La comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este miércoles en el Congreso supone el pistoletazo de salida para la reforma de las pensiones. El Gobierno ha anunciado que quiere disponer de un marco legal "estable" cuando se produzca la próxima actualización de las pensiones, es decir, a principios del próximo año.

Para ello, el primer paso es que la Comisión para el seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo llegue a un acuerdo sobre las denominadas "recomendaciones" del pacto, un texto que servirá de base para el diálogo social entre el Ejecutivo y los actores sociales a la hora de abordar la reforma.

Escrivá no solo instó al Congreso a tener cerrados sus acuerdos este año, sino que estableció una serie de prioridades para comenzar los trabajos. Además, se mostró a favor de que estos trabajos no empezaran de cero, sino que tomaran como punto de partida los consensos alcanzados en el Pacto de Toledo de la XII Legislatura (2016-2019), que cerró buena parte de sus recomendaciones y que se acabó dinamitando por el adelanto electoral del 28 de abril.

Una de las principales preocupaciones que expresó el ministro es la de la "incertidumbre y preocupación" que genera el asunto de las pensiones entre los ciudadanos. "Esto es inaceptable y hay que abordarlo con decisión y radicalidad", aseguró. Tras su comparecencia, la comisión parlamentaria, presidida por la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, deberá trabajar para resolver los asuntos clave de la reforma del sistema de pensiones.

Revalorización de las pensiones y poder adquisitivo

Que el principal índice de revalorización de las pensiones tiene que ser el coste de la vida parece haberse convertido en uno de los consensos de partida del Pacto. Aunque hubo bastantes desacuerdos en esta cuestión cuando se puso sobre la mesa, ninguno de los grupos pone en duda la revalorización de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC).

En las dos últimas actualizaciones este ha sido el índice que se ha seguido como referencia, pero la fórmula todavía no está blindada por ley. Escrivá recordó este miércoles que las cuantías se habían modificado de acuerdo al IPC mediante decretos, y que la fórmula vigente sigue siendo la introducida por Mariano Rajoy, la del 0,25%.

La comisión parlamentaria deberá abordar esta cuestión y, según la posición actual de los grupos, lo previsible es que incluyan la revalorización al IPC por ley entre sus recomendaciones. Sin embargo, está por ver si alguno de los grupos quiere introducir otros índices complementarios para efectuar el cálculo de las cuantías.

Edad de jubilación

No parece que el Pacto de Toledo aborde, al menos de momento, la edad legal de jubilación, que se sitúa en la actualidad en los 67 años. En cambio, sí que trabajarán los consensos en cuanto a la edad efectiva de jubilación. El ministro de Seguridad Social aseguró que uno de sus objetivos es el de cerrar la brecha entre la edad efectiva y la edad legal de jubilación.

Para ello, anunció que el Gobierno quiere desincentivar la jubilación anticipada a la vez que se incentiva la prórroga de la vida laboral. "Hay que ofrecer esquemas bien diseñados que generen incentivos. Por cada año que la edad efectiva de jubilación aumenta resolvemos un 25% del problema que hemos visto en la brecha entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro", explicó Escrivá.

El Ejecutivo opta por llevar a cabo una evaluación de los incentivos que ya existen en la actualidad para prorrogar la vida laboral, "optimizar su utilización y, si es necesario en algún caso, redefinir alguno de sus elementos", además de revisar la normativa sobre jubilaciones anticipadas voluntarias.

Factor de sostenibilidad

Fue uno de los puntos de fricción entre las izquierdas y las derechas en el Congreso en la XII Legislatura. Desde formaciones como Unidas Podemos rechazan frontalmente esta herramienta, introducida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y diseñada bajo el pretexto de contener el gasto en pensiones.

El factor de sostenibilidad afecta directamente al cálculo de la primera pensión de los nuevos jubilados y ajusta la cuantía a la esperanza de vida de ese momento. Su primera aplicación se debería haber producido por ley a principios de 2019, pero el Gobierno de Sánchez lo atrasó hasta el 2023.

Escrivá afirmó este miércoles que el factor de sostenibilidad tiene "poco efecto" sobre el nivel de gasto en pensiones, "apenas medio punto del PIB a largo plazo". "Quisimos innovar con algo que no se habrían calibrado bien sus consecuencias", insistió, por lo que es previsible que en las recomendaciones del Pacto de Toledo se llegue a un acuerdo para suprimir esta herramienta.

Pensiones privadas y sistemas complementarios

El papel de las pensiones privadas en el sistema fue una de las claves por las que Unidas Podemos y ERC optaron por no sumarse al consenso de las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2019. La recomendación 16 de este texto menciona los planes privados de ahorro como complementarios al sistema público general y apuesta por su "implantación efectiva", al entender que su recorrido hasta este momento ha sido "insuficiente".

Esta recomendación también subraya la conveniencia de impulsar, de forma preferente, "los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el denominado segundo pilar del modelo de pensiones, y que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro", una cuestión que el ministro de Seguridad Social apoyó sin ambages en el Pacto de Toledo.

Escrivá apostó por incentivar los planes de pensiones privados de las empresas en detrimento de los planes de pensiones individuales, trasladando los beneficios fiscales de los que disfrutan actualmente los planes de ahorros privados individuales hacia los planes de pensiones previstos por las empresas para los trabajadores.

Cálculo de la jubilación

El cálculo de las pensiones es, probablemente, el punto que menos consenso y más desacuerdo genera entre los grupos. En el borrador del Pacto de Toledo de la XII Legislatura se recoge que "la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora -que culminará en 2022- implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones".

Cuando Unidas Podemos decidió no apoyar el texto, explicó que en la memoria de la propia ley de 2011 se señala que la contributividad ha supuesto una reducción de las pensiones y que tiene un fuerte impacto negativo en las las mujeres, aumentando la brecha de género en las pensiones.

Aunque se propone la ampliación del cálculo de la pensión de jubilación a toda la vida laboral, también se establece la posibilidad de que el pensionista pueda escoger aquellos años de su carrera de cotización que le sean más favorables. Sin embargo, algunos grupos defienden que, por regla general, esto supone una disminución de la cuantía a recibir debido a la precariedad existente en grandes tramos de la vida laboral. Escrivá no hizo referencia a este asunto en su comparecencia.