Ciudadanos de varias regiones de Perú participan en conmemoraciones al cumplirse este martes un año de la masacre de 18 personas, dos de ellos adolescentes, en la ciudad aimara de Juliaca, en la región de Puno, donde las batallas por la defensa de derechos de los pueblos indígenas y del territorio han sido innumerables desde el siglo XIX.

El 9 de enero de 2023 en los alrededores del aeropuerto de Juliaca, miles de campesinos quechuas y aimaras exigían la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y el fin de la violenta represión de las protestas contra su gobierno. La policía disparó por varias horas contra manifestantes y transeúntes desarmados.

Nadie está detenido como responsable de los 18 muertos y cientos de heridos de ese día, ni por las 50 víctimas civiles que causaron las fuerzas de seguridad en siete regiones al enfrentar las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Decenas de miles de peruanos salieron en esos meses a las calles para pedir nuevas elecciones generales, la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y, también, algunos demandaban una nueva Constitución. El rechazo a la mandataria se debía a que, para asumir el cargo, hizo un pacto con los sectores más conservadores del Congreso, los que habían perdido las elecciones en 2021 ante el profesor rural Pedro Castillo.

El 7 de diciembre de 2022, acorralado por una posible "vacancia presidencial" decidida por la oposición parlamentaria, Castillo anunció un autogolpe. Sin respaldo alguno, a las pocas horas fue detenido por la policía y la vicepresidenta lo reemplazó.

Desde entonces, quienes salen a manifestarse contra el gobierno autoritario que encabeza Boluarte enfrentan el estigma impulsado por el régimen, la policía y la élite de Lima, quienes los vinculan falsamente con "terroristas" de Sendero Luminoso, un grupo maoísta alzado en armas derrotado en 1992.

En Perú es tan común esta forma de insultar al adversario, que tiene su propio verbo: "terruquear" (en los Andes a los terroristas los llamaban terrucos en la década de los 80).

Según la Defensoría del Pueblo, la represión estatal de las movilizaciones ciudadanas antigubernamentales entre diciembre y marzo dejó más de 970 heridos civiles en 16 regiones, atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud.

Sin embargo, este lunes en una conferencia de prensa en Juliaca, el presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, Raúl Samillán, calculó que son más de 2.000 los campesinos heridos por la fuerza pública en las movilizaciones en la región Puno entre diciembre de 2022 y enero pasado.

Explicó que la mayoría tuvo miedo de atenderse en los centros de salud estatales porque la policía entraba a intimidar a los ciudadanos y responsabilizarlos por disturbios.

Diego Armando Quispe, uno de los sobrevivientes de la masacre de Juliaca, relató a los medios que vive con 84 perdigones en el cuerpo hace un año, le pudieron retirar ocho, pero dijo haber sido maltratado en el sistema de salud. Él no participaba de las protestas.

"No nos queda más que vivir con esos objetos metálicos extraños en el cuerpo, no se puede hacer una intervención, nos han dado una muerte lenta. Algunos están con los huesos rotos otros han perdido la visión, no fueron a los hospitales porque los fiscales y los ternas (policías vestidos de civil) les hacían firmar hojas en blanco a los heridos, hubo intimidación", indicó en la rueda de prensa.

"Por temor a algunas amenazas muchos no han denunciado, el gobierno ha hecho esto para que tengamos miedo pero seguiremos luchando hasta alcanzar justicia, los culpables tienen que pagar: personas inocentes han sido cruelmente masacradas. Ese día (9 de enero) yo iba a abordar un carro para ir a mi trabajo: el gobierno nos ha quitado todo, hasta el trabajo.

Muchos heridos tienen carga familiar y el Estado no se ha hecho cargo de ellos, al contrario, han seguido persiguiéndonos, intimidándonos cuando nos manifestábamos para pedir que no se lleven las carpetas fiscales al Ministerio Público en Lima", añadió el sobreviviente.

Cinco fiscales en un año

El abogado puneño César Quispe Asín ha formado un centro de derechos humanos para defender a 60 de los 80 casos de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca. Se involucró desde el mismo día cuando a pedido de una ONG de derechos humanos notó que no había peritos balísticos que pudieran encargarse de las necropsias de tantas víctimas. "Logramos que al día siguiente llegara un perito de Lima", recuerda.

En febrero, viajó a Lima con otros abogados para pedir a la entonces defensora del Pueblo, Eliana Revollar, que intercediera ante el Ministerio Público para crear una fiscalía de derechos humanos en Juliaca; en marzo lo consiguió, pero poco después, quien fue fiscal de la nación hasta noviembre último, Patricia Benavides, formó un grupo de 12 fiscales en Lima para que se ocuparan de todos los casos.

De los 12, solo una tenía experiencia en investigar graves violaciones a los derechos humanos. Fue un grave atentado al debido proceso, pues los familiares de las víctimas ya no tenían un fiscal interlocutor en la ciudades donde ocurrieron los hechos.

"La carpeta de la investigación de la masacre en Juliaca ha pasado por cinco fiscales. Ahora buscamos una reunión con el fiscal de la nación interino para pedirle que el equipo especial (de fiscales de Lima) coordine las diligencias con los fiscales de derechos humanos de Juliaca: son cuatro. De esa manera podrían avanzar, pues solo han recabado declaraciones de un 30% de los policías", informa entrevistado por teléfono.

Para Quispe ha sido importante que en las últimas semanas, luego de la salida de la fiscal Benavides (investigada por corrupción) han sido identificados algunos presuntos responsables de los hechos: cuatro policías y un oficial del Ejército.

El abogado espera que en las próximas semanas el Ministerio Público pida prisión preventiva para algunos de ellos mientras continúan las investigaciones, así como ocurrió la semana pasada en el caso de Rosalino Florez, un estudiante asesinado con perdigones de plomo en las protestas del 11 de enero en Cusco.

Un juez de investigación preparatoria dictó prisión preventiva por un año y medio para el policía Erik Torres Lovón, pero el suboficial está prófugo. La resolución del magistrado Leodan Cristóbal Ayala puede sentar un precedente importante respecto a las investigaciones sobre las 50 víctimas durante el régimen de Boluarte.

El juez cita los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, para sustentar que Torres Lovón no actuó de manera artera y aislada, sino que el homicidio de Florez fue parte de la "respuesta institucional si no de la policía, del régimen" contra movilizaciones ciudadanas con demandas puntuales cuando los ciudadanos "ejercían su derecho a la protesta".

Contra la histórica impunidad

De todas las regiones que se manifestaron en el último año contra el régimen de Boluarte y en defensa de sus votos, Puno es la que tiene más víctimas y heridos identificados. Pero, en la historia, los puneños han protagonizado muchas luchas por su derecho a la educación y al respeto a su cultura originaria, con miles de víctimas anónimas y deudos que no han logrado justicia.

El 16 de diciembre, familiares de las víctimas de la represión estatal de 2023 en Puno y activistas participaron en la conmemoración de los 100 años de la rebelión de Huancho Lima, en la provincia de Huancané (Puno). Entonces se rebelaron contra los abusos de los terratenientes y gamonales y pidieron autorización al presidente para formar una ciudad indígena con sus propias escuelas, una feria semanal, y desvincularse del centralismo de la capital.

Con esa aprobación, cambiaron el nombre de las calles y denominaron al pueblo capital de la república Tawantinsuyana del Perú, para mostrar su distancia de las autoridades mestizas o criollas. El experimento indígena duró poco, pues los criollos que mandaban en Huancané revirtieron la decisión presidencial y dos contingentes del Ejército mataron a miles de aimaras en esa provincia y otra vecina, Moho.

Los soldados, además, torturaron a una mujer que había creado escuelas indígenas. La activista y profesora universitaria Diana Flores cuenta que 12 deudos de las víctimas de la masacre de Juliaca de hace un año escucharon, en la conmemoración del centenario de la rebelión de Huancho Lima, a nietos de los asesinados por los soldados del Ejército.

"Se reafirmó la frustración porque la historia se repite, en ese caso no hubo ningún sentenciado por las muertes, el despojo de viviendas, de ganado. Ahora hay un sistema y mecanismos creados, pero cuando no hay voluntad política, la impunidad persiste para los quechuas y los aimaras", comenta Flores, quiene estudia un doctorado en sociología.

"La institucionalidad democrática no hace tierra y perjudica el ejercicio de la justicia porque para los grupos de poder y para los intereses institucionales, somos los salvajes, somos los violentos. La policía tiene un patrón violento de trato a los campesinos", anota Flores. Para la activista y académica, en Puno se ha construido una resiliencia a partir de la historia de lucha de movilizaciones.

"Hay una forma particular de vivir la política y la indignación compartida, y una frustración contra la sociedad peruana. Este año el racismo y la estigmatización contra Puno ha demostrado que el discurso de Estado inclusivo ya no es ni a nivel de la palabra", explica.

Flores destaca que ello se ha traducido en el rechazo a los prefectos, que son representantes de la presidencia adscritos al Ministerio del Interior. El líder de la principal organización de autoridades originarias de Puno, Rubén Darío Apaza, también destacó que en rechazo a la violencia sufrida durante el régimen de Boluarte, lograron que la mayoría de distritos no reciba a los prefectos distritales y provinciales.

"Adoptamos ese acuerdo para evitar el vínculo con estos funcionarios estigmatizadores y racistas", indica por teléfono Apaza, apu mallku (líder) del Consejo de Autoridades Originarias Mallkus, Jilaqatas y Mamaqallas.

"Esta señora que funge de presidenta primero traicionó a Pedro Castillo y luego mandó asesinar. Desde Lima en esta última coyuntura se ha manifestado el racismo y el odio. En solidaridad con las víctimas de comunidades quechuas y aimaras, las delegaciones de autoridades originarias nos vamos a concentrar este 9 de enero en Juliaca porque hasta el momento no encontramos justicia", dijo Apaza.

En las conmemoraciones por las víctimas de Juliaca, Samillán, ha reiterado que solo buscan justicia y garantías de no repetición de hechos como los de hace 100 años en Huancho Lima.

"El Estado nos ha dejado en el abandono, en el olvido, maltratándonos psicológicamente, con intimidaciones para que las personas dejen la asociación. Pero si dejamos pasar, de aquí a diez años van a volver los asesinatos contra los pueblos originarios", advirtió el presidente de la asociación, hermano del interno de medicina Marco Samillán, asesinado cuando daba primeros auxilios a un herido el 9 de enero en Juliaca.