El "no" de Junts per Catalunya a la aprobación en el Congreso de la ley de amnistía supone, de entrada, que el texto retorne a la Comisión de Justicia, donde dispondrá de dos semanas más para negociar algún acuerdo antes de someterse nuevamente a votación en el Pleno de la Cámara baja.

La decisión del partido de Carles Puigdemont ha tensado sus relaciones con el PSOE y, entre otras cosas, confirma que la formación independentista no tiene intención de convertirse en un socio estable y fiable del ejecutivo estatal, sino que pretende empujar hasta el límite cada negociación, con el riesgo de que la situación derive en una ruptura.

De momento, las dos partes se mantienen inamovibles en sus posiciones. Es decir, Junts reclama la eliminación de cualquier referencia al terrorismo y a la traición en el capítulo de exclusiones de la ley, con el objetivo de evitar algún tipo de persecución judicial contra alguno de sus dirigentes –empezando por el mismo Puigdemont–, mientras que el PSOE no lo acepta y, de hecho, el partido de Pedro Sánchez ha subrayado que el actual texto legislativo ya es idóneo.

A la espera de comprobar cómo evoluciona la situación –la relación de los dos actores está tocada, pero no rota–, analizamos cuatro claves que ayudan a explicar el "no" de los junteros.

1: el vector electoral y el retorno de Puigdemont

El texto que llegó el martes al Congreso excluía de la amnistía los delitos de terrorismo que "hayan causado violaciones graves de derechos humanos", un redactado que tanto para el PSOE como para ERC tendría que blindar el olvido judicial de los encausados en casos como el Tsunami Democràtic.

Los últimos movimientos de la justicia, fundamentalmente del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, han despertado temores en Junts que no sea así y por eso la formación reclama que desaparezca cualquier mención al terrorismo en el apartado de exclusiones de la amnistía.

Actualmente, también quedan fuera de la normativa el delito de traición, del cual podrían acusar al entorno de Puigdemont y al propio expresident en el caso Volhov y la trama rusa, que el magistrado Joaquín Aguirre reactivó este mismo lunes.

Si Puigdemont es acusado de delitos que quedaran fuera del perímetro de la ley de amnistía, no se le podrían levantar las medidas cautelares que actualmente hay sobre él, como por ejemplo la orden de detención inmediata si pisa territorio estatal cursada por el juez Pablo Llarena. Y esto le impediría hacer campaña electoral presencialmente en Catalunya.

Se da casi por hecho que Puigdemont repetirá como cabeza de lista de Junts en las elecciones europeas del 9 de junio, unos comicios en que su presencia física en Catalunya no se percibe como imprescindible. De hecho, Junts se impuso en las elecciones comunitarias de 2019 con Puigdemont de número uno y sin que este pisara el país.

Con una tensión interna que va a más y unas perspectivas electorales en Catalunya bastante limitadas, en la ejecutiva de Junts cada vez hay más unanimidad para que Puigdemont encabece también la candidatura en las elecciones al Parlament, que teóricamente se tendrían que celebrar a principios del año próximo.

La última palabra la tendrá el mismo expresident del Govern, que querría tener la garantía de poder hacer campaña desde Catalunya, un factor que con los previsibles actos masivos que suscitaría su retorno podría disparar las perspectivas en las urnas de la formación.

La de Puigdemont es la principal carta ganadora a la cual se aferra Junts para remontar las encuestas, que ahora mismo le pronostican un fuerte retroceso. El último Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), por ejemplo, le da entre 19 y 24 escaños, lejos de los 32 obtenidos el 2021.

Por lo tanto, más allá que la amnistía estuviera paralizada por la presentación de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Junts querría blindar el levantamiento de cualquier medida cautelar a Puigdemont, para allanar su retorno y, a la vez, mejorar las opciones electorales de la formación.

2: la eterna pugna con ERC

El "no" de Junts a la amnistía y su posición negociadora no puede desmarcarse de su eterna pugna con ERC por la hegemonía independentista. Después de una legislatura estatal en que la formación atacó constantemente a los republicanos por sus acuerdos con el PSOE, el giro que supuso el "sí" a la investidura de Sánchez ha llevado a los junteros a escenificar que su papel en Madrid es muy diferente al que tiene la formación de Oriol Junqueras.

Ya lo hicieron con la votación de los decretos anticrisis, en que después de una negociación agónica se abstuvieron y permitieron que salieran adelante, pero ahora han ido un paso más lejos y han votado en contra, junto al PP y Vox, constatando que no forman parte del llamado bloque de la investidura.

ERC ha optado los últimos años por ir construyendo una progresiva relación de confianza con el PSOE, que considera clave para conseguir avances como por ejemplo los indultos, el traspaso de Rodalies o la misma ley de amnistía y, a su parecer, evita a los socialistas la tentación de dar pasos hacia atrás.

Junts, en cambio, opta por endurecer cada votación con la aspiración de subir al máximo el precio de la negociación, una estrategia que también puede hacer saltar por los aires el limitado caudal de confianza con el PSOE, romper la legislatura y abrir la puerta a una segunda oportunidad a una derecha y extrema derecha que, a buen seguro, no aceptarían ningún tipo de amnistía.

En este contexto también se tienen que situar las críticas que los principales dirigentes de ERC, empezando por Junqueras, han realizado contra Junts después del no a la amnistía.

4: las tensiones internas

A pesar de que no ocupa ningún cargo orgánico en el partido, Puigdemont se mantiene como líder incuestionable de Junts y todavía es la única figura con capacidad de aglutinar y cohesionar los diferentes sectores de la formación.

El "no" a la amnistía, de momento temporal, no se explica sin el aval del expresident de la Generalitat y su entorno –básicamente el abogado Gonzalo Boye–. Y, a la vez, es bien visti por el sector liderado por la presidenta del partido, Laura Borràs, que era el más escéptico a cualquier acuerdo con el PSOE ya antes de la investidura de Sánchez.

La votación de la amnistía ha llegado en un momento en que la tensión interna en Junts va claramente a más, después de la expulsión de la diputada Cristina Casol y la duda de que pasará con Aurora Madaula, vicepresidenta de la formación y secretaria de la Mesa del Parlament. Las dos habían denunciado machismo en el grupo parlamentario, acusaciones rechazadas por el grueso de los diputados, que reaccionaron pidiendo la dimisión.

Tanto Casol como Madaula forman parte del sector borrassista de Junts, que los últimos meses ha perdido peso, tanto por la condena a prisión e inhabilitación de la misma expresidenta del Parlament por las irregularidades en la Institución de les Lletres Catalanes (ILC), como por su exclusión en las negociaciones para la investidura de Sánchez. Todo ello ha disparado el malestar interno de un sector que también es el más partidario de la vía unilateral hacia la independencia, al menos a nivel discursivo.

Que Junts se haya mantenido en el "no" a la amnistía si el PSOE no cedía a sus exigencias permite apaciguar esta tensión, al menos temporalmente, y reducir el riesgo de una progresiva salida de sus integrantes, un hecho que podría debilitar más las expectativas electorales del partido.

5: el temor al cuarto espacio independentista

Finalmente, no se puede ningunear la preocupación que en Junts genera la posible irrupción de una cuarta candidatura independentistas en las próximas elecciones al Parlament. Con una desmovilización creciente del electorado de este espacio –en las generales del 23 de julio cayó por debajo del millón de votos por primera vez desde el inicio del Procés–, impulsar una nueva lista independentista aglutina algunos actores críticos con ERC, Junts y la CUP.

Por un lado, flirtean con ella antiguos dirigentes de Junts, como la eurodiputada Clara Ponsatí o el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, muy críticos con los acuerdos del su expartido con el PSOE. Y, del otro, también lo hace la ANC con su proyecto de "lista cívica".

A pesar de perder influencia y capacidad movilizadora, la entidad que preside Dolors Feliu se mantiene encara como un reducto del independentismo más unilateralista, que los últimos años ha mantenido cierta proximidad con Junts.

La investidura de Sánchez torpedeó esta influencia y ha activado el proceso de la ANC para activar la "lista cívica" en el Parlament, un proyecto que también le genera tensiones internas y que, de materializarse, podría restar algunos miles de votos a Junts. Con todo, el "no" a la amnistía también puede ayudar a recoser las heridas de este espacio con Junts, cuando menos parcialmente.

Fuera de la amnistía, Junts hace semanas que ha endurecido su discurso sobre migración, en lo que se interpreta como un movimiento para intentar evitar hipotéticas fugas de votantes a Aliança Catalana, la formación de extrema derecha que gobierna Ripoll (Girona) y que también sopesa concurrir a los comicios catalanes.