El 20 de febrero de 2019 el Pacto de Toledo encalló a solo 15 días de la disolución de las Cortes que daba paso a las elecciones del 28 de abril de ese año. Los grupos que trabajaban las recomendaciones para abordar una reforma integral del sistema de pensiones y de la Seguridad Social no se pusieron de acuerdo ni en el reparto de culpas.

La mayoría de los partidos responsabilizaron a Unidos Podemos de lo sucedido, mientras que los de Pablo Iglesias y ERC denunciaron que el PSOE, PP y Ciudadanos pretendían cerrar unas recomendaciones que consagrarían la era de los recortes iniciada tras el estallido de la crisis económica.

Casi un año después, este jueves el Congreso volverá a constituir la Comisión para el seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Previamente, el martes, el Pleno de la Cámara dio el visto bueno a su creación, con el único rechazo de los diputados de Vox, que en esta legislatura no ocuparán ningún puesto en las Mesas de las distintas comisiones.

El órgano celebrará su sesión constitutiva y elegirá a la Presidencia, vicepresidencias y secretarías de su Mesa. El PSOE y Unidas Podemos, que cuentan con mayoría en la Cámara, han acordado reservar el puesto de presidenta del Pacto de Toledo a la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

La creación de esta comisión se produce en uno de los momentos de mayor distanciamiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PP. La sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso resultó una buena prueba de que los de Pablo Casado no tienen intención de colaborar en los grandes pactos de Estado necesarios en cada legislatura, unos acuerdos que van desde la renovación del Poder Judicial hasta la elaboración de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Cualquier acuerdo que se alcance en el seno de esta comisión tiene que contar con un apoyo claramente mayoritario, y sus negociaciones tratan de apuntar hacia la unanimidad, por lo que la concurrencia del PP es necesaria para que las previsibles reformas integrales del sistema de pensiones no dependan de los gobiernos de turno.

El lider del Ejecutivo, Pedro Sánchez, instó este miércoles a Pablo Casado a "hablar" para acometer reformas importantes que precisen de acuerdos de Estado y se refirió concretamente al Pacto de Toledo. Fue durante la primera sesión de control al Gobierno de la legislatura, en la que el líder del PP acusó al presidente del Gobierno de "estar sobrepasando los límites" y de "no hacer cumplir la ley", y Sánchez le espetó a Casado que no fuera "el eco de la ultraderecha".

En la XII Legislatura (2016-2019), antes de la fallida, la comisión del Pacto de Toledo logró importantes avances en las 22 recomendaciones que nutren el texto que debe servir de marco a los actores sociales y al Gobierno para reformar el sistema de pensiones. Aunque la comisión estuvo durante mucho paralizada por la falta de consenso, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) permitió desatascar las negociaciones.

Un pacto rescatado por la Airef y roto por el adelanto electoral

Este texto sirvió como base para avanzar en los acuerdos, pero tras el anuncio del adelanto electoral, el Pacto saltó por los aires. Unidos Podemos mantuvo sus votos particulares a las recomendaciones pactadas, lo que de facto supuso imposibilitar la unanimidad buscada. El PSOE, PP y Cs aseguraron entonces que los de Iglesias buscaban, "desde el principio", romper el Pacto para sacar rédito entre el electorado progresista.

Unidos Podemos y ERC apuntaron a que nunca habían estado realmente cerca de un acuerdo y que, con el anuncio de las elecciones, estos tres grupos quisieron forzar una "foto de consenso" para vender que el Pacto de Toledo de esa legislatura había sido útil para la ciudadanía. La portavoz de la formación morada en la comisión era Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo.

En el fallido borrador se recogen algunos de los acuerdos que motivaron los votos particulares de Podemos y que vertebran los grandes desafíos del sistema de pensiones: cálculo de la pensión, edad de jubilación, actualización de las pensiones, el fondo de reserva, las fuentes de financiación del sistema y los sistemas complementarios al sistema público de pensiones.

La recomendación que más costó sacar adelante fue la de la actualización de las pensiones: los grupos acordaron revalorizar las pagas de jubilación de acuerdo al IPC (algo que ahora se hace de forma temporal mediante un decreto del Gobierno), aunque se dejó la puerta abierta a que otros indicadores también influyeran a la hora de actualizar las pensiones.

Respecto a la cuantía, se acordó ampliar su cálculo a toda la vida laboral, aunque el pensionista podía elegir los "mejores años" para el cómputo. Desde Unidas Podemos se denuncio que esta fórmula suponía de facto una disminución de la cuantía a recibir debido a la precariedad de la vida laboral. Además, se recogía la progresiva ampliación de 35 a 37 años del periodo cotizado necesario para alcanzar el cien por cien de la base reguladora.

El borrador mantenía la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, una reforma introducida por el Gobierno de Zapatero en 2011. Se argumentaba que esta prolongación de la vida profesional bajo el pretexto de dar respuesta al alargamiento de la esperanza de vida "a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo".

En septiembre del pasado año, el Congreso volvió a constituir la Comisión del Pacto de Toledo, esta vez sin un Gobierno con plenas facultades para afrontar las negociaciones de cara a las reformas del sistema de pensiones, y con la legislatura en el alambre. Unas semanas después, se convocaron las elecciones de noviembre y se disolvió el órgano de trabajo parlamentario.