Organizaciones humanitarias de Argentina y España, junto al Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, han presentado en los tribunales de Buenos Aires una querella para que se investigue el 'genocidio' y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en España.

La denunciaha quedado en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, informaron a la agencia Efe portavoces de los demandantes que expresaron su confianza en que 'víctimas de la dictadura franquista' se sumen paulatinamente a esta iniciativa.

Esquivel, ayer, anunciaba en una entrevista con Público, la presentación de la querella justo el mismo día en que se cumple el 79º aniversario de la proclamación de la II República española. Una de las organizaciones humanitarias que encabezan la demanda es la que preside el premio Nobel argentino, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

La querella criminal se fundamenta en el principio de 'jurisdicción universal' para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución de Argentina y 'consagrado en el Derecho Internacional', explica el texto.

En España, sostiene, hubo 'un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes'. Esquivel asimismo, recordaba ayer que durante la dictadura  se 'trataron de ocultar los crímenes y por eso hicieron la Ley de Amnistía de 1977, como si nada hubiera pasado'.

La iniciativa fue anunciada el 9 de abril tras conocerse que el juez Baltasar Garzón tendrá que sentarse en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo. 'El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes', explicaba entonces Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España.

La querella parte de los caos particulares de dos familiares de víctimas y desaparecidos

Los denunciantes parten del caso concreto de dos familiares de víctimas y desaparecidos del franquismo, Darío Rivas e Inés García Holgado. El texto expone en primer término los casos de García Holgado y Rivas como ejemplos de muchos más para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio 'político, social y cultural'.

Darío, en representación de la española Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, ya vivía en Argentina cuando su padre, Severino, alcalde socialista de la localidad lucense Castro de Rei murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.

A su vez, Inés García Holgado denuncia crímenes contra varios de sus parientes, entre ellos su tío, Elías García Holgado, asesinado en 1937 luego de haber sido encarcelado cuando se desempeñaba como alcalde de Lumbrales y diputado provincial en Salamanca.

La querella recoge los siguientes delitos: 'homicidio, homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y demás delitos que resulten de la investigación, cometidos en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas desde las de 16 de febrero de 1936'.

Los querellantes solicitan un listado de desaparecidos, asesinados y torturados 

Para la determinación de los hechos delictivos, el contexto en el que se produjeron y sus características, los querellantes transcriben extensamente párrafos de los autos del juez Garzón de 2008 en los que, primero, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo y, posteriormente, trasladó la competencia a los juzgados de las provincias donde hay fosas comunes.

En la querella, los denunciantes afirman que no tienen como propósito cuestionar la Ley de Amnistía española, sino 'el ejercicio de la jurisdicción argentina respecto de crímenes que ofenden y lesionan a la humanidad que permanecen impunes'. Con todo recuerdan que este tipo de leyes no son admitidas por el Derecho Internacional y en Argentina se han declarado 'insanablemente nulas'.

En cualquier caso, apuntan que esta 'ley interna española' no afecta a la jurisdicción que ejerzan los órganos judiciales de otros países, tal y como, además, han puesto de manifiesto los tribunales españoles 'que ejercieron su jurisdicción respecto de crímenes del mismo tenor cometidos en América Latina cuando, con justificación en leyes de impunidad, los tribunales de nuestros países no podían o no querían ejercer su jurisdicción sobre los mismos'.

Tildan de 'inaudito' que Garzón haya sido acusado de prevaricación

Por ello, tildan de 'inaudito' que el juez Garzón haya sido acusado de prevaricación por la Falange cuando lo que hizo fue 'interpretar la Ley de Amnistía en conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que la misma no puede amparar la impunidad de crímenes de lesa humanidad'.

Los querellantes solicitan, entre otras cosas, que los tribunales argentinos recaben 'los nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español que desarrollaron sus funciones' entre el periodo anteriormente citado, según recoge el texto.

Asimismo, piden un listado con el número de desaparecidos, asesinados y torturados, otro de las fosas halladas en España, un censo de los niños robados a sus familias durante la dictadura y los nombres de 'todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas'.

Severino Rivas, 'de profesión labrador' y 'destacada vida política, que incluye su militancia contra la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1929)', fue detenido y encarcelado el 29 de julio de 1936, tres días después de que lo pidiera un miembro del 'movimiento fascista' Falange Española, dice la demanda.

'La partida de defunción de Severino Rivas fija su deceso el mismo día de su liberación (29 de julio) por hemorragia profunda por proyectil de arma de fuego, en la margen derecha de la carretera que va de Lugo a (Portomarín)', puntualiza el texto.

'Fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española'

Agrega que 'fue enterrado anónimamente en una fosa común en lo que entonces era el atrio de la capilla (y actualmente el cementerio de Cortapezas). Durante más de 50 años, Darío Rivas, el querellante, intentó por todos los medios encontrar los restos de su padre', que finalmente halló en 1994.

La querella también señala que en 1936 Elías García Holgado 'fue encarcelado en las prisiones de Madrid y de Salamanca' y 'fusilado el 5 de julio de 1937, luego de un proceso sumarísimo, condenado por adhesión a la rebelión' contra los seguidores de Franco.

'El señor Severino Rivas y los familiares de Inés García Holgado fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba 'paseos' los fusilamientos por la espalda de los presos a los que los sublevados no sometían a un juicio, cuyos cadáveres eran dejados al costado de los caminos', subraya.

'Los sublevados dejaban los cadáveres de sus presos al costado de los caminos'

Destaca que 'todas estas circunstancias narradas son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección'.

La denuncia ha sido presentada, aparte de los casos particulares por un total de diez organizaciones no gubernamentales: Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, española; Abuelas de Plaza de Mayo; Liga argentina por los Derechos del Hombre; Comisión Provincial por la Memoria; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; Asociación de ex detenidos-desaparecidos; Federación de Asociaciones Gallegas de la República de Argentina; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Comité de Acción Jurídica.