El Gobierno ha desclasificado parte de la documentación secreta sobre el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al entorno independentista catalán. En concreto, la relativa a la intervención del teléfono móvil de Peré Aragonès, presidente de la Generalitat de Catalunya, con el sistema israelí Pegasus en 2020, cuando era vicepresidente del Govern catalán. 

El Gobierno ha accedido a la petición del juez Santiago García, titular del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, que pedía la desclasificación, como solicitaba también el propio Aragonès, de cara al interrogatorio en calidad de investigada, el próximo 26 de enero, de la exdirectora del CNI Paz Esteban. 

La desclasificación permitirá a Paz Esteban explicar en sede judicial detalles sobre el espionaje sufrido por Aragonès, ya que mientras la información esté clasificada tiene la obligación de mantener silencio. La exjefa del espionaje español ya reconoció la intromisión por parte del CNI en los dispositivos móviles de 18 dirigentes independentistas, entre ellos Aragonès. Ocurrió en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, el 5 de mayo de 2022. Cinco días después, el Gobierno la destituyó tras conocerse que los móviles del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados también con Pegasus. 

La orden judicial para espiar

Los documentos desclasificados este martes por el Gobierno serán enviados al Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona. Pero ¿qué es exactamente lo que se ha desclasificado como secreto de Estado? Aún no se conoce, pero se da por seguro que entre otros estará la autorización del magistrado del Supremo Pablo Lucas, el competente para autorizar al CNI el espionaje cuando afecta a escuchas telefónicas y otros derechos fundamentales. 

Y ¿en base a qué motivo y quién pidió al magistrado Lucas la autorización para intervenir el móvil de Pere Aragonès? La representación letrada del president cree que "lo importante es poder ver la petición que llegó al juez más que la autorización que él firmó", dice el abogado Andreu Van den Eynde. 

En dicha solicitud debería constar no sólo la identidad del peticionario sino además el motivo por el que era necesario intervenir el móvil del entonces vicepresidente de la Generalitat: "Me resulta raro pensar que un juez autorice a un alto mando del CNI a espiar a un vicepresidente autonómico sin justificación. Esto son terrenos inexplorados. No hemos visto nunca documentos semejantes, no sabemos qué aparecerá en ellos", explica el letrado de Pere Aragonès. 

Andreu Van den Eynde cree que motivos fundados para proceder así contra un cargo público, interceptar sus llamadas y espiar su vida íntima no existían. "Interesaba conocer lo que hacía el independentismo. Esa será la razón aducida", aventura el abogado. 

La querella de Aragonès contra el CNI, que investiga el juez Santiago García, recoge presuntos delitos de intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales, y el magistrado cree que existen indicios que  "hacen presumir la posible existencia de infracciones penales". 

Pere Aragonès declaró como perjudicado en el juzgado el pasado mes de diciembre y alegó que fue espiado por el CNI entre julio de 2018 y marzo de 2020, en unos momentos muy cruciales, cuando ERC estaba sumida en negociaciones políticas relevantes, como la primera investidura de Pedro Sánchez o la 'mesa de diálogo'. El Gobierno de Sánchez se ha desvinculado del espionaje y lo achaca en exclusiva a los servicios secretos. 

Espionaje masivo al independentismo

Citizen Lab, una organización de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, reveló, en abril de 2022, en un informe que más de 60 políticos, abogados y activistas catalanes habían sido espiados por el sistema Pegasus, entre 2017 y 2020. Entre ellos, figuran los expresidentes Quim Torra y Artur Mas o colaboradores del expresidente Carles Puigdemont, como su abogado Gonzalo Boye. También, el líder de Bildu, Arnaldo Otegui. 

"Tenemos más de 80 móviles de entorno independentista peritados y se confirma que fueron espiados", anuncia el letrado Andreu Van den Eynde, que se pregunta: "¿Nos van a ayudar los jueces a llegar hasta el final en esta investigación que afecta a los derechos fundamentales de tantas personas?" 

El abogado de Aragonès explica que "tenemos 20 querellas por el tema del espionaje con Pegasus en distintos juzgados y solo un juez [por el del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona] parece que quiere investigar". Y añade que la Fiscalía "se ha opuesto a todos mis recursos, dice que no se investiguen los casos".

Un programa espía que compró Rajoy

Fue Público el medio que años antes de que estallara el escándalo por el espionaje con Pegasus había descubierto que el Gobierno de Mariano Rajoy compró con fondos reservados en 2014 los sistemas Sprinter e InterApp, diseñados por la compañía israelí Grupo Rayzone para "que las agencias de inteligencia y policiales intercepten y graben llamadas de voz y mensajes de texto". Este sistema después se llamó Pegasus. 

Y precisamente el Gobierno no ha accedido a desclasificar  todo lo que le ha pedido el juez de Barcelona. Ha rechazado desclasificar la documentación relativa al encargo, compra, instalación y soporte técnico del programa Pegasus por parte del CNI. El Gobierno considera que se trata de datos que afectan a la seguridad nacional, lo que justifica que esa información siga bajo el manto de la ley de secretos oficiales.  

El abogado de Pere Aragonès considera que es posible que la información desclasificada sirva para arrojar luz a las comisiones de investigación sobre el caso Pegasus y la operación Catalunya, en tanto ambas tienen en común el espionaje a dirigentes del independentismo catalán. "Tiene sentido hacer esa investigación parlamentaria. La hipótesis, que costará demostrar, es que todos los aparatos del Estado se coordinaron para frenar el independentismo en Catalunya", asevera Andreu Van den Eynde.