'Nuestro líder está como loco por apagar el incendio desde lo más bajo posible', explica un dirigente regional.

La tramitación de la proposición de ley del Parlamento de Euskadi para blindar el Concierto Económico vasco en el Congreso de los Diputados ha arrojado un mapa desigual. De un lado, la dirección nacional del partido y los conservadores de Castilla y León, Cantabria y La Rioja. De otro, aislado, el PP vasco, liderado por Antonio Basagoiti, que hasta el último minuto peleó para que Rajoy ordenara a sus diputados votar a favor.

En el PP demandan una acción clara en temas de interés general

La imagen resultante de este cóctel de sensibilidades fue la que quiso Rajoy: el Grupo Popular apostó por votar en contra, a diferencia de lo que anteriormente había votado el PP de Euskadi en la Cámara autonómica. Pero los diputados vascos abandonaron el hemiciclo en el momento de la votación siguiendo las órdenes de Basagoiti. En el partido saben que con esta cuestión, pese a lo delicado de los temas vascos, su principio de unidad de discurso 'ha quedado tocado'. Sobre todo, porque el PP vasco no ha ocultado nunca su malestar. De hecho, días antes de la votación en el Congreso, Basagoiti instaba a sus jefes en Madrid a votar a favor del Concierto o a presentarse ellos a las elecciones en Euskadi.

Igual de duras fueron las críticas vertidas contra sus compañeros de Euskadi desde las comunidades limítrofes. Por ejemplo, Pedro Sanz, presidente de La Rioja, llegó a asegurar que el blindaje supone una 'burla' y una 'traición'. La guerra sigue. Las citadas comunidades autónomas decidieron el pasado lunes en una reunión conjunta abrir un frente común contra la iniciativa en sus respectivos parlamentos. Ven el blindaje como una amenaza para sus economías.

Hay un sector en el partido que considera 'injusto' que se 'haga sangre' con este tema, precisamente por las peculiaridades del País Vasco y por el compromiso de esta formación de ser clave para el cambio en Euskadi. 'El doble discurso con el Concierto es discutible. Lo importante es que se vea que en el PP hay una unidad de acción clara y que las autonomías en temas de interés general adoptan una postura unitaria', sostiene un veterano diputado.

Una de las piedras angulares del discurso del PP en materia económica es la de cargar contra la subida de los impuestos. Creen en el partido que es injusto que sean las clases medias, a las que según ellos afectará más la subida fiscal, las que tengan que soportar los errores del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La política fiscal de Gallardón contrasta con la apuesta económica de Rajoy

Mientras, en Madrid, oposición, asociaciones de vecinos y ciudadanos claman contra el 'espectacular' aumento de tasas del Ayuntamiento. Una forma de hacer frente, apuntan, a los 7.000 millones de deuda del Consistorio. 'No puede negarse que choca un poco que en el mismo periódico aparezca en unas páginas Rajoy censurando la subida de impuestos y en otras se critique el afán recaudatorio de Alberto Ruiz-Gallardón', explica un compañero de partido.

En este panorama, el Grupo Municipal Socialista ha decidido explotar la contradicción. David Lucas, su portavoz, recuerda que 'desde la llegada de Gallardón a la alcaldía la presión fiscal sobre los vecinos se ha duplicado en el cómputo general'. Así, sostiene que desde 2003 el incremento de impuestos ha sido exponencial: hasta un 170% de subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 300% del de vados y 35% el de circulación. Además de una nueva tasa de basura.

Mientras, en el Ayuntamiento defienden su postura aferrándose a que su presión fiscal es inferior a la de gran parte de las capitales de provincia. Y avanzan que para 2010 se mantendrán los tipos impositivos del IBI en los mismos términos.

En estos meses también se ha puesto de manifiesto que la receta que se aplica en Benidorm (Alicante) no sirve, por ejemplo, para Silleda (Pontevedra).

El pasado 22 de septiembre prosperó la moción de censura que sacó al PP de la alcaldía de Benidorm. Doce ediles del PSOE, que se dieron de baja del partido, y un tránsfuga del PP, lograron desbancar, por sólo un voto de diferencia, al conservador Manuel Pérez Fenoll. El enfado del PP fue mayúsculo, con acusaciones a Zapatero de haber roto el Pacto Antitransfuguismo de por medio.

Por estas fechas, el propio Rajoy se mostraba convencido de que 'al menos la mitad [de los concejales socialistas] repetirá en las próximas listas al Ayuntamiento'.

Días después, el 7 de octubre, Rajoy tuvo la oportunidad de llevar a cabo este mismo discurso. No fue así. Cinco de los seis ediles del PP en Silleda, que también solicitaron la baja del partido, y dos concejales no adscritos, que habían integrado anteriormente las filas socialistas, presentaron una moción de censura para derrocar a la alcaldesa Paula Fernández (PSdeG). Este día, Rajoy calló. Y el líder de los conservadores gallegos, Alberto Núñez Feijóo, señalaba que el PPdG no avalaba la moción, pero que esta de debía a que los socialistas de Silleda estaban 'en descomposición'. El presidente del PP en Pontevedra y de la Diputación provincial, Rafael Louzán, no se ha comprometido aún a que los cinco ediles no integren las listas para los comicios de 2011.

En el tema del agua, el PP también se encuentra dividido. Choca la tesis de la dirección nacional del partido de 'llevar agua de donde se pueda allí donde haga falta' con las diferentes posturas que mantienen los conservadores de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana a cuenta de los trasvases.

El partido se debate entre el 'agua para todos' y el fin de los trasvases

El principal enfrentamiento tiene su foco en las negociaciones para la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. Los castellanomanchegos pretenden que el texto introduzca algún límite al trasvase Tajo-Segura, algo que no es visto con buenos ojos por las comunidades que se benefician de este caudal. Y que ponen en el punto de mira a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, pero, además, presidenta de los conservadores de Castilla-La Mancha.

La 'número dos' del PP se ve en la contradicción de conciliar el discurso nacional con el autonómico. Diferentes cargos conservadores consultados recuerdan el enfado en su comunidad autónoma cuando en el XVI Congreso Nacional de su partido, celebrado en junio de 2008, defendió que los 'ríos no tienen fronteras'. Era la misma Cospedal que había pactado meses antes con los socialistas que la reforma estatutaria estableciese el año 2015 como fecha de caducidad del trasvase.