Amnistía Internacional (AI) ha rechazado este martes la entrada en vigor de la nueva Ley de Fronteras de Reino Unido. La organización social considera que, por medio de esta medida, se "vuelve a escribir ilegalmente" el concepto de refugiado al dificultar el trámite de solicitudes de asilo. El Gobierno de Boris anunció hace dos semanas que se deportaría a Ruanda a los migrantes que llegaran al país. 

La entidad social, a través de un comunicado, ha denunciado la legislación británica por exigir "injustamente" que las personas que buscan refugio —al igual que aquellas que se enfrentan a persecuciones por su identidad u orientación sexual— sean sometidas a pruebas adicionales.

"Este es un día realmente sombrío para los refugiados que huyen del conflicto y la persecución", ha lamentado Steve Valdez-Symonds, director de derechos de refugiados y migrantes de la organización en la región británica.

Según AI, la legislativa debilitará el compromiso del país con la Convención de la ONU sobre Refugiados del año 1951. De esta forma, los solicitantes de asilo que accedan al territorio sin permiso previo podrán ser sancionados, encarcelados y se les excluirá de sus plenos derechos, según pronostica la legislativa británica.

Una nueva norma tras las deportaciones a Ruanda

"Es probable que las autoridades nieguen erróneamente el asilo a muchas personas que llegan o ingresan al Reino Unido sin permiso previo, que en este caso, serán devueltas y sufrirán torturas y otras formas de persecución", apunta la organización.

Asimismo, el colectivo ha alertado sobre "las medidas de la ley que harán que las personas sean aún más vulnerables a los contrabandistas y abusadores". Por ello, AI pide "derogar o enmendar" esta normativa "drásticamente lo antes posible".

Hace dos semanas, la misma organización reclamó al Ejecutivo de Boris Johnson, que "abandonase la cruel política" de deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo que llegaron al territorio en barco a través del Canal de la Mancha.

La nueva medida del Gobierno británico toma como objetivo que las solicitudes de asilo de los refugiados ruandeses sean tramitadas en Kigali, en la capital de la región. Si bien, no solo Amnistía Internacional se pronunció al respecto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) intercedió en la deportación y frenó un vuelo con destino a la misma capital.