A las puertas de las elecciones municipales, los escándalos y problemas se le acumulan al PSOE andaluz, que gobierna la Junta desde hace 30 años. Al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos investigados por la Justicia, se le han unido otro fraude en las ayudas a la contratación financiadas con fondos europeos y los negocios del hijo del expresidente andaluz, Manuel Chaves. Los tres asuntos, aunque de diferente gravedad, son especialmente dañinos para las expectativas de los socialistas y para la imagen de Andalucía porque no son intrincadas tramas, sino que cualquiera los comprende.

Por un lado, dinero público destinado a personas ligadas a cargos socialistas de la Consejería de Empleo. Por otro, una falta de control en el destino de los fondos europeos. Y, por último, el hijo del expresidente manteniendo reuniones en los despachos de la Administración. Esta situación llevó ayer a la secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, a tomar una decisión difícil y poco frecuente en política: pidió 'perdón' a los ciudadanos andaluces.

El Gobierno de Griñán admite 3.790 irregularidades en ayudas de la UE

Díaz se refirió al caso de los ERE, que 'abochorna' y 'entristece' a los socialistas, pero añadió que el PSOE es 'el partido de la honestidad, porque lo que distingue a los partidos, no es que haya quien se aproveche, sino cómo se reacciona', informa Europa Press.

En el mismo acto, el número dos del PSOE, José Blanco, destacó la 'gran fortaleza' del partido en Andalucía y remachó que 'no se arruga ante las dificultades'. El ministro de Fomento arropó una vez más al presidente José Antonio Griñán, que se enfrenta a una tormenta perfecta que cobra cada vez más vigor, y apuntaló su liderazgo: 'El PSOE está bien dirigido', dijo. Sigue un resumen de los tres casos que erosionan como nunca antes al PSOE andaluz y con los que el PP hace oposición a diario por tierra, mar y aire.

La Fiscalía apunta a 5.870 empresas, que defraudaron 25 millones de euros

El fraude masivo, destapado por la Fiscalía, consiste en lo siguiente: las empresas contratan a un trabajador, reciben la subvención y, luego, lo despiden sin cumplir con las condiciones que motivaron la concesión de la ayuda.

Ayer, el consejero de Empleo, Manuel Recio, manifestó que, tras indagar las vidas laborales de 15.063 trabajadores han detectado 3.790 irregularidades. Les quedan por mirar 36.177 más. La Fiscalía Superior de Andalucía cifra en 25 millones el fraude y apunta a 5.870 empresas, de las que sólo 25 habrían cometido delito por la cuantía de lo defraudado, más de 80.000 euros.

El hijo de Chaves niega que actuara de intermediario con la Administración

Los fondos son de la Unión Europea, cuya oficina antifraude investiga el asunto. Recio admitió que hasta ahora sólo se hacían controles aleatorios por muestreo debido al volumen de solicitudes presentadas y porque así lo marcaba la UE, y dijo que los controles llegarán ahora al 100% de las concedidas. Hay empresas que ya han empezado a devolver el dinero defraudado.

Iván Chaves, hijo del expresidente andaluz, ahora vicepresidente tercero del Gobierno central, salió ayer al paso de las informaciones publicadas por el diario digital El Confidencial.com, que tachó de 'falsas acusaciones e insinuaciones injuriosas' y negó que la empresa en la que desarrolla 'de forma exclusiva' su actividad profesional, Cexmark Soluciones SL, haya contratado o actuado como intermediaria ante administraciones públicas desde su creación.

Chaves, que el martes consideró en el Senado 'deleznable' que se utilizara a su hijo, dijo ayer que la actividad de Iván era 'lícita, legal y profesional'. Pero la publicación de un contrato en el que su hijo figura como 'comisionista' y los documentos robados de su despacho en los que se recogen reuniones con la Administración han preocupado a numerosos socialistas y han llegado rápidamente a la ciudadanía.

El asunto salió como una muñeca rusa del caso Mercasevilla. La Policía investigaba la inclusión de un intruso vinculado al PSOE en el ERE del mercado público e interrogó por ello al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero. Este dijo a los agentes que en sus años en la Administración (1999-2008) había dispuesto de un 'fondo de reptiles' para salvar empresas.

La Policía destapó más intrusos en otros ERE y un procedimiento ilegal para su reparto. Aunque Guerrero se retractó de su expresión y la cambió por 'fondo para apuros', el daño estaba hecho. Por este asunto está imputado el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.