La sentencia de un juzgado contencioso-administrativo contra el eje verde de la calle Consell de Cent de la capital catalana -una de las partes fundamentales del proyecto superilla del Eixample- ha situado en el primer plano político y mediático a Barcelona Oberta, la entidad que junto con la patronal Foment del Treball denunció la transformación urbanística de la vía.

Fundada en 2014, la organización agrupa a una veintena de ejes comerciales y turísticos de la ciudad y con el tiempo se ha convertido en un auténtico lobby que reúne también a grandes empresas privadas y a varios de los actores que los últimos años han protagonizado el lawfare o guerra judicial contra las políticas de Barcelona en Comú durante la alcaldía de Ada Colau.

El Gobierno municipal ya ha anunciado que presentará recurso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y los Comuns confían que se acabe archivando, como el grueso de querellas que recibieron en sus ocho años en el poder.

Pese a que la sentencia establece que Consell de Cent tendría que volver al estado previo a su pacificación, en una rueda de prensa de este viernes Barcelona Oberta ha descartado pedir que se ejecute la resolución.

Su presidente, Gabriel Jené, ha defendido poner en marcha una etapa de "diálogo" con el alcalde, Jaume Collboni, con la voluntad de que a partir de ahora existan "consensos" cuando se tengan que hacer transformaciones urbanas. Jené ha reconocido que la reversión de la transformación de la calle "podría ser traumática".

Según su web, Barcelona Oberta tiene como misión "construir conjuntamente un modelo comercial transformador que potencie la reputación de Barcelona a nivel local e internacional".

Firme partidaria de potenciar el "turismo de negocios y de compras" y de la "colaboración público-privada", se ha posicionado claramente a favor de la ampliación del aeropuerto de Barcelona, una demanda compartida por los grandes poderes económicos y que topa con un fuerte rechazo ecologista y político -por ejemplo, de BComú- en una época de emergencia climática.

Además, defiende la ampliación de los horarios comerciales en las principales zonas turísticas de la capital catalana, una opción que fundamentalmente favorece a las grandes empresas y no a los pequeños establecimientos y los negocios de proximidad.

No se puede decir que disimulara su oposición al anterior gobierno local, encabezado por Colau e integrado por Comuns y PSC, puesto que durante el otoño del 2021 fue una de las organizaciones implicadas en la creación de la plataforma Barcelona es Imparable, que reunió a unas 2.000 personas en una manifestación celebrada el 21 de octubre de aquel año .

Entre otros argumentos, la plataforma -que contaba también con la participación del Gremi d'Hotels- asegura que la ciudad vivía "un momento de desaliento y parálisis" por culpa "del miedo y la falta de visión de futuro" de su gobierno, al que acusaba de haber dejado "escapar grandes oportunidades".

Del sector turístico a Agbar

El recorrido de Barcelona es Imparable no fue mucho más lejos de la manifestación, pero se puede considerar uno de los movimientos de los sectores opositores a Colau y a los Comuns para aumentar su desgaste de cara a las elecciones municipales del pasado mayo, que comportaron su salida de la alcaldía.

Que Barcelona Oberta se integrara en la plataforma no sorprende si tenemos en cuenta que acoge precisamente a algunos de los principales representantes del poder tradicional de la ciudad, directamente implicados en la guerra judicial contra el anterior gobierno municipal.

Además de los ejes comerciales tradicionales de la ciudad, el lobby también cuenta entre sus miembros con centros comerciales como Diagonal Mar, L'Illa (Diagonal), Westfield Glòries o las Arenas, además de El Corte Inglés, el gigante estatal de los grandes almacenes.

Su batalla contra Colau se entiende mejor si ponemos el foco en los patrocinadores de Barcelona Oberta, entre los que destacan la Asociación de Apartamentos Turísticos Barcelona (Apartur), Agbar y el Gremi d'Hotels.

Además, entre sus partners encontramos al Gremi de Restauració de Barcelona y el lobby Barcelona Global, de marcado acento neoliberal, mientras que en la sección de esponsors está La Vanguardia, uno de los principales arietes mediáticos contra Colau.

Recursos contra las políticas de los Comuns

No se trata de entidades políticamente y precisamente neutrales, sino que tuvieron un papel clave y muy activo de oposición a algunas de las principales medidas del gobierno liderado por Barcelona en Comú.

El Gremi d'Hotels, por ejemplo, fue muy crítico con el plan de regulación de hoteles (el Peuat), que entre otras cuestiones establece un decrecimiento de establecimientos en el centro de la ciudad, puesto que impide la apertura de nuevos aunque otros cierren. De hecho, el Gremi presentó un recurso contra la normativa.

Apartur, a su vez, tildó a Colu de "irresponsable" en la pasada campaña electoral por la intención de su partido de reducir el número de apartamentos turísticos en la ciudad, con el cierre de aquellos situados en bloques donde viven vecinos.

El Gremi de Restauració de Barcelona, dirigido por Roger Pallarols, ha sido uno de los críticos más contundentes contra la acción de la antigua alcaldesa, tanto para denunciar en su día la nueva ordenanza de terrazas -que limitaba el espacio público que podían ocupar- como para reclamar la legalización del máximo número posible una vez la posición gubernamental cambió a raíz de la paralización de la actividad por la pandemia de la covid-19.

También se posicionó para rehusar los límites horarios a los establecimientos para intentar paliar el ruido en las calles y plazas más tensionadas de la ciudad, para proteger el derecho al descanso de los vecinos.

Citada explícitamente por Colau y su equipo en la denuncia por el lawfare que sufrían, Agbar es la compañía privada que controla el servicio de suministro del agua en la capital catalana desde hace un siglo y medio.

Actualmente controlada por la multinacional francesa Veolia, la corporación promovió recursos contra el proyecto de los Comuns de municipalizar el servicio del agua en primer término y, posteriormente, consiguió paralizar el reglamento de participación ciudadana, que la formación de izquierdas quería aprovechar para preguntar justamente a los vecinos sobre las preferencias del modelo de gestión del agua.

Agbar, El Corte Inglés y Mapfre, con 5.000 euros en cada caso, y Seat, con 10.000, figuran como los principales financiadores privados de Barcelona Oberta, según la documentación colgada en el apartado de transparencia de la web de la entidad.

En cualquier caso, y aunque pueda chocar, durante el año pasado la mayor aportación de recursos provenía del Ayuntamiento de Barcelona, con un total de 100.000 euros, a pesar del rechazo explícito hacia sus políticas.

La sentencia, que no es firme, contra el eje verde de Consell de Cent supone un triunfo judicial de momento parcial de una estrategia sobre todo encaminada a generar ruido mediático y desgastar a los Comuns.

Un hecho que se logró si tenemos en cuenta los resultados de las elecciones, cuando la formación de Colau quedó en tercera plaza, con nueve concejales, por detrás de los 11 de Junts y los diez del PSC de Jaume Collboni, el actual alcalde.