Varios e interminables minutos de paliza y maniobras de asfixia como remate final: A João Alberto Silveira Freitas, de 40 años, vecino del humilde barrio de Vila Farrapos (Porto Alegre), antes de matarle, le deshumanizaron. Había discutido, supuestamente, con una cajera del Carrefour de la calle Rua Plínio Brasil Milano, en la capital de Río Grande del Sur. Sucedió el 19 de noviembre de 2020, en vísperas del Día de la Conciencia Negra, y su muerte puede significar un antes y un después en la lucha contra el racismo estructural en Brasil.

El asesinato de un cliente negro a manos de dos miembros del equipo de seguridad –ambos blancos– del hipermercado, con la colaboración y pasividad de otros tantos empleados, y la repercusión posterior supusieron que al Grupo Carrefour se le fueran amontonando los procesos judiciales, tanto individuales como colectivos. En total, seis personas están siendo investigadas –dos de ellas en prisión preventiva–. El escándalo ha dado lugar ahora a una histórica medida extrajudicial por la cual la empresa tendrá que "implantar un Plan Antirracista, reforzando y ampliando su política de enfrentamiento a la discriminación y a la violencia", fortaleciendo su política de promoción de los derechos humanos.

"Evaluando todos los demás procesos colectivos que han tenido lugar en Brasil y en América Latina, vimos que la Justicia brasileña daba migajas en la indemnización final", explica para Público Frei David, director ejecutivo de la ONG Educafro. Suya fue la primera acción civil pública contra la empresa: "Nuestra meta era no dejar esto en manos de la Justicia brasileña, nuestro objetivo fue negociar. La Justicia brasileña es injusta y racista, no cuenta con nuestra confianza".

En diciembre arrancó una negociación pionera, por su cuantía final y por su contenido. Ni a las partes demandantes ni a la parte demandada les interesaba que la contienda durara años. Comandaron las conversaciones desde las Fiscalías federal y estatal –Ministerio Público Federal, Ministerio Público del estado de Río Grande del Sur y Ministerio Público de Trabajo– y desde las Defensorías Públicas de la Unión y del estado. "Comenzamos a hacer cálculos, el movimiento negro nos ayudó en eso", señala para este reportaje Gisele Müller Monteiro, fiscal de derechos humanos de Porto Alegre, que ha participado en el convenio en nombre del Ministerio Público de Río Grande del Sur.

"El valor final se fue construyendo por ejes. Analizamos también la facturación anual de la empresa". Así se alcanzó la cuantía definitiva de 115 millones de reales –unos 19 millones de euros–, requerida al Grupo Carrefour en un plazo de tres años para abastecer económicamente este Plan Antirracista, cometido central del Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) [Acuerdo de compromiso de ajuste de conducta], que es como se conoce en Brasil a este tipo de medidas extrajudiciales.

"Ha sido una negociación de varios factores", añade la fiscal. "Nosotros, por ejemplo, pusimos el foco en la educación". Tras contrastar con representantes de la comunidad negra cuáles eran las áreas de mayor interés, comprobaron que, a pesar de existir la política de cuotas para acceso a las universidades, las dificultades de después impedían la continuidad por parte de los alumnos: por eso las becas sugeridas en el plan –valoradas en 74 millones de reales– serán de permanencia y de graduación y posgraduación. Ocho millones estarán destinados a proyectos de empredimiento para la población negra; catorce serán para proyectos y campañas sociales, educativos y culturales. En un plazo de 180 días Carrefour tendrá que lanzar un programa de prácticas de empresa, exclusivo para la población negra, valorado en cuatro millones de reales.

La empresa también tendrá que contratar a 30.000 empleados negros, y formar a 300 para que se conviertan en líderes –proceso valorado en 5 millones de reales–. Dos millones de reales irán destinados al Muelle de Valongo, patrimonio de la humanidad de la Unesco, surgido desde las profundidades en las obras de remodelación de la zona portuaria de Río de Janeiro. Al Muelle de Valongo llegaron, en las primeras décadas del siglo XIX, más de un millón de africanos esclavizados. El Grupo Carrefour tendrá que distribuir otros dos millones de reales entre comunidades quilombolas, descendientes precisamente de los asentamientos de la población esclavizada que lograba escapar de las haciendas.

El resto del valor asignado en este acuerdo de compromiso de ajuste de conducta se reparte entre una auditoría interna para inspeccionar el funcionamiento de los protocolos de seguridad, gestión de denuncias y redes de proveedores –2 millones– y la contratación de una auditoría externa que controle anualmente la realización de todas las obligaciones descritas –4 millones–.

Carrefour y el reto de convertirse en "agente transformador"

El Grupo Carrefour, desde noviembre, está tomando todas las medidas necesarias para reparar lo sucedido y aportar en la obligatoria aceleración de la lucha antirracista en Brasil. Buscan, así lo aseguran sus altos directivos, convertirse en un "agente transformador". Pero han tenido que encadenarse dos tragedias consecutivas para que llegara esta reacción. Antes, en agosto del año pasado, esta vez en Recife (Pernambuco), cuando en otro de sus hipermercados falleció de un ataque al corazón el comercial de uno proveedores de la empresa, los trabajadores taparon su cuerpo con sombrillas y el hipermercado continuó en funcionamiento. Manoel Moisés Cavalcante, de 59 años, también era negro. Quedó tirado en uno de los pasillos de la tienda durante más de tres horas.

El propósito de reconstrucción de la imagen de Carrefour en Brasil y su intención de apoyar la lucha antirracista comenzó a ser ideado de inmediato, tras el suceso de noviembre, con el asesoramiento de un comité externo independiente, en torno a una serie de compromisos, y está siendo almacenado en la web Não vamos esquecer [No vamos a olvidar]. Anunciaron, de salida, 40 millones de reales para combatir el racismo en Brasil, de los cuales ya se han efectivado 25, anticipándose a lo que luego vendría con la medida extrajudicial, que sabían que llegaría en algún momento, como respuesta al daño causado a la sociedad, pero no cuándo –los 115 millones de reales del TAC son aparte–. Por el camino, cerraron nueve acuerdos de indemnización individual con familiares de la víctima.

El vicepresidente de relaciones institucionales del Grupo Carrefour en Brasil, Stéphane Engelhard, se ha prestado a ofrecer la versión de la empresa para Público. Van a tratar de "hacer de esta tragedia una oportunidad para cambiar la sociedad brasileña". Según Engelhard, el grupo está bastante adelantado en cuanto a liderazgo de la población negra en su organigrama con respecto a la media de las empresas brasileñas: el 21% de los cargos de directoría están ocupados por trabajadoras o trabajadores negros, así como el 34% de los cargos de gerencia. El nuevo programa de liderazgo estipulado en el Plan Antirracismo reforzará esta cuestión.

El compromiso del Grupo Carrefour incluye auditorías, sí, pero las organizaciones sociales ya han advertido que ejercerán una presión sin descanso para que cada capítulo del documento sea cumplido pertinentemente. En este aspecto, hay cierto optimismo. "Están queriendo reparar de manera profunda, de manera sincera", aseguran desde Educafro: "Otros TAC no tenían sanciones ni plazos. Este TAC tiene sanción y tiene plazos. Además, los anteriores procesos colectivos en Brasil y en América Latina no alcanzaron ni el cinco por ciento de este valor". Han decidido, destacan desde la ONG, debatir el racismo utilizando "la herramienta del capitalismo: el dinero".

Desde el Ministerio Público estatal, la fiscal Müller Monteiro acentúa el hecho de que el convenio es inédito en esta área, pero parece tranquila respecto a su cumplimiento porque "la empresa ya ha separado una serie de valores en cuentas bancarias específicas, para que las cantidades estén a disposición de la Fiscalía cuando se oficialicen las convocatorias públicas". La misma empresa, por otra parte, ha fijado plazos muy cortos para los pagos. "Y, en caso contrario, hay multas que se van sumando".

Stéphane Engelhard, de Carrefour, afirma que la manera más práctica de que la población confíe en ellos es ver que "los compromisos están avanzando, ya hay cosas realizadas". El modelo de medida extrajudicial que tendrá que cumplir su empresa ya está sirviendo de referencia para otras acciones civiles en el mismo ámbito.