La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha comenzado a investigar un posible pelotazo urbanístico en Zamora cifrado en más de 24 millones de euros y del que se habría beneficiado el empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel.

Las supuestas irregularidades las habrían cometido el anterior alcalde y su teniente de alcalde, Antonio Vázquez y Ángel Macías, que hoy ya no están en el Ayuntamiento zamorano, aunque el ex regidor es ahora diputado nacional. El fiscal acaba de notificar la apertura de diligencias informativas y el traslado del asunto a la Fiscalía Provincial de Zamora 'para que proceda en su caso a la investigación procedente'.

El presunto pelotazo se gestó mediante la sobrevaloración de un edificio todavía por construir que iba a alquilar, con opción de compra, el Consistorio de Zamora a UFC-Begar, una de las empresas de Ulibarri. Según un informe del secretario general del ayuntamiento, fechado el pasado día 11, el consistorio contrató, a dedo y sin tasación previa, el alquiler del futuro edificio durante 25 años por 52,6 millones, pese a que el pliego técnico de condiciones cifraba el gasto total en 28 millones.

El contrato, suscrito en vísperas de los comicios locales el 6 de marzo de 2007 y sin intervención notarial, nunca llegó a ejecutarse: tras las elecciones municipales, la nueva alcaldesa, también del PP, paró en seco la operación. El jefe del servicio municipal de Hacienda había advertido antes de la firma de que el contrato con UFC era 'nefasto' para los intereses municipales. Paradójicamente, el ayuntamiento se arriesga ahora a ser condenado en la demanda interpuesta por Ulibarri, que exige una indemnización por daños y perjuicios.

La denuncia partió del grupo municipal de IU. Los denunciantes basaron su acusación en los informes emitidos por los propios técnicos municipales.

Según los documentos a los que ha tenido acceso Público, entre 2005, cuando se aprobó un procedimiento negociado sin publicidad para alquilar un edificio que se destinara a oficinas municipales, y marzo de 2007, cuando se firmó el contrato, las cosas cambiaron radicalmente: dos empresas se sucedieron en la negociación, la inmobiliaria Remesal y Salas, que según el secretario del consistorio actuaba como intermediara, y UFC.

Cuando entró en escena abiertamente la empresa de Ulibarri, los términos del pliego de condiciones quedaron alterados de manera 'lesiva' para el municipio, y así lo subrayan el secretario general, que es el funcionario de mayor rango, y el jefe de servicio de Hacienda.

En términos generales y según el citado informe del secretario, 'la oferta presentada en enero de 2006 por la empresa UFC y el acuerdo plenario de 2 de febrero de 2006, al igual que el contrato de marzo de 2007, deben considerarse lesivos para el interés público en lesividad jurídica y lesividad económica'.

Fue en 2005 cuando se presentó el primer proyecto, auspiciado formalmente por la inmobilaria zamorana Remesal y Salas. Según esa oferta, el consistorio pagaría 28 millones de euros en total por el alquiler con opción a compra del edificio que debía levantarse en la céntrica calle La Reina y destinado a albergar dependencias municipales. Se trataba de una oferta 'aceptable y razonable', según el jefe del Servicio de Hacienda del Ayuntamiento. En 2006, entra en escena UFC. Y la oferta cambia y se encarece en 24 millones.