La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Al Salem, expresó este martes su preocupación por el hecho de que la ley sobre consentimiento sexual haya reducido las penas a violadores condenados. 

"Aunque no se puede dar marcha atrás, ahora es crucial que el Gobierno español y sus instituciones supervisen el impacto real de la puesta en libertad anticipada de los autores de violencia en la vida de las víctimas, traten de minimizar la revictimización y garanticen su protección", afirmó la experta.

El comunicado llega justo el día en el que el Tribunal Supremo inició dos jornadas de revisión sobre una treintena de recursos por rebajas de la ley del libertad sexual con el fin de establecer jurisprudencia sobre las reducciones de penas y el uso del derecho transitorio. También en el inicio de un proceso electoral que ha disuelto las Cortes Generales y en el cual las repercusiones de la ley del sólo sí es sí se siguen utilizando como un arma arrojadiza entre distintas formaciones políticas.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, desde noviembre del año pasado hasta principios de mayo de 2023, se produjeron 1.079 rebajas a condenados por violencia sexual y algo más de 100 excarcelaciones.

En su escrito, Al Salem da un tirón de orejas a los legisladores, afirmando que esta "desafortunada consecuencia de la ley podría haberse evitado si se hubiera prestado más atención a las voces de las distintas partes interesadas que habían advertido contra esta consecuencia obstructiva, como las expresadas por organizaciones de la sociedad civil, políticos y el Consejo General del Poder Judicial".

Las rebajas mandan un mensaje erróneo

Para la relatora, reducir las penas a perpetradores de violencia sexual contra mujeres y niñas "en un país con una elevada tasa de feminicidios", envía "un mensaje erróneo sobre las prioridades del Estado a la hora de acabar con la violencia contra mujeres y la niñez y luchar contra la impunidad de tales delitos".

También resalta que dada la importancia de la ley y de sus implicaciones de largo alcance para las víctimas, "debería haberse concedido más tiempo a las consultas sobre el proyecto de ley, en lugar de apresurarse a aprobarlo". La norma, una de las que más polémica levantó desde el inicio de su tramitación entre los socios de Gobierno de coalición, tuvo una tramitación de más de dos años y concluyó en un trámite parlamentario convulso, en el que hasta el último momento hizo peligrar la aprobación de la norma debido a las discrepancias por la intención del PSOE de introducir en la norma medidas contra la prostitución que otros grupos rechazaban.

La experta de la ONU resalta también en su comunicación su preocupación de que la ley no estuviera acompañada de "recursos para garantizar su correcta aplicación. Se calcula que un tercio de las víctimas de violencia sexual en España no ha recibido ninguna compensación por la violencia sufrida. Alrededor de la mitad de las víctimas no reciben ninguna compensación prevista en las sentencias impuestas por los tribunales a sus agresores".

También lamenta que las consecuencias negativas "han eclipsado muchos aspectos positivos de la ley de consentimiento sexual, que incluyen medidas preventivas para combatir la violencia sexual; reconocimiento de los derechos de las víctimas y facilitación de su acceso a los recursos; énfasis en la obligación del Estado de proporcionar asistencia jurídica y médica; y garantías del derecho a la reparación", añadió Al Salem.

La norma aprobada en el Parlamento en septiembre de 2022 y que entró en vigor el 7 octubre, reconoce una serie de beneficios económicos y de reparación similares a los que tienen asignadas las víctimas de violencia de género (la que ocurre en las relaciones de pareja). Sin embargo, para que éstos fueran efectivos se necesitaba plasmarlos en un Real Decreto que debía regular las ayudas y prestaciones, algo que no ocurrió y que el adelanto electoral impide ahora que se realice.

Consentimiento en el centro

En su escrito, la relatora incide en uno de los puntos clave de la ley como es el consentimiento. Para esta experta, "utilizar el umbral de si hubo consentimiento o no como carga de la prueba pierde sentido en muchas situaciones y puede llevar a que la carga de la prueba recaiga en las víctimas y no en los agresores", como en casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual y abuso, y de explotación de la prostitución y la pornografía.

Al Salem reconoce el esfuerzo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la gestión de la crisis, que pidió perdón públicamente a las víctimas en abril pasado y el cambio de la norma "que restableció los niveles de castigo para los delitos sexuales y de género contra las mujeres y los menores" que existían en el Código Penal anterior a la norma.

Por último, Al Salem recomendó que la ley incluyera una descripción más clara de la palabra género, "más acorde con el estándar internacional de derechos humanos", y una distinción más clara en la ley entre los términos "sexo" y "género".