Andalucía es una comunidad con una tasa de paro crónica, con un diferencial de diez puntos por encima de la media nacional, 886.166 personas desempleadas registradas en marzo. Andalucía también es una región con ocho provincias y diez universidades públicas (más una privada) de las que cada año salen 37.400 egresados (datos 2014/2015, último publicado) que, sin embargo, no encuentra la puerta al mercado laboral (un tercio termina aceptando empleos infracualificados). Estas dos circunstancias, unidas a la escasa industrialización andaluza y a una menguada oferta de empleo en el sector público, explican que durante la crisis se generase una repentina sobredemanda en ciclos de Formación Profesional que desbordó la oferta de plazas.

Durante los años más duros, y con la tasa de paro disparada por encima del 36%, el Gobierno andaluz empezó a promocionar la FP como alternativa a la Universidad, y como vía de reciclaje a profesionales que se habían quedado sin empleo, y que podían volver a la escuela a seguir formándose. La Junta depositó en la FP la pesada responsabilidad de cambiar el modelo productivo andaluz, enquistado desde hace décadas en el sector turístico y la agricultura, para potenciar mercados emergentes, como la aeronáutica, el sector naval o la ingeniería.

El problema es que la FP en Andalucía sufre un tapón desde hace siete años que deja fuera a miles de estudiantes. Entre 2009 y 2017, la oferta de plazas apenas ha aumentado, mientras que la demanda se ha disparado. De media, entre un 34 y 44% de inscritos en cursos de FP se ha quedado sin estudiar por falta de plazas, alrededor de 40.000 en el presente año académico, según fuentes de la Consejería de Educación. El 44% de los alumnos andaluces que ha intentado matricularse este curso no ha podido por falta de plazas, tanto en ciclos formativos de grado medio, como en grado superior. Las cifras son alarmantes, según los sindicatos, y no se trata de un problema coyuntural, porque el mismo desequilibrio entre oferta y demanda se repite desde hace siete años, desde que la crisis hincó las uñas en Andalucía.

Ante la incapacidad material de adaptar la oferta a la inmensa demanda, el departamento de Educación optó el año pasado por buscar una fórmula para disuadir o frenar el exceso de solicitudes: el verano pasado, antes de que se iniciase el presente curso escolar, modificó la orden que regulaba los criterios de acceso a FP, introduciendo nuevos requisitos de selección entre los demandantes, para primar a los jóvenes que llegaban desde la etapa inferior (Secundaria o Bachillerato) frente a la avalancha de parados que buscaban reciclarse. Muchos desempleados acudieron a la FP por falta de expectativas laborales, pero también respondieron a la llamada del Gobierno andaluz, que fue incapaz de hacer frente a la demanda sobrevenida de plazas. Ni siquiera el cambio de la normativa ha hecho que el número de estudiantes que se ha quedado sin plaza disminuya (esos 40.000 que se han vuelto a quedar fuera este año confirman el colapso del sistema). Así lo han entendido también los grupos de la oposición PP, Podemos, Ciudadanos e IU, que han llevado el asunto al Parlamento andaluz, reclamando a la Junta una “apuesta decidida por la FP”.

El Ejecutivo de Susana Díaz tiene en cartera el borrador de la ley de Formación Profesional, una norma que venía a integrar la formación reglada y ocupacional, creando pasarelas entre un sistema y otro, y aprovechando los recursos de la escuela (los institutos) para aumentar la oferta por las tardes. Pero esa ley lleva en el cajón más de dos años, se presentó por primera vez a mediados de 2014. Ciudadanos, el partido que sustenta al Gobierno de Díaz, apremia ahora al PSOE para que el nuevo borrador llegue al Parlamento en este periodo de sesiones, antes de verano, pero los socialistas ya dan por hecho que no estará a pleno rendimiento hasta el curso 2019/2020, y para entonces ya habrá expirado la legislatura.

Balance de oferta y demanda

El sistema de acceso a la FP en Andalucía, al contrario que en las enseñanzas medias, funciona por distrito único, es decir, hay una gestión centralizada de la oferta de ciclos formativos que permite al alumnado la posibilidad de acceder a cualquier instituto de la región, esté próximo a su localidad o no. La Junta estrenó el discurso para potenciar los estudios de FP en 2008, al poco del impacto de la crisis en la economía española. Sin embargo, según datos de la Consejería de Educación, entre 2009 y 2015, la oferta de plazas de ciclos formativos apenas creció un 4,6%, pasando de 62.531 plazas a 65.500 para toda Andalucía. De hecho la evolución no fue ascendente en estos siete años. En el curso 2009-2010, la Junta ofertó 49.447 plazas de FP, pero la demanda fue de 75.073 estudiantes (un 34% quedó fuera).

En el curso siguiente (2010-2011), la oferta fue inferior: 45.834 plazas, aunque la demanda había crecido levemente (76.819 solicitudes). El desfase fue aún mayor en los dos años siguientes, los más duros de la crisis, porque en el curso 2011-2012, Educación recibió una avalancha de solicitudes para matricularse en FP (96.411, un 20% más que el año anterior), pero fue incapaz de hacer frente a esa sobredemanda, porque contaba con 53.854 plazas (quedaron fuera 42.557 estudiantes). Entre 2009 y 2013, la Junta aumentó la oferta de FP sólo un 9,4%, mientras que la demanda se había con 21.300 solicitantes más. A pesar de todo, en el curso 2012-2013, la Consejería de Educación redujo la oferta en 623 plazas. Estos datos han salido a la luz ahora gracias a una solicitud explícita al Portal de Transparencia del Gobierno autonómico, que ha aportado un balance detallando el desfase entre oferta y demanda en la FP en los últimos años.

En el presente curso escolar 2016-2017, el procedimiento de admisión arrancó en julio con 65.540 plazas (cifra récord de los últimos nueve años), de las cuales 39.033 son de grado medio y 26.607 son de grado superior. La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, admitió en sede parlamentaria que nuevamente habían quedado sin matricularse unas 40.000 personas por falta de plazas de FP (sobre todo en ciclos de grado medio). El desfase es algo inferior al del año pasado, pero no tanto como se esperaba. Educación había cambiado la orden de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de FP para tratar de estrechar ese desequilibrio entre oferta y demanda. La modificación fue muy cuestionada, porque supuso corregir los criterios de acceso para primar a los estudiantes que acaban de terminar la educación Secundaria –a partir de los 16 años– y querían matricularse en un ciclo de FP. Educación quiso solucionar así un problema de sobredemanda de plazas de Formación Profesional que había surgido a raíz de la crisis económica.

La alta tasa de paro y las dificultades para acceder al mercado laboral hicieron que muchos parados e incluso trabajadores con empleo, poco o muy cualificados, se matriculasen en un ciclo de FP buscando reciclarse o encontrar otra salida laboral. Un caso significativo es el de licenciados en Arquitectura que quedaron en paro cuando estalló la burbuja inmobiliaria y buscaron una salida en un ciclo formativo de Topografía o algún campo profesional relacionado con su oficio.

Todo esto ha provocado que en los últimos años la demanda de ciclos formativos se dispare muy por encima de la oferta de plazas, que ya de por sí es exigua para una comunidad con 8,5 millones de habitantes. En el curso 2014-2015 se inscribieron en junio casi 90.000 personas para estudiar un ciclo de FP, de los que sólo fueron admitidos 56.000. Volvió a suceder el curso pasado, con otras 90.000 solicitudes y 40.000 matrículas rechazadas por falta de plazas suficientes.

El Gobierno andaluz rehuye ofrecer otros datos que ayudarían a dimensional el problema de la falta de la falta de oferta de FP en Andalucía, por ejemplo, en qué provincias de las ocho hay un mayor desequilibrio entre oferta y demanda o cuáles son los ciclos formativos más demandados y en cuáles de ellos hay un mayor desfase entre los alumnos que solicitan matrícula y la oferta de plazas.