Carlos Dívar no tiene aún todas las papeletas para conseguir la indemnización de 208.000 euros por haber dejado el cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial. El expresidente sigue siendo un problema para la institución aún después de dimitido. Esta semana ha conseguido el aval de la Comisión de Estudios e Informes de la institución, pero con el voto en contra de la vocal progresista Margarita Robles, que entiende que no le corresponde cobrarla porque su cese se produjo a petición propia, es decir, que dimitió, tras el escándalo por sus largas escapadas de fin de semana a Marbella a gastos pagados por el Consejo.

Robles cree que esta indemnización está prevista para casos de altos cargos que finalizan su mandato, o, en caso de que abandonen voluntariamente, lo hagan por enfermedad u otras causas de fuerza mayor similares. Pero que no justifica su concesión para quienes, como Dívar, dejan el cargo por voluntad propia.

De los cinco vocales de la Comisión de Estudios, tres votaron que la indemnización a Dívar es procedente, en concreto su presidenta, Margarita Uría, y los vocales conservadores Claro José Fernández-Carnicero y Concepción Espejel. Pero Margarita Robles votó en contra, y el quinto vocal de la Comisión, Carles Cruz, no se pronunció alegando que debía estudiar mejor la cuestión, según señalaron a Público fuentes del Consejo.

El asunto tendrá que ser resuelto por los 21 miembros del Pleno del Consejo, convocado para el próximo lunes, en el que se aprobarán los Presupuestos de la institución, en los que el nuevo presidente, Gonzalo Moliner, ha anunciado recortes.

La posición mayoritaria en la Comisión de Estudios es que la indemnización reclamada por Dívar (que le supondría cobrar 8.676 euros al mes durante los próximos dos años) se ajusta a la Ley 74/1980, cuyo artículo 10 establece que determinados altos cargos -como el presidente del Consejo- tendrán derecho a cobrar el 80% de su sueldo trar cesar durante dos años.

Destacan que la ley no excluye expresamente que la indemnización no proceda si el cese es por renuncia, por lo que legalmente le corresponde. En la reunión salió a colación el caso del exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que se benefició de la indemnización tras dimitir.

Sin embargo, Robles, a cuya posición podrían unirse otros vocales en el Pleno, insiste en que una correcta interpretación de la ley, con carácter general, excluye conceder la indemnización en casos de dimisiones como la de Dívar.