Grecia tendrá acceso a un tercer rescate por un valor que, según las últimas informaciones, rondará los 86.000 millones de euros. A cambio, tendrá que hacer importantes reformas, asumir más recortes y sacar adelante privatizaciones en varios sectores. El propio Alexis Tsipras ha reconocido que su Gobierno ha tenido que hacer "concesiones díficiles". Como contrapartida, Grecia ha obtenido una vaga promesa de reestructuración de la deuda, pero tal posibilidad no se estudiará hasta el próximo otoño, cuando se pueda ver ya de una forma más clara si Grecia cumple o no.

Hasta el propio ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha declarado que a Grecia le quedan "aún pasos difíciles". Pero, ¿qué condiciones son esas?

Es, seguramente, la medida más polémica y la mayor concesión del Gobierno griego. El Ejecutivo de Tsipras tendrá que transferir activos públicos a un fondo que será de titularidad griega aunque supervisado por la troika. Esos bienes serán privatizados. Con esas privatizaciones los líderes europeos esperan recaudar 50.000 millones de euros. Tres cuartas partes de esa cantidad se utilizarían para recapitalizar los bancos y reducir la deuda; sólo el 25% iría a realizar inversiones en el país. 

En este fondo estarían incluidos todos los sectores: el energético, transportes, telecomunicaciones, etcétera. Por ejemplo, la troika exige a Grecia la privatización de la red de transporte eléctrico. En realidad, el fondo de privatización actúa como un aval a cambio de más ayudas. El volumen de privatizaciones es inmenso: en los últimos años las privatizaciones no han llegado a 4.000 millones, según cuenta Alberto Sicilia desde Atenas.

Otro punto muy sensible. Grecia acepta una "ambiciosa" reforma de las pensiones que incluye una ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años, endurecimiento de las condiciones de prejubilación y congelación de las pensiones hasta 2021. Esta medida tendrá que ser aprobada antes del 15 de julio por el Parlamento de Grecia

El Parlamento griego también tiene que aprobar medidas fiscales que incluyan simplificación de los tipos del IVA y una amplia aplicación de fiscalidad.

En cuanto al mercado laboral, el Gobierno de Tsipras ha aceptado acometer una revisión de los convenios colectivos, huelgas y despidos colectivos. Además, se ha comprometido a una reforma del mercado de productos que incluirá comercio en domingos, propiedad de las farmacias, lácteos y panaderías.

Este punto incluye medidas para regular sobre préstamos incobrables y propiciar la eliminación de "interferencias políticas".

Grecia tendrá que rebajar los costes de la administración pública y reducir la influencia política sobre la misma. La primera propuesta se presentará antes del 20 de julio. 

Por otra parte, tendrá que obtener la aprobación de los acreedores en leyes clave antes de someterlas a consulta pública o al parlamento. Asimismo, el país heleno tendrá que tomar medidas para reformar su sistema de justicia civil y aplicación de la normativa de la UE para el autorrescate de bancos.