El Gobierno andaluz expresó ayer su 'satisfacción' por el auto de la Audiencia Provincial que ordena que la jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta, devuelva las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001. La consejera de Presidencia, María del Mar Moreno, anunció ayer que el Ejecutivo ha pedido al juzgado que fije fecha para esa devolución, que espera que se realice 'con la mayor brevedad'. Moreno reiteró además que la magistrada debe remitir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción las actuaciones relacionadas con las actas para que sea este órgano, dependiente del Tribunal Supremo, el que decida si Alaya puede finalmenteacceder al contenido de las actas o no.

Moreno mostró su confianza en que 'este incidente' de las actas pueda abrir un periodo de mayor 'confianza y colaboración' con el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ya que, según resaltó, la Junta está actuando 'con la máxima rigurosidad y transparencia política y jurídica'. 'Combatimos la corrupción como el que más y confiamos en la Justicia'. 'A día de hoy no tenemos ninguna intención de recusar a nadie', dijo Moreno, preguntada por la posibilidad de ejercer esta acción contra Alaya.

'Este auto da la razón a la Junta y se la quita al PP', agregó Moreno, quien añadió que los conservadores han demostrado 'su falta total de sentido institucional y de sentido de Estado', así como 'un oportunismo sin escrúpulos institucionales en el caso de las actas'.