Cuando a mediodía del pasado lunes, Ingrid Betancourt, abrumada por la animadversión despertada entre los colombianos, daba orden a sus abogados para retirar la multimillonaria demanda entablada contra el Estado por los 'perjucios psicológicos y familiares' derivados de su secuestro de más de seis años por parte de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los asesores jurídicos del Ministerio de Defensa colombiano ya tenían avanzado un plan B. Éste consistía no sólo en rechazar la demanda de más de 15.000 millones de pesos pedidos por la ex candidata presidencial, alegando su culpabilidad por la presunta imprudencia que desembocó en su secuestro, sino en cuantificar otra multimillonaria suma para reclamar a Ingrid los gastos derivados de la Operación Jaque, que materializó su liberación.

En un país en el que nunca ha caído demasiado bien pero que se conmovió con las fotos de su cautiverio, Ingrid reapareció a finales de la pasada semana con una demanda 'de conciliación' contra el Estado en la que pedía una suma que ella misma llegó a calificar de 'absurda': unos 7.000 millones de dólares.

De prosperar las acciones legales, podrían llevar a la nación a la quiebra

Betancourt señalaba que emprendió su demanda para solidarizarse con otras víctimas de secuestros, por ser ella la figura más conocida. Pocos medios de comunicación, que iniciaron una cruzada unánime anti-Ingrid, se preocuparon de verificar el dato.

En efecto, en los últimos meses, antes de que la franco-colombiana presentara la suya, al menos cinco ex secuestrados han planteado acciones contra el Estado por su responsabilidad en la omisión del deber de protegerlos.

Orlando Beltrán demanda al Estado 1.200 millones de pesos. Cuando sus secuestradores le llevaron ante la dirigencia guerrillera, ésta le informó de que se lo habían llevado porque el Gobierno Pastrana no había cumplido el acuerdo de liberar a los presos de las FARC. Beltrán pide responsabilidades al Estado por aquel pacto incumplido.

En los últimos meses, cinco ex rehenes han puesto demandas

La actual diputada Consuelo Rodríguez, que también lo era en el momento de su secuestro, acusa al Estado porque, después de que las FARC pusieran un petardo en su oficina de Neiva, pidió un análisis de los riesgos que corría a los organismos de seguridad. El informe le fue remitido con un dictamen de 'bajo riesgo' cuando llevaba ya dos meses en poder de la guerrilla.

Gloria Polanco y Jorge Eduardo Geschem, actual senador por el partido de Santos, también tienen planteadas demandas millonarias contra el Estado. Éste último fue secuestrado por individuos armados que desviaron su avión tras subir con revólveres a la aeronave sin que funcionara ningún sistema de control.

Otros muchos ex secuestrados podrían ser más de 3.000 estudian acciones legales contra el ejército y los organismos de seguridad del Estado, ante la zozobra, en los últimos días de presidencia de Álvaro Uribe, de los responsables de la administración, que piensan que, de prosperar las demandas, podrían llevar a la nación a la quiebra.