"Este invierno no va a ser fácil. Pero el próximo será incluso más difícil". Es el pronóstico que impera en todas las quinielas europeas. Los ministros de Energía de la Unión Europea, reunidos en el segundo Consejo extraordinario de este mes, han acordado el primer cortafuego para reducir el consumo energético y aliviar la tarifa de la luz de sus ciudadanos. Pero el próximo asalto se presupone más complicado. Los Veintisiete han confirmado sus divisiones en torno a la cuestión clave de cómo hacer frente al precio desorbitado y volátil del gas.

En este sentido hay dos bloques opuestos. España, Italia o Francia lideran el grupo de 15 Estados miembros que exigen imponer un precio límite al precio de todo el gas que importa la UE e intervenir el mercado del Title Transfer Facility (TTF) neerlandés, que marca el precio de referencia global del gas. Pero en el otro lado se encuentra el bando capitaneado por Alemania y Países Bajos, que temen que estas iniciativas deparen en un alejamiento de los proveedores de gas, como Argelia o Noruega. Su argumento es que estos productores de gas podrían ver otros mercados más atractivos derivando en escasez y desabastecimiento en el suministro energético a un bloque comunitario que todavía lucha por desprenderse de su dependencia energética con Rusia.

Es en esta disyuntiva donde se encaja el doble dilema y reto de la UE para hacer frente a unos mercados energéticos "volátiles" e "inestables" a causa de lo que en la capital comunitaria definen como un "chantaje" del presidente ruso, Vladímir Putin: el alto precio del gas y los problemas de desabastecimiento y falta de estructuras energéticas. Una de las causas por las que esta crisis energética está resultando más punzante en Europa que en otros rincones del mundo responde a la estructura del sistema eléctrico europeo. Bajo el modelo vigente, la energía más cara marca el precio de salida del resto. Y así, en una industria que opera con mucha opacidad, el gas ha arrastrado a otras fuentes más baratas como las renovables.

Las medidas aprobadas en el Consejo del viernes pasan por asentar una reducción obligatoria del consumo energético del 5% en las franjas de mayor demanda y por una intervención del mercado energético en torno al límite de las energías inframarginales –principalmente nucleares y renovables- y una tasa del 33% a los beneficios extraordinarios de las compañías fósiles.

Pero para España estas iniciativas son "insuficientes". Teresa Ribera, vicepresidenta a cargo de Transición Ecológica, aterrizaba en la cita de la capital comunitaria expresando su "decepción" por unas medidas sobre la mesa que consideraba "cortas" ante los retos actuales. Tras el encuentro con sus homólogos europeos ha pedido más contundencia y urgencia. "Si no ponemos un tope al gas podríamos tener un impacto importante sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE, sobre la producción industrial y sobre los consumidores", ha asegurado con contundencia en la rueda de prensa posterior.

Próximos pasos

El mensaje principal ha calado: transmitir a la Comisión Europea la sensación de urgencia para medidas más contundentes que contengan una crisis en la que los europeos ya van tarde. Bruselas presentará en los próximos días más medidas en el campo energético. Se espera que lleguen antes de la cumbre que los 27 líderes europeos celebran el próximo jueves y viernes en Praga.

¿Por dónde irán? El Ejecutivo comunitario continúa reacio a aplicar un tope generalizado al gas. Esgrima que ello pondría a Rusia y a otros socios "de confianza" como Argelia o Noruega al mismo nivel. Su opción preferencial continúa siendo limitar esta medida al hidrocarburo procedente de Moscú. "Rusia es un caso especial. Y personalmente creo que podríamos imponer un tope al precio de todo el gas procedente de este país, incluido el gas natural licuado", ha asegurado Kadri Simson, comisaria de Energía, al fin del encuentro.

Los expertos del Berlaymont trabajan ya en el análisis de varios escenarios que evalúen el impacto de las diferentes medidas como el tope a todo el gas, un límite dinámico o una compra conjunta de gas, como ocurrió con las vacunas en la crisis del coronavirus. Su principal objetivo es enviar un mensaje de calma a sus proveedores de gas natural licuado (GNL) con los que quiere abrir negociaciones para llegar a un acuerdo sin medidas unilaterales y a la fuerza.

Una de las opciones que se abre paso es extender la llamada excepcionalidad ibérica, que España y Portugal aplican desde junio, al grueso de la UE. Así, los Veintisiete desacoplarían el precio del gas al de la producción energética. En España se congratulan porque consideran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está marcando el paso con el que Bruselas "se inspira" para hacer frente a la actual crisis energética.

En definitiva, hay muchas opciones sobre la mesa. Pero todas tienen un puerto común: reducir el precio del gas sin motivar un mayor consumo de este recurso y poner la zancadilla a la transición verde. La segunda meta compartida es la de que el gas no puede condicionar el precio de la electricidad. Por ello, una vía que tampoco se descarta es la de cambiar la referencia europea del índice de gas establecida por el TTF por otro que "refleje mejor las dinámicas actuales del mercado".