Publicado: 07.04.2015 15:25 |Actualizado: 07.04.2015 15:26

Nueve años de espera por la estafa de Fórum Filatélico para saber si recuperarán su dinero

Centenares de afectados por el concurso de acreedores de la empresa de sellos acuden al juicio civil que determina la responsabilidad de los dirigentes en el proceso del concurso, con pocas expectativas de recuperar sus ahorros

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Varios de los afectados protestando a la entrada de los juzgados de Plaza Castilla.  EFE/Emilio Naranjo

Varios de los afectados protestando a la entrada de los juzgados de Plaza Castilla. EFE/Emilio Naranjo

MADRID.- Una mezcla de rabia, resignación y espectación. Es lo que se podía sentir a las puertas de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla a primera hora de este martes, donde se arremolinaban ya decenas de perjudicados por el concurso de acreedores realizado por Forum Filatélico en el año 2006, tras ser intervenida por orden de la Audiencia Nacional por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.

“Sólo queremos recuperar nuestro dinero”, cuenta una de las afectadas que acude como público al juicio. La gran mayoría de los presentes tienen la piel marcada por las arrugas, fruto de una vida larga que se vio en algunos casos tambaleada de manera dramática al dejar todos sus ahorros en sellos que prometían una rentabilidad casi inmejorable. “Nos metimos porque veíamos que a otros amigos les iba muy bien: se compraban un coche, o se iban de viaje… Era una empresa de más de 25 años, ¿cómo íbamos a pensar que esto iba a pasar?”, relata su acompañante.



Francisco Briones, expresidente de Fórum Filatélico, estaba llamado a declarar, aunque finalmente no lo ha hecho por decisión de la defensa que lo había solicitado -ya que, según ha dicho, al ser desestimados otros testigos, la declaración de Briones no daría una “visión de conjunto”-. En la vista, la excúpula de la filatélica, entre ellos Briones, el exsecretario Agustín Fernández, los consejeros Miguel Ángel Hijón, Francisco José López y Juan Maciá, además de los altos cargos Antonio Merino y José Manuel Carlos Llorca -en busca y captura-, y Belén Gómez podrían ser considerados responsables del pasivo que no se pueda cubrir con los bienes de la concursada. Es decir, podrían ser condenados a responder con su patrimonio a todo lo que se debe a los acreedores.

El juez Ruz, que lleva la causa penal en la Audiencia Nacional de forma paralela a esta causa civil, ha cifrado la estafa en más de 3.000 millones de euros, que afecta a más de 260.000 personas. Varios centenares de ellas han acudido hoy a los juzgados de Plaza de Castilla para, como ellos mismos dicen, hacerse ver, "para que nadie se olvide de que existen".

Se cifra la estafa en más de 3.000 millones de euros

No todo el mundo ha podido entrar al salón de actos donde se celebra la vista pública, con capacidad para cerca de 300 personas. El juicio ha empezado con una hora de retraso, y la cola para el público subía más de una planta desde la entrada.

“Yo no sé cómo es esto de un juicio, pero había que venir”, comenta Gloria, otra afectada. “Por nosotros y porque hay gente que se ha quedado por el camino” relata, contando cómo conoce algún caso en el que la persona afectada era mayor y “no pudo soportar la presión de lo que le pasaba”. “Había gente con todos sus ahorros invertidos, es terrible”, se lamenta.

Salón de actos de los juzgados de Plaza Castilla, minutos antes de que se iniciara el juicio.  EFE/Emilio Naranjo

Salón de actos de los juzgados de Plaza Castilla, minutos antes de que se iniciara el juicio. EFE/Emilio Naranjo

Las defensas han pedido durante la vista tanto la suspensión del juicio como la absolución de sus clientes. El juicio se ha celebrado y podría concluir este mismo martes, ya que las partes están renunciando a varios testigos que estaban previstos y está siendo más rápido de lo que estaba planeado.

Muchos de ellos no se conocen entre sí, pero hablan. A la entrada y a la salida del juicio, cargando contra políticos y gestores. Tienen en común nueve años de espera, en los que apenas han recuperado un 20% de lo invertido, en el mejor de los casos.

Antonio Pulido, de la dirección de Adicae, aseguraba a las puertas de los juzgados que a corto plazo “las familias no van a recuperar nada”, y ha exigido intervención política para el problema. Ya han propuesto en varias ocasiones que el fondo del ICO sirva para compensar a los afectados, pero de momento esa solución política no llega.