Dos comisiones del Parlamento Europeo, la de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, han aprobado este miércoles una propuesta de Directiva sobre violencia de género que establezca norma mínimas en toda la Unión Europea a la hora de penalizar algunos tipos de violencia sexual contra las mujeres y el acceso de las víctimas a la justicia. 

El texto acordado contempla que todas las agresiones sexuales sin consentimiento sean consideradas violaciones, tal como estableció también la ley española del sólo sí es sí. Ambos modelos siguen los lineamientos del Convenio de Estambul, un tratado internacional del Consejo de Europa que exige a los estados miembros no basarse en la fuerza y en la intimidación que se ejerce contra las víctimas, sino en la necesidad de que exista un consentimiento explícito.

La propuesta de directiva contempla tipos penales comunes para delitos relacionados con el ciberacoso, la mutilación genital femenina y la violación. En este sentido, el texto establece para la violación una pena máxima que no pueda estar por debajo de los ocho años y que se incremente a los diez en el caso de existir agravantes. También establece que el plazo de prescripción de estos delitos deberá ser, al menos, de 20 años desde la comisión de los hechos.

El texto propuesto va más allá del que puso encima de la mesa la Comisión Europea, no sólo por poner el consentimiento en el centro, sino por incorporar delitos que ésta no contemplaba, como la mutilación genital intersex, la esterilización forzada, el matrimonio forzoso y el acoso sexual laboral como delitos de violencia de género.

Un texto histórico

"Celebramos que siga adelante esta Directiva histórica porque hasta ahora solo dos países de la UE, España y Suecia, tienen legislaciones contra la violencia de género", afirmó tras la votación María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de La Izquierda y ponente en la sombra del informe del Parlamento Europeo.

La Directiva es importante porque "sentará una base para combatir la violencia de género en toda la UE y, cuando entre en vigor, las víctimas estarán más protegidas y mejor atendidas que hasta ahora", añadió., ha destacado Rodríguez Palop.

Por su parte, la eurodiputada socialista Lina Galvez ha resaltado la importancia de este acuerdo para garantizar estándares mínimos en la UE en materia de violencia sexual hacia las mujeres y ha afirmado que
pese a que España "tiene una de las legislaciones más avanzadas en esta materia, nada está seguro si, como estamos viendo, Partido Popular y Vox conforman nuevos gobiernos que niegan la violencia de género, como violencia específica y estructural. Por ese motivo, para España también es muy importante esta Directiva. No hay que dar nada por sentado".

"Ninguna mujer en Europa entenderá o estará de acuerdo con eliminar el sexo sin consentimiento como delito en la directiva. Una violación no tiene que ser violenta: si una mujer no consiente, es violación", defendió en un comunicado una de las principales negociadoras del texto, la eurodiputada popular irlandesa Frances Fitzgerald.

Proxenetismo y aborto se quedan fuera

A pesar de la importancia que tiene esta directiva, algunas voces por la izquierda lamentan que no se haya avanzado todo lo que se quería. Algunos temas clave se han quedado fuera del texto, como por ejemplo lo que tiene que ver con el proxenetismo y la denegación del acceso al aborto, que al no entrar en el documento no serán considerados como delitos en el conjunto de países que forman la UE.

Si bien el grupo The Left (La Izquierda) hizo una enmienda oral para que el proxenetismo fuera incluido, finalmente se quedó fuera del acuerdo. El hecho de que la denegación del aborto no se considere como un eurodelito debilitará la posición de la UE en contra de países como Polonia o Hungría cuyas leyes prohiben o restringen el derecho al aborto hasta hacerlo prácticamente imposible. 

El texto fue aprobado por un amplio consenso, puesto que recibió 71 votos a favor, cinco en contra y siete abstenciones. Ahora deberá ser refrendado por el Pleno de la Eurocámara que tiene previsto votarla en julio, durante la presidencia de España de la UE.