Una orden de detención preliminar contra ocho defensores ambientales que impiden el avance del narco en sus territorios, la anulación de una condena de 28 años de prisión a los asesinos de cuatro líderes indígenas que denunciaron tala ilegal en sus comunidades amazónicas, y el poco avance de las investigaciones de otros homicidios de ambientalistas indígenas apuntan a un sistema de justicia que infringe los derechos de los ciudadanos de la Amazonía peruana.

Fabián Antúnez Camacho, presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), una organización que defiende el territorio de ese pueblo originario para evitar la siembra de coca destinada al narcotráfico, fue detenido hace siete días en la selva central, donde vive y trabaja, pero fue recluido en una base policial antidrogas.

"Ha estado esposado todos los días, no han permitido visitas de sus familiares ni de los miembros de la organización, y en los tres primeros días impedían que lo defendiera un abogado. Está psicológicamente maltratado y no le permiten conversar en privado con su defensa", explica el asesor de la CART Manuel León por teléfono a Público.

Antúnez es uno de los ocho líderes ambientales de la selva central a quienes la fiscalía investiga por la desaparición de cuatro personas durante un paro que organizó la CART en abril, como medida para exigir al Gobierno planes de seguridad que resguardaran sus vidas frente al avance del narco.

Durante el paro, ciudadanos de la etnia asháninka bloquearon una carretera durante más de una semana en la provincia de Satipo debido a que las autoridades no reaccionaban ante el asesinato de su líder histórico y ex alcalde de Río Tambo, Santiago Contoricón, el 8 de abril.

Aquel día, a las 13.20, Contoricón, presidente del Comité de Autodefensa y Desarrollo de la comunidad nativa de Puerto Ocopa, había colaborado guiando a la policía antidrogas en una embarcación para incautar 200 kilos de alcaloide de cocaína, según un documento de la fiscalía. Seis horas después, la policía lo dejó solo.

Cuando el dirigente estaba en su casa, llegaron en una moto dos sicarios, Neto Prado Palomino y Jesús Sulca Huamán: Prado lo acribilló delante de su hija. En los años 90, el líder indígena había luchado contra el grupo terrorista Sendero Luminoso que arrasó con su territorio y la etnia asháninka. Contoricón pertenecía a la organización que preside Antúnez.

Los portavoces de la organización indígena no están preocupados solamente por las irregularidades en la detención de su dirigente Antúnez. "Han allanado el local de la institución a su modo, no había miembros de la CART a esa hora, se han llevado hasta los sellos con las firmas de los dirigentes, documentos", añade León. ¿Pueden sembrarles de pistas falsas? "Pueden sembrar cualquier cosa", contesta.

"Estamos pidiendo la intervención de las organizaciones de derechos humanos porque el trabajo que están haciendo en esta investigación es muy malo", plantea Royer Camacho, el vicepresidente de la CART, que representa a 52 comunidades nativas y 18.000 ciudadanos asháninkas.

Sin el debido proceso

Mar Perez, responsable de la unidad de protección de defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, explica que el presidente de la CART pudo tener acceso a un abogado el miércoles pasado, después de la visita de un representante de la Defensoría del Pueblo. "No tiene ningún sentido que hayan incautado los archivos y los equipos de la institución", añade.

Otro de los defensores ambientales para quien la fiscalía pidió detención preliminar en ese mismo caso es el presidente de la Central Ashaninka del Río Ene (CARE), Pedro Ángel Valerio. La asesora legal de la organización, Irupé Cañari, explicó a Público que ante la falta de garantías y del debido proceso en el sistema de justicia, le recomendaron al dirigente que no se presentara, dado que nunca fue notificado de que estaba bajo investigación por la desaparición de las cuatro personas.

"El presidente de la CARE no convocó ni participó en el paro, aunque lo respaldó. Según la fiscalía, tres testigos protegidos dicen que Pedro Ángel Valerio estaba entre quienes secuestraron a personas en el paro, pero esos días él estaba en una actividad pública con autoridades estatales, en el congreso de la Central Ashaninka del Río Ene, a unas diez o doce horas por río de Puerto Ocopa. No pudo estar en dos lugares a la vez", señala la abogada.

Cañari agrega que la fiscalía pide la detención preliminar de Valerio porque ha obstaculizado la justicia, pero aclara: "¿cómo puede obstaculizar la justicia si no le notificaron la investigación antes de la orden de detención?, ¿cómo unos testigos protegidos se atreven a mentir sobre un líder tan importante como él?".

La asesora legal de la principal organización de las comunidades ashaninkas agrega que los testigos protegidos han dado información falsa porque inventaron unos alias que no existen en la sociedad indígena. "En un caso dicen que uno de los dirigentes le decían Bebita y eso no es propio de la cultura ashaninka; aquí si usan otros nombres distintos en la defensa del territorio son en su lengua materna".

Cañari sostiene que, desde la detención y allanamiento en la CART, están alarmados porque en radios y medios locales se refieren a los ashaninka "con expresiones de odio y de racismo". En dichos medios publicaron fotos de los detenidos (Antúnez y el presidente de la comunidad de Puerto Ocopa) difundidas por la policía.

"Esto parece algo armado para generar ruido y una cacería para retirar a un líder que se enfrenta públicamente contra el narcotráfico: por ejemplo, en la Cumbre Climática de 2019 Pedro Valerio dijo que estaba de acuerdo con la erradicación de cultivos de coca. Hay autoridades civiles y fuerzas del orden que tienen tentáculos con el narcotráfico", plantea la abogada de la organización indígena.

Caso Saweto a fojas cero

Desde 2008, el defensor ambiental Edwin Chota empezó a denunciar ante la fiscalía a taladores ilegales en su comunidad nativa, Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali, próxima a Brasil. Nunca le atendieron. En agosto de 2014, él y otros tres líderes comunales viajaban a una reunión con defensores del bosque del otro lado de la frontera, en Acre, y en el camino fueron cruelmente asesinados por personas ligada a la mafia de la tala.

Las viudas e hijos tuvieron que dejar sus casas por las amenazas de los madereros, que siguen hasta el momento. El juicio contra los responsables empezó en junio del año pasado y terminó en febrero con una condena de 28 años de prisión para dos empresarios madereros, como autores intelectuales, y tres perpetradores.

Sin embargo, hace un par de semanas, un tribunal de apelaciones de Ucayali anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio. Uno de los fiscales que había investigado el caso no entregó al siguiente fiscal el sobre lacrado que contenía la identidad de un testigo protegido y el que asumió la pesquisa no notificó la pérdida del documento. "A pesar de haber rechazado incluir al testigo protegido en el proceso, el juzgado añadió su testimonio en la redacción de la sentencia", informó el semanario Hildebrandt en sus trece.

La corte de apelaciones consideró un error el uso de ese testimonio. El semanario agrega que por lo menos tres de los magistrados de este caso están investigados por delitos o actuaron a favor de intereses corruptos en otras causas.

Asesinatos en 2022

"Perú es el cuarto país con más recursos forestales en el mundo", ha alertado Asesinatos en 2022 Laura Furones, coautora del Informe 2022 Global Witness, sobre los asesinatos a defensores ambientales. El informe registra tres asesinatos en el país andino el año pasado, todos en regiones de la Amazonía.

Las víctimas fueron Genaro Comisario Bitap, quien hizo denuncias contra la minería ilegal y narcotráfico en la región Loreto; Ulises Rumiche, un dirigente ashaninka aliado de Devida, la entidad antidrogas que promueve los cultivos alternativos a la hoja de coca; y Juan Julio Fernández Hanco, que operaba una concesión de reforestación de bosque y era amenazado por mineros ilegales en la región Madre de Dios.

Consultada la fiscalía sobre las investigaciones de estos tres casos, respondió que no tenía avances, aunque sí en el caso del asesinato de Contoricón. El 22 de agosto un juzgado ordenó la detención de los dos presuntos sicarios y una fianza de 5.000 soles (1.200 euros) que deben pagar dos cómplices secundarios.

El sistema de justicia opera regularmente de forma discriminatoria con los indígenas en Perú, pero la situación podría agravarse. El jueves, el Congreso aprobó que una comisión parlamentaria investigue por "falta grave" y destituya a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que nombra, investiga y sanciona a los jueces y fiscales. Dicha entidad investiga por tres causas de corrupción a la fiscal general, Patricia Benavides, una aliada del régimen autoritario que gobierna el país desde diciembre.

La Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones son los dos únicos entes del sistema de justicia aún no tomados por la coalición ultraconservadora. Naciones Unidas y una decena de organismos internacionales de derechos humanos han señalado que si se concreta esa pretensión del Congreso habrá una quiebra constitucional y un golpe a la separación de poderes.

Hasta mayo, la Defensoría del Pueblo alertaba y actuaba desde el Estado contra los retrocesos antidemocráticos y la defensa de los pueblos indígenas, pero el nuevo defensor nombrado por la mayoría parlamentaria es también un funcionario antiderechos y ha retirado a los defensores adjuntos de mayor experiencia y honestidad.