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Balance - Rajoy Dimisiones, mociones de censura y corrupción: así fue el verdadero año de Rajoy

El presidente del Gobierno cerrará el curso político este viernes presumiendo de datos económicos y de empleo, pero su legislatura ha sido más convulsa de lo que el PP dice. A la vuelta del verano le espera el desafío en Catalunya.

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. REUTERS

El último informe del FMI, el pacto de Estado contra la violencia de género, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o los recientes datos de la Encuesta Activa de Población (EPA). Esos son los 'logros' de los que el presidente del Gobierno presumirá previsiblemente este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Mariano Rajoy hará entonces su habitual balance del curso político, al que pondrá cierre hasta el 26 de agosto, fecha en la que inaugurará el siguiente desde su tierra natal, Galicia. Con toda seguridad volverá a esgrimir el argumentario del PP y la Moncloa relativo a la mejora económica, la reducción del paro y la estabilidad que ha hecho mejorar la imagen internacional de España. Todo, claro, gracias a la capacidad del Ejecutivo y del partido para pactar y gestionar.

En su anterior comparecencia similar, la de Navidad, el presidente se mostró comprometido con su deseo de mantener una "legislatura larga y fructífera" después de haber conseguido salvar su investidura tras la repetición de las elecciones en 2016. La duda de un posible adelanto electoral estaba entonces en el aire ante la posibilidad de que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, no lograra sacar adelante sus cuentas que llegaban ya con retraso. Finalmente, no sólo consiguieron aprobar los PGE para el 2017, sino que superaron también la barrera del techo de gasto para el 2018. A la vuelta de vacaciones queda pendiente la luz verde de los PGE del 18.

Ahora, previsiblemente, Rajoy incidirá también en otro de los grandes retos que le quedan por delante: el desafío independentista en Catalunya. El Govern de Carles Puigdemont tiene previsto celebrar el referéndum el 1 de octubre y, en las fechas previas, aprobar las leyes que facilitarían la desconexión de la Comunidad del resto del país. "El Gobierno hará cumplir las leyes", sentencian una y otra vez desde el Gobierno central, que incide que "el Estado" tiene a su disposición las herramientas adecuadas para frenar lo que, dicen, es un "ataque a la soberanía nacional". ¿La primera? Los recursos ante el Tribunal Constitucional que no tardarán en producirse a medida que la Generalitat siga avanzando en su camino hacia la soberanía.

Si el 30 de diciembre Rajoy vendió las últimas medidas aprobadas por su Ejecutivo (la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones), en éste no se prevé que sus últimas decisiones centren su discurso. La previsión es aprobar un convenio para encargar a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) la gestión de relicitación de las autopistas o llevar a cabo una reestructuración del organigrama del Ministerio de Exteriores -se creará, entre otras, una Dirección General para África-, entre otras cuestiones poco visibles en términos mediáticos. También podría anunciar el recurso contra la reforma del reglamento del Parlament catalán ante el TC, una vez el Consejo de Estado encontró "fundamentos jurídicos" para poder hacerlo.

Sin embargo, el presidente sí hará, con toda probabilidad, un repaso sobre los logros alcanzados que formará parte de su estrategia iniciada el propio miércoles para limpiar su imagen declarando como testigo ante el tribunal de la Gürtel. Por ello, obviará los escándalos que también se han sucedido a lo largo de sus nueve meses al frente del Gobierno. Y no han sido pocos.

En este 'embarazo' en el que Rajoy continuó como inquilino de la Moncloa -ya no en funciones- su partido tuvo que enfrentarse a dimisiones, mociones de censura y escándalos de corrupción. El último, su propia comparecencia en la Audiencia Nacional, en la que dijo no saber nada de la financiación ilegal del PP y descargó su responsabilidad en manos de los tesoreros -Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas- y de Esperanza Aguirre. Precisamente fue la expresidenta madrileña quien protagonizó una de las dimisiones más sonadas de esta etapa tras el encarcelamiento de su mano derecha y sucesor, Ignacio González, por el caso Lezo.

El otro gran acaparador de titulares fue Pedro Antonio Sánchez, obligado a dimitir después de que a su imputación en el caso Auditorio se sumaran también las sospechas de su posible implicación en la Operación Púnica. El expresidente de Murcia -que sigue, no obstante, presidiendo la organización territorial del PP en la Región y ocupando un escaño en la Asamblea- fue finalmente imputado también en esa otra causa.

Dos ministros reprobados

A ellos se une el cese del exfiscal anticorrupción Manuel Moix tras conocerse que posee una sociedad offshore en  Panamá. Además, su nombre sonó en las sospechas de posibles injerencias de la Institución en el caso Lezo. Unas informaciones por las que incluso el ministro de Justicia, Rafael Catalá, llegó a ser reprobado en el Congreso. A él se unió poco después su homólogo en Hacienda, Cristóbal Montoro, después de sufrir otro de los grandes varapalos del Ejecutivo de Mariano Rajoy: la declaración nula de la amnistía fiscal por parte del Tribunal Constitucional.

Otra ministra tuvo que rectificar también, aunque en este caso se debió a una gestión anterior del Gobierno de Aznar. Se trata de María Dolores de Cospedal, titular de Defensa, que reconoció por primera vez los errores cometidos por Federico Trillo respecto al accidente del Yak-42. El titular de Interior, del sector 'cospedalista' del Ejecutivo, también se vio inmiscuido en el escándalo de la adjudicación de un piso de la Guardia Civil al jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT). Juan Ignacio Zoido zanjó aquella cuestión asegurando que no había habido "ninguna irregularidad".

El mismo argumento que esgrimió Cristina Cifuentes en su comparecencia en la Asamblea de Madrid para dar cuenta de las presuntas irregularidades en el contrato por el que se adjudicó a al empresario donante del PP Arturo Fernández la cafetería del Parlamento regional. A la presidenta madrileña le han salido también otros garbanzos negros a lo largo de esta legislatura, como su número tres, Jaime González Taboada, a quien varios testigos han relacionado con la trama Púnica. El coordinador general del PP de Madrid no ha sido imputado, pero sí tendrá que dar cuentas al respecto este mismo viernes en la Asamblea regional.

Allí fue donde la sucesora de Aguirre al frente del PP de Madrid se sometió a una moción de censura promovida por Podemos. La formación de Pablo Iglesias impulsó también la misma medida contra Rajoy y, aunque el debate en el Congreso no tuvo el resultado esperado, sí sirvió a la formación morada para dejar constancia de lo extensa que es la corrupción en el PP.

GRA217. MADRID, 27/07/17.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entrega a la periodista Maria Teresa Campos la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, en un acto celebrado hoy en el Palacio de la Moncloa. EFE/Paco Campos

Precisamente por esta cuestión, los principales cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'el Bigotes', fueron condenados a entre 12 y 13 años de cárcel por el caso Fitur, también en estos últimos meses. En el marco de la trama Gürtel también han comparecido la exministra de Sanidad, Ana Mato, y el propio Rajoy, que se ha esforzado por tapar su declaración con un sinfín de actos positivos como la entrega de Medallas al Mérito en el Trabajo.

Este viernes, argumentando que "no tiene nada que ocultar", comparecerá también ante la prensa antes de dar inicio a las vacaciones de verano. Al fin y al cabo, si consigue aprobar también los PGE del 2018, tendrá asegurada prácticamente el resto de la legislatura.