A Julian Assange, fundador de WikiLeaks, se le agotan las alternativas para evitar su extradición a los Estados Unidos, donde se enfrentaría a cargos que pueden sumar más de 100 años de prisión.

El 6 de junio, Jonathan Swift, juez del Tribunal Superior de Justicia de Londres –High Court– rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Assange contra la decisión del Gobierno británico de extraditar al periodista. De esta manera, la justicia británica avala el dictamen del Ejecutivo de enviar al antiguo editor de WikiLeaks a EEUU para que sea juzgado allí.

Ahora, a los abogados de Assange les queda una última carta por jugar en la jurisdicción inglesa: recurrir la decisión del juez en el mismo organismo. La defensa ha presentado un nuevo recurso para que otros dos jueces de la High Court valoren de nuevo los motivos de apelación –grounds of appeal– rechazados por Swift la semana pasada. Lo que se pide es que dos jueces revisen la decisión tomada por este.

Si esta estrategia de defensa no funcionara, sólo les quedaría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde ya han recurrido la decisión de la Supreme Court de extraditar a Assange a pesar de las razones humanitarias y el riesgo de suicidio argumentado por sus abogados. Paralelamente, podrían solicitar al organismo europeo medidas cautelares para evitar su extradición hasta que ambos recursos se resolvieran.

En abril del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Londres emitió una orden de extradición sobre Assange para que fuera enviado a EEUU, donde le espera una acusación de 18 cargos relacionados con delitos informáticos y espionaje. El tribunal londinense puso la decisión final en manos de la ministra de Interior de Reino Unido, Priti Patel, quien finalmente firmó la orden de entrega del periodista en junio de 2022.

La defensa trató de revertir esta decisión argumentando, principalmente, que no se cumplía el principio de especialidad que establece que la persona extraditada sólo puede ser juzgada por los motivos por los que fue aprobada su extradición. En EEUU, Assange será juzgado en relación a la filtración de miles de documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán, publicados en WikiLeaks en 2010. Sin embargo, la defensa teme que una vez pise territorio norteamericano, sea juzgado por otras informaciones difundidas por el medio.

Ante la negativa del juez de discutir este fundamento, sus abogados piden que se revise de nuevo esta decisión. En función de la decisión que se tome sobre este asunto, podría abrirse una pequeña ventana en el oscuro futuro de Assange.

En principio, existen tres posibilidades. Si los jueces admiten a trámite alguno de los motivos de apelación, se celebrará una vista pública en la que los argumentos de la defensa para evitar la extradición de Assange podrán ser denegados o aceptados. De aceptarse alguno de ellos, se pararía la extradición del periodista australiano y EEUU podría apelar, dejando la decisión final en manos del Tribunal Supremo de Reino Unido –Supreme Court–. Este sería el mejor escenario para el fundador de WikiLeaks.

La segunda opción, menos esperanzadora para Assange, es que en la celebración de la vista los jueces desestimen definitivamente los argumentos de la defensa, a la que sólo le quedaría apelar a la Supreme Court.

En tercer lugar, cabe la posibilidad de que la High Court ni siquiera acepte estudiar los argumentos presentados por los abogados. De ser así, la única opción que tendría la defensa es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el último escenario en el que Assange podría luchar contra su extradición.

Por el momento, la Justicia británica no pone límite de tiempo para resolver dicho recurso, aunque la defensa estima que podría ocurrir en un plazo aproximado de un mes. Hasta ese momento, los tres escenarios están sobre la mesa.

De la embajada de Ecuador a Belmarsh

Desde que WikiLeaks publicara en 2010 varios reportes de la guerra de Irak y de Afganistán, así como cables diplomáticos e información confidencial sobre Guantánamo, Estados Unidos ha desplegado toda su maquinaria judicial para juzgar en su territorio al editor del medio. Actualmente, EEUU acusa a Assange de varios delitos por conspiración para la intrusión informática y revelación de documentos clasificados.

Julian Assange pasó siete años dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, bajo la protección del expresidente latinoamericano, Rafael Correa. Pero la llegada de Lenin Moreno a la presidencia de Ecuador cambió el rumbo del australiano, que terminó siendo expulsado de su refugio diplomático el 11 de abril de 2019.

Desde entonces, Assange se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido). El largo encierro y el estricto régimen de visitas han deteriorado la salud mental del periodista, advierten su equipo legal, sus familiares y la organización por la defensa de la libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras, a los que las autoridades de la prisión impidieron el acceso al centro penitenciario el pasado abril.

El delicado estado de salud mental de Assange y su potencial riesgo de suicidio fue la razón por la que la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Londres, Vanessa Baraitser, denegó en 2021 su extradición a EEUU.

A pesar de ello, la jueza rechazó el resto de los argumentos esgrimidos por la defensa (a excepción del humanitario) para impedir el traslado de Assange, como el principio de proporcionalidad, la doble incriminación o el abuso del proceso por parte de EEUU.

Estados Unidos presentó entonces un recurso en el que cuestionó el riesgo de suicidio argumentado por la defensa y, a su vez, garantizaba a Reino Unido establecer unas condiciones de encarcelamiento favorables para Assange, que incluían la prestación de un tratamiento psicológico adecuado.

Aceptadas estas razones por el juez inglés Timothy Holroyde, la extradición se activó de nuevo en 2022. Desde entonces, el cerco se ha ido estrechando sobre Assange, que se encuentra a las puertas de su última opción, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La defensa también ha pedido a la High Court que revise de nuevo los argumentos descartados por Vanessa Baraister, con la esperanza de que alguno de ellos sea discutido en una vista pública y conseguir así otra vía para paralizar la extradición.

En paralelo al proceso judicial, los familiares de Assange exploran la vía diplomática, en busca de apoyos a la causa del periodista. El presidente de Brasil, Lula da Silva, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, o la ministra de Estado de Cultura y Medios de Comunicación alemana, Claudia Roth, son algunos de las personalidades que han mostrado su secundado la liberación de Assange, confirmó a Público Stella Moris, abogada y esposa de Assange, en una entrevista reciente. Por su parte, el Gobierno español aún no ha tomado parte en este asunto.