El portavoz del Gobierno, José Blanco, confesó ayer que él es 'el primer interesado' en que se esclarezca la operación Campeón, en la que el empresario Jorge Dorribo le ha acusado de un delito de tráfico de influencias. El también ministro de Fomento solicitó ayer mismo personarse en el Tribunal Supremo, al que la jueza instructora del caso ha elevado una exposición razonada con los indicios que ha encontrado contra el portavoz del Ejecutivo. El objetivo, que en ningún caso podrá alcanzar de inmediato, es conocer la acusación para poder así defenderse.

Blanco recalcó, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que su deseo es que las 'falsas acusaciones' que pesan contra él 'se investiguen lo más rápido posible'. Confió, además, en que la decisión de la jueza lucense Estela San José, de enviar el caso al Supremo, 'sirva para desbloquear una situación de absoluta indefensión' en la que se encuentra según sus propias palabras.

La magistrada dictó su resolución el 31 pero no se la envió al fiscal hasta ayer

El ministro volvió a defender ayer su inocencia. Tras el Consejo de Ministros, varios periodistas le preguntaron sobre la decisión de elevar el caso al Supremo dada la condición de aforado del portavoz del Gobierno. Respondió lo mismo en varias ocasiones: 'Lo dije ayer [por el jueves] y lo vuelvo a decir hoy [por ayer]. Yo respeto el trabajo de los jueces, y sus tiempos. Y reitero hoy que las imputaciones publicadas en lo que a mí se refiere son una pura falsedad'.

El ministro no ha podido ser más rápido en solicitar su personación, puesto que fue la víspera del inicio de la campaña electoral cuando la jueza remitió su exposición razonada. Con su iniciativa, Blanco, que será defendido por el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, pretende que se le dé traslado 'de todo lo actuado hasta la fecha', lo que le permitirá defenderse de unas acusaciones que sólo conoce a través de la prensa.

Sin embargo, la personación no podrá ser aceptada hasta que el Supremo no se pronuncie sobre los indicios encontrados por la magistrada de Lugo y, en su caso, decida abrir un procedimiento. No se espera que esto suceda antes de las próximas elecciones, dado que faltan apenas 15 días, y para adoptar esa decisión es necesario un informe fiscal en uno u otro sentido.