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Corrupción Los españoles no creen en la independencia de jueces y fiscales, según una encuesta

El 67% de los encuestados por Metroscopia dudan que puedan actuar con libertad ante los casos de corrupción.

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El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, reflejado en un cristal. EFE/Archivo

Los jueces y fiscales tienen las manos atadas a la hora de actuar contra la corrupción. Eso es lo que opina una gran mayoría de españoles, que dudan de su independencia porque consideran que están sometidos a presiones para condicionar sus decisiones. 

Así se pone de manifiesto en un sondeo realizado por Metroscopia para el diario El País, donde el 67% de los encuestados cree que los fiscales no pueden actuar con libertad y un 84%, que  los jueces reciben injerencias en los casos de corrupción. Sólo el 30% cree que, pese a todo, logran actuar con libertad, frente al 64% que opina lo contrario.

En concreto, el 84% de los ciudadanos considera que son los jueces quienes reciben dichas presiones en casos de corrupción. Por partidos, son los votantes de Podemos (un 98%)  y PSOE (90%)  quienes así lo creen de forma mayoritaria. El 60% de los del PP y un 85% de los de Ciudadanos también lo considera así.

Del otro lado, sólo los conservadores creen, en un 60%, que los fiscales sí actúan con libertad. Una opinión que sólo comparten el 20% de los votantes del PSOE, el 13% de los de Unidos Podemos y el 34% de los de Ciudadanos.

Además, el 72% de los votantes del PP considera que los políticos prefieren obviar las prácticas ilegales de sus compañeros de partido para "no meterse en líos ni crear problemas" a sus respectivas formaciones. También el 87% de los votantes del PSOE, el 85% de Podemos y el 86% de Ciudadanos opina así. 

La encuesta se realizó, con 1.200 entrevistas, entre los días 16 y 18 de mayo. En esas fechas todavía se desconocía la sociedad offshore del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, en el paraíso fiscal de Panamá, motivo que propició su reciente dimisión. No obstante, sí se habían publicado ya informaciones sobre posibles injerencias de su Departamento para intentar entorpecer la investigación del caso Lezo y las escuchas entre Ignacio González y Eduardo Zaplana en las que ambos conocían su nombramiento meses antes de que se produjera y, además, aplaudían dicha elección por su cercanía al PP.