'A los maltratadores, ni agua'. Lo dice una mujer que se vino huyendo de las palizas de su marido, en Guinea Ecuatorial, hace más de dos décadas. Hoy, Anastasia Nze Ada, con 59 años y la pesadilla aún visible en su memoria, atiende a mujeres extranjeras que sufren el mismo calvario en Sevilla. Muchas de ellas, mutiladas y presas de un matrimonio forzado, la mayoría. Y todas, absolutamente todas, engañadas con un trabajo de mentira.

'Me parece bien la expulsión del maltratador [extranjero] que propone el PSOE, pero siempre que cumpla la condena, que vaya a la cárcel en su país', afirma Anastasia, presidenta de la Asociación Afromujer de Andalucía. Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, matizó en los desayunos informativos de Europa Press que la expulsión será ejecutada una vez cumplida la condena en España. Y el PSOE, en una nota, añadió que afectará a todos los extranjeros, incluidos los residentes legales, algo que no contempla el actual Código Penal.

Una propuesta 'creíble'

Pero Anastasia va más allá y pide que para que la propuesta sea creíble 'ahora que se acercan las elecciones', el Gobierno debería sentarse con las afectadas e incluir en los convenios para frenar la inmigración ilegal un plan de prevención contra la violencia de género en aquellos países. 'Porque allí la víctima es la culpable para la sociedad', se lamenta. Ella tuvo que pedir el divorcio como si fuera un favor. De las otras tres esposas que tenía su marido, sólo una 'sigue aguantándolo', dice. Sin embargo, la mayoría de mujeres que acude a la asociación son maltratadas por españoles. Y aquí -cuenta-, el problema en el juzgado es incluso peor: 'Tuvimos un caso en el que el abogado de oficio que defendía a la víctima se puso de parte del agresor, que era español'. Y más complicaciones: 'El proceso, ya difícil de por sí, se hace más complejo por actitudes racistas y xenófobas; hay maltratadores atendiendo a la gente'. Según Anastasia, varias mujeres han ido con un abogado a la Policía porque no les tramitaban la denuncia por falta de papeles.

Dependencia económica

¿Y qué ocurre en los casos en que el maltratador es extranjero? 'Uf, es que ellas ni siquiera denuncian por la enorme dependencia económica y por el miedo a ser repatriadas', responde enérgicamente. Cuenta Anastasia que muchos agresores amenazan a sus parejas con denunciar su situación irregular y ellas continúan aguantando. De hecho, casi todas las mujeres que llegan a la asociación lo hacen después de los avisos que dan los vecinos. En 2007, Afromujeres atendió a unas 30, del África Subsahariana y Latinoamérica. Podrían ser muchas más, pero la asociación apenas tiene recursos. 'Necesitamos una mediadora que acompañe a estas mujeres a solicitar una orden de protección, a comparecer ante el juez...', explica Anastasia.

Ella, que alivió las heridas que traía estudiando Empresariales, pudo reunirse con sus hijos diez años después de la huida. Sólo trajo al pequeño porque le daba el pecho. 'Ya tengo un nieto', dice con la satisfacción a punto de rebosar. Tanta o más como la que le produce haber tomado la mejor decisión de su vida: alejarse de los malos tratos. Cuando los arrinconó, allí en Guinea, se impuso como misión que ninguna mujer pasara por lo que ella había pasado. Y en ésas está.