La relación entre el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) ha vuelto a estallar y provocar un terremoto político. Ya sucedió este mes de marzo tras una moción de censura fallida en Murcia, cuyas consecuencias afectaron a todo el panorama político estatal. Le siguió la Comunidad de Madrid y, mientras todas las miradas apuntaban a Andalucía, ha continuado en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco anunciaba este lunes el cese de los consejeros de Cs y un adelanto electoral que ya se barruntaba en el ambiente.

Más allá del cruce de declaraciones entre los principales protagonistas, Pablo Casado e Inés Arrimadas incluidos, hay un asunto que subyace también en la decisión. El horizonte judicial en el PP de Castilla y León no es el más alentador y hay una serie de investigaciones por corrupción pendientes y cercanas en el calendario. 

La primera cita señalada tiene que ver además con las primarias del partido en las que Mañueco ganó y se convirtió en candidato a presidir la Junta de Castilla y León. El próximo día 30 de diciembre, es decir la semana que viene, se sentarán ante el banquillo, como imputados, el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, su gerente, Isabel Sánchez, y el propio partido como persona jurídica. El juez ve indicios de financiación ilegal en las donaciones anónimas que sirvieron para pagar cuotas atrasadas de afiliados del PP, de forma que pudieran participar en las primarias. Si un afiliado no estaba al corriente de pago no podía participar en ese proceso electoral.

Mientras la oposición, con el PSOE de Luis Tudanca a la cabeza, pedía su dimisión, Mañueco esquivaba las críticas y respaldaba a los acusados, negándose además a que estos dimitieran de sus cargos. Él mismo además se reafirmaba como líder del partido en la región convocando un Congreso previsto para los próximos 15 y 16 de enero en León y para el que se volverá a presentar como candidato. 

Otro asunto que se juzgará en breve es el llamado caso de "La Perla Negra". La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo desde el día 14 de marzo de 2022 a 12 encausados. Entre ellos, varios ex cargos del PP de la Junta de Castilla y León durante el mandato de Juan Vicente Herrera, presidente hasta 2019. Las penas más elevadas se solicitan para la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de la empresa Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de 11 años de privación de libertad para cada uno de ellos.

La acusación pública imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.

El propio Herrera declarará como testigo en el juicio. Mañueco formaba parte del Gobierno cuando se realizaron estas operaciones presuntamente corruptas aunque en la Comisión de Investigación celebrada el pasado año en el Parlamento de Castilla y León defendió su completo desconocimiento del asunto. 

En el horizonte judicial también está presente la denominada "trama eólica", un caso que se viene investigando desde hace al menos 5 años por las supuestas irregularidades en la concesión de licencias para la instalación de parques eólicos en Castilla y León. El pasado mes de noviembre, el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid dictó apertura de juicio oral a 17 investigados en la denominada trama eólica en Castilla y León, entre los que se encuentran cinco exaltos cargos de la Junta y 11 empresarios, entre ellos también Delgado. 

El juez incluyó también a la Junta como responsable civil subsidiario en este asunto, aunque el consejero de Presidencia negó que estuvieran obligados a pagar una cantidad en concepto de fianza que exigía la justicia. Mientras tanto, en las Cortes, la mesa de la cámara autonómica rechazó la comparecencia de Mañueco para dar explicaciones a petición del PSOE. Tampoco está participando el presidente en la Comisión de Investigación abierta en sede parlamentaria. Ambas comisiones, más allá de los juicios pendientes, decaerán ahora con la convocatoria electoral.

Este "horizonte judicial complicado" podría ser una de las razones estratégicas de Génova para haber presionado a Mañueco en esta convocatoria electoral, según algunas fuentes consultadas por Público. Las elecciones llegarán así el 13 de febrero con todos los asuntos judiciales por resolver y fuera de foco y con las encuestas de cara para una mayoría holgada del actual presidente, aunque contando con el apoyo de Vox.

La forma en la que se materializará ese apoyo si las proyecciones se cumplen está por ver. La fuerza ultraderechista ha sido muy crítica con el equipo de Gobierno actual pero ningún escenario está descartado y hay quien apuesta porque sería el primer ensayo de una coalición entre PP y la extrema derecha. La otra opción es el modelo Ayuso o Moreno, un apoyo externo basado en una serie de condiciones. 

Cs descarta otras rupturas

Tras esta ruptura entre PP y Cs, el único Gobierno de coalición autonómico vigente es el de Andalucía. Las relaciones entre Juanma Moreno y Juan Marín parecen fuertes y los propios protagonistas han cerrado filas. El presidente descartaba este lunes un adelanto electoral y se ha deslizado la idea de poder incluso en coalición. Una opción para que la Génova ya ha dado un portazo y sobre la que tiene la última palabra pese a que Moreno podría mostrarse más predispuesto. 

En Cs, aunque hay un cabreo evidente con la "deslealtad" mostrada por Mañueco, descartan nuevas rupturas en lugares tan importantes como los Gobiernos municipales de Madrid, Zaragoza o Alicante. "Somos responsables y ponemos por encima los intereses de la ciudadanía. No somos como ellos, cumplimos los pactos. No somos así y nadie entendería que rompiéramos un Gobierno", afirman fuentes de la dirección nacional a este medio. 

En el partido naranja vuelven a señalar las "claras intenciones" que tiene el PP de "acabar" con Cs y califican las excusas dadas por Mañueco de "burdas" y sin pruebas de esa supuesta moción de censura prevista. "Es una irresponsabilidad tremenda", insisten. La guerra entre Casado y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y un intento de relanzar al líder del PP y taparla a ella ha sido señalada públicamente como otras de las razones de esta convocatoria. "No todo vale", dicen mientras vuelven a apuntar a Teo García Egea y Fran Hervías como responsables directos de la operación, con el consentimiento de Casado.