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Catalunya Junqueras defiende ante el juez que convocar un referéndum no es delito

El exvicepresidente de la Generalitat declara junto a los otros dos presos independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, acusados de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

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Un furgón policial a su salida del Tribunal Supremo, donde hoy el juez Pablo Llarena ha citado al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. EFE

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que permanece en prisión desde el pasado 2 de noviembre por la consulta soberanista en Catalunya, ha defendido este lunes ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que convocar un referéndum no es delito y que no se ha dedicado un solo euro de dinero público al proceso independentista.

Según informan fuentes de ERC, Junqueras ha insistido -como en anteriores declaraciones judiciales- en que nunca ha promovido ni tolerado ni asumido como posible una actuación violenta para la persecución de sus fines políticos ya que antes que independentista, se define como un demócrata y militante de la no-violencia.

En cambio, ha considerado inadmisible la violencia policial del 1-O puesto que, en su opinión, una votación popular masiva no se podía reprimir por la fuerza y hacerlo fue una desproporción injustificada.

Junqueras ha manifestado que era perfectamente consciente de que el referéndum del 1-O no constituía ningún delito y que no se gastó ni un céntimo de las partidas presupuestarias anuladas por el Tribunal Constitucional (TC) y supuestamente vinculadas con el referéndum.

Por todo ello, ha querido dejar claro que su procesamiento vulnera el principio de legalidad porque no ha hecho nada que puedo interpretarse constitutivo de los delitos que le imputan.

El exvicepresidente ha cargado contra el Supremo al asegurar que está encarcelado por un tribunal que no tiene competencia para conocer el proceso en una vista en que se vulneraron todos sus derechos, por lo que pierde así el derecho a una revisión del caso por un tribunal superior.

Y ha afirmado que el procedimiento judicial lo que pretende anular es el movimiento político que representa y cercenar los derechos políticos que ostenta y los de quienes le votaron.

Además, se ha quejado de que debido a su encarcelamiento no puede tener acceso normal a las actuaciones para trabajar en su defensa ni trabajar con su letrado en condiciones, ya que se le está investigando en otro procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona donde, asegura, no puede defenderse.

Ya en un plano más político, ha reiterado que el conflicto en Catalunya es ante todo político y que por tanto se tiene que solucionar desde este ámbito y nunca judicializarlo, al tiempo que ha insistido en que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación y que defender la independencia y promoverla es plenamente legal.