Un tribunal de apelaciones de Reino Unido ha declarado este miércoles ilegal el plan del Gobierno de deportar a Ruanda a migrantes, ya que considera que para llevar a cabo esta iniciativa, aprobada durante la etapa de Boris Johnson en Downing Street y cuestionada por organizaciones de Derechos Humanos y por la ONU, sería necesario cambiar antes el sistema de asilo británico.

El Tribunal Superior avaló en diciembre este sistema, pero un recurso presentado por activistas y solicitantes de asilo ha concluido finalmente con una simbólica derrota de uno de los planes estrella de Londres en materia migratoria, informa la BBC. El actual primer ministro, Rishi Sunak, defendía las deportaciones a Ruanda como forma de desincentivar los cruces en el canal de la Mancha.

El Gobierno anunció el acuerdo con Ruanda en abril de 2022 y el primer vuelo debía haber partido en junio de ese mismo año, pero fue cancelado a última hora tras la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Arrancó entonces un espinoso proceso judicial interno en el que se han examinado las diferentes variables de estos traslados, también por la posible desprotección de los migrantes afectados.

Sunak ha expresado este jueves su "respeto" por la decisión judicial, sin ocultar que "discrepa profundamente" de su contenido. El 'premier', que ha confirmado que intentarán recurrir el fallo, ha sostenido en un comunicado que las autoridades ruandesas han proporcionado "las garantías necesarias" para acreditar, por ejemplo, que "no hay un riesgo real" de deportaciones a terceros países.

"Ruanda es un país seguro. El Tribunal Superior está de acuerdo", ha esgrimido Sunak, que ha aludido también a un programa de traslado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desde Libia a Ruanda, pese a que esta agencia ha sido precisamente una de las voces más críticas con el plan británico al considerar que Reino Unido incumple obligaciones internacionales.

Sunak se ha comprometido a reducir las cifras de la migración, con el compromiso de "frenar los barcos" que llegan al sur de Reino Unido procedentes de Francia. También ha anunciado cambios para agilizar las expulsiones y el despliegue de ferrys para acoger de manera temporal a quienes atraviesen el canal de la Mancha. "La política de este Gobierno es muy simple: corresponde a este país y a su gobierno decidir quién viene, no a las bandas criminales. Y debemos hacer todo lo posible para que sea así", ha subrayado.

La ruta del canal de la Mancha se ha cobrado más de 200 vidas desde el año 2014, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registradas dos víctimas mortales desde comienzos de 2023.