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El Congreso dictamina que el Gobierno creó una policía política para atacar a sus rivales

Las conclusiones  acreditan "con una fuerte base documental", que el Ministerio de Interior que dirigía Fernández Díaz utilizó recursos públicos para crear investigaciones falsas contra catalanes, Podemos y el PSOE. La sesión la han marcado las detenciones de ayer en Catalunya, con un "hasta nunca" del PdCat y la petición de libertad para los presos de ERC.

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. - EFE

El Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen que acredita que el Ministerio de Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz empleó  fondos y recursos públicos, así como funcionarios del Estado para fabricar investigaciones fraudulentas contra sus adversarios políticos, entre los años 2012 y 2017. Los partidos que han aportado los 172 votos a favor para ratificar el trabajo de la comisión de investigación vienen de Unidos Podemos, PSOE, ERC, PDECat, PNV y EH-Bildu, en una sesión marcada por los discursos que reclamaban la libertad de los detenidos ayer en Catalunya.

Ciudadanos ha optado por abstenerse a pesar de confirmar en su discurso la existencia de la "brigada política" destapada y demostrada por Público con diferentes trabajos y pruebas documentales, como se reconoce en las conclusiones. Sin embargo, se ha sumado a la teoría del Partido Popular de que "lo que se ha usado de forma partidista es la comisión de investigación".

El dictamen se divide en dos conclusiones. [Puede acceder al documento completo al final de esta información]. La primera, que la investigación sobre este uso antidemocrático de la Policía Nacional no va dirigida a la institución, aunque deja claro quiénes son los funcionarios que han podido relacionarse directamente con esos montajes policiales, desde el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, pasando por el ex número dos del cuerpo, el comisario Eugenio Pino, el comisario José Manuel Villarejo y el inspector jefe José Angel Fuentes Gago, entre otros.

La segunda desgrana los casos prácticos en los que se ha demostrado este uso de fondos públicos para crear o buscar información sobre rivales políticos "que luego se intentaba introducir en procedimientos judiciales" contra esos dirigentes, como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o Xavier Trías, ex alcalde de Barcelona por CiU, según ha expuesto el presidente de la comisión, Mikel Legarda (PNV)Esta brigada política, ha explicado, "se ha financiado con fondos públicos y un gran despliegue fuera del marco legal del Estado".

Legarda también ha dejado claro que el Gobierno y, en concreto, el Ministerio de Interior que ahora dirige Juan Ignacio Zoido hna "obstaculizado los trabajos de la comisión" al no remitir la documentación que solicitaban o "hacerlo tarde, como en los casos de las comparecencias del exministro Fernández Díaz y del exdirector Cosidó".

Alterar la Democracia y las detenciones en Catalunya

El diputado del PDECat Sergi Miquel se ha encarado con el Gobierno de Mariano Rajoy: "Ustedes que han destrozado la sanidad, que amenazan a periodistas y a sindicalistas, ¿se atreven a llamarnos golpistas?" Y les ha acusado de que, con las detenciones de miembros de la Generalitat ayer, "están intentando romper emocionalmente a Catalunya". El dirigente catalán se ha despedido del hemiciclo con un "hasta nunca" que, sumado a la abrupta salida del Congreso de ayer por parte de los diputados del PDECAT y los de ERC, no deja claro si regresarán o no a sus escaños tras el 1 de octubre.

Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardá ha pedido solidaridad a los diputados de otros partidos y la libertad de los detenidos ayer, nombrando uno por uno a los 14 arrestados por la Guardia Civil. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, le ha llamado al orden, pero él ha continuado con el listado y se ha llevado el aplauso de todos los partidos menos Ciudadanos y el Partido Popular.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha iniciado su intervención recordando al PP el artículo 21 de la Constitución sobre el derecho de reunión, en contraposición a las advertencias del Ejecutivo de que se disolverán manifestaciones pacíficas. "Ustedes son son un peligro para la democracia", le ha dicho Montero a Mariano Rajoy y a sus ministros -en las conclusiones se acredita que todas estas operaciones se hicieron fuera del marco legal-, y les ha pedido que "sientan vergüenza democrática y sabrán qué es lo que sentimos los españoles".

Montero ha llamado "antipatriotas" tanto a los miembros del Gobierno como a los funcionarios de las cloacas de Interior que participaron en estas operaciones contra diferentes dirigentes políticos entre los años 2012 y 2016.  También ha expuesto el modus operandi de esta brigada política y su connivencia con el tertuliano Eduardo Inda, y ha denunciado cómo se utilizó contra su partido y contra Pablo Iglesias con el falso informe PISA. También recordó que se ha demostrado que "fabricaron pruebas falsas", como el falsificado extracto bancario del supuesto pago a Iglesias por parte de Venezuela en el Europacific Bank de Islas Granadinas, un abono que jamás se efectuó.

A pesar de que todo eso se ha demostrado falso y fabricado fraudulentamente con premeditación y alevosía por el propio Gobierno del PP, Rajoy sigue utilizando esas falsedades como si fueran ciertas en sus discursos públicos contra Podemos.