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Justicia cobrará la prueba de adn de contraste en los casos de bebés robados

Las asociaciones aplauden la creación de una base única de datos genéticos pero reclaman la gratuidad de todos los exámenes

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El Instituto Nacional de Toxicología cobrará unos 200 euros por las pruebas definitivas de contraste de adn a los afectados por los casos de bebés robados. La medida no gustó a las asociaciones, que reclamaron la gratuidad de todos los exámenes y no sólo los de validación oficial de los perfiles, como ha previsto el Ministerio de Justicia.

El departamento de Ruiz-Gallardón destacó que, en la actual situación de crisis, no hay dinero para cubrir económicamente las pruebas de conclusiones definitivas, que se realizarán sólo en el caso de que previamente se detecten compatibilidades entre las muestras de adn, que permitan aventurar una relación familiar.

Fue la única pega, que no la única petición, que plantearon este martes los representantes de las asociaciones de afectados durante la reunión de más de una hora con el ministro de Justicia y sus principales colaboradores.

Ruiz-Gallardón informó en una comparecencia ante la prensa que el BOE publica este miércoles la creación del fichero de los perfiles de adn de los afectados, así como de un segundo que contendrá las solicitudes de suministro de información administrativa por parte de estas personas.

En virtud de esa regulación, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses estará accesible desde hoy por primera vez a particulares sin que exista un requerimiento judicial previo.

Al protocolo de actuación del Instituto, se suma una guía de actuación de actuación dirigida a los médicos forenses en el caso de que tengan que practicar exhumaciones de recién nacidos con el objetivo de que sean realizadas con el máximo rigor técnico, y garantizando las condiciones más favorables para la identificación.

Se abrirá en Madrid una oficina de atención a los afectados

El ministro anunció que, a finales de año o en la primera semana de 2012, se abrirá una Oficina central de atención a los afectados en Madrid, en la que tendrán representación las asociaciones, y que gestionará todas sus peticiones. Se espera poder contar con delegaciones en algunas comunidades autónomas, en especial en las más alejadas como Canarias, lo que se abordará con los gobiernos regionales respectivos.

Ruiz-Gallardón destacó que con los anuncios de este miércoles ha cumplido los compromisos adquiridos con las asociaciones en la primera reunión mantenida hace seis meses, haciendo realidad el banco único de datos de adn. Para el ministro, será un instrumento técnico para que estas personas puedan conocer su identidad y origen biológico, y a partir de ahí entablar reclamaciones jurídicas.

A continuación hablaron a los periodistas los representantes de las asociaciones, que valoraron positivamente las iniciativas del Ministerio pero hicieron otras reclamaciones. David Serra, abogado de la asociación de afectados por adopciones irregulares Anadir, que consideró las decisiones adoptadas como 'un buen punto de partida', pero reclamó la gratuidad de las pruebas de adn de contraste, en el número que sean necesarias, debido a que muchas familias no pueden afrontar ese gasto.

Por su parte, Miguel Angel Rodríguez, del Colectivo sin Identidad, solicitó la creación de una Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad que, siguiendo el patrón argentino, investigue de forma activa a través de la Policía la desaparición de niños.

Francisco González de Tena, coordinador del colectivo X24 (que agrupa a 22 asociaciones), valoró que el Ministerio haya considerado interlocutores válidos a las asociaciones en este tema, y destacó que conocer la verdad social y familiar, mediante datos fiables, es el paso previo a hacer justicia si se puede con los responsables.

Exigen al fiscal general la instrucción contra la prescripción de los delitos

Enrique Vila, también de X24, aprovechó para reclamar la instrucción comprometida por el fiscal general del Estado en favor de la no prescriptibilidad de estos delitos, y saludó en ese sentido la reciente sentencia de la Audiencia de Madrid que ordenó reabrir la investigación de un caso de 1978.

También tomaron la palabra Mar Soriano Ruiz y la abogada de la asociación de niños robados que preside, que destacó la necesidad de aclarar la fórmula para seguir investigando casos ya declarados prescritos por los tribunales a la luz de la doctrina formulada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Inés Madrigal, de X24 y de Bebés Robados en Murcia, recordó que el ministro del Interior prometió en abril dedicar a 25 policías al rastreo de estos casos, mientras que Eduardo Raya, de Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia, culpó a Toxicología de falsear sus datos en el caso que él sigue por el robo de una niña.

Las asociaciones señalan que el número de afectados por estos casos desde los años 50 del pasado siglo asciende a varios miles, aunque hasta la fecha no ha sido posible establecer cifras más concretas, lo que podrá ajustarse con la creación de los ficheros y la oficina de atención.