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¿Cuántos diputados provinciales hacen falta para gestionar una carretera de doscientos metros?

La Diputación de A Coruña es responsable de más de 3.000 vías en la provincia, pero sólo once superan los 20 kilómetros de longitud

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Imagen del poste de señalización de la bajada a la playa de Bastiagueiro, A Coruña.

La carretera de la foto, como indican los postes de señalización, mide apenas 200 metros. Se trata de la bajada a la playa de Bastiagueiro desde la rotonda de la Avenida del Che Guevara, en la localidad coruñesa de Oleiros, y es la tercera más corta de la provincia de entre todas las que gestiona la Diputación Provincial.

Según el listado de la propia institución, al que se puede acceder pinchando en este enlace, sólo hay dos vías que la rebajan en longitud: la prolongación hacia el mar desde la LC-190 a Coruxo de Arriba (150 metros también en Oleiros) y la entrada al viaducto de Catoira, en ese municipio de la costa sur coruñesa (180 metros).

En total, la Diputación de A Coruña gestiona unas 3.000 vías. De ellas más de ochenta miden mil metros o menos, como los accesos a la iglesia de Pastoriza (230 metros), al cementerio de Betanzos (320 metros), el vial de la ría de O Burgo a O Portazgo (350 metros) y el acceso a la playa de Santa Cristina (400 metros). Unas carreteras 150 miden 2.000 metros o menos. Sólo once superan los 20 kilómetros, y sólo dos los 30.

Muchos de esos pequeños viales cuyo mantenimiento corresponde a la entidad provincial están en municipios de más de 20.000 habitantes, sobre los que la entidad provincial no tiene competencias en la prestación de la mayoría de servicios. En total son once, entre ellos A Coruña y todos los de su área de influencia (Arteixo, Cambre, Culleredo y OIeiros). Entre todos suman cerca de 600.000 empadronados, es decir el 52 % de todos los que viven en la provincia.

La Diputación tiene un presupuesto para el 2017 de 176,5 millones de los cuales 39,3 millones corresponden a gastos de personal, 25,1 millones a gastos corrientes en bienes y servicios para su funcionamiento, además de 20.000 euros para gastos financieros. Es decir, casi el 37 % del total. Para atender a los servicios de los municipios pequeños, la entidad destina en inversiones reales algo menos de 18 millones de euros, o sea ni siquiera el 11, de sus gastos.

En el debate sobre el mantenimiento o la supresión de las diputaciones provinciales sus defensores advierten que sin ellas los municipios pequeños y sus habitantes se quedarían sin la posibilidad de acceder a servicios que sí disfrutan quienes habitan en grandes áreas urbanas.

Sus detractores, por contra, sostienen que son inoperantes e ineficaces. Sin contar con las diputaciones forales y los cabildos insulares, su deuda, de alrededor de 7.000 millones de euros en el 2015, supera con creces su gasto, unos 6.000 millones, del que las inversiones reales representan apenas una quinta parte del total.

Las diputaciones provinciales provienen de la Constitución de Cádiz de 1812, es decir, de hace más de doscientos años. Y aunque la Constitución de 1978 sigue otorgando un papel esencial a las provincias en la organización territorial del Estado, resulta evidente que hoy en día lo necesario es potenciar la cooperación comarcal para la prestación de servicios supramunicipales (bomberos, policía local, tratamiento y recogida de residuos, transporte público, recaudación de sanciones y tributos, entre otros aspectos) y que las administraciones autonómicas tienen capacidad plena y experiencia sobrada para asumir cualquiera de las competencias que los municipios no puedan garantizar.

Lo que no tiene sentido es que para decidir cómo se gestiona un vial de 200 metros para bajar a una playa en un municipio de 35.000 habitantes haya que reunir a un pleno de 31 diputados provinciales: trece del PP, ocho del PSOE, cinco del Bloque Nacionalista Galego, cuatro de las formaciones ligadas a En Marea y uno de Alternativa de Os Veciños (precisamente el alcalde de Oleiros, que lleva años reclamando la gestión municipal de esos viales). Por cierto, que el pleno parece un fotomontaje de #solopirolos: en el hemiciclo sólo se sientan siete mujeres (ninguna en las filas socialistas).

No tiene sentido, claro, salvo que de lo que se trate sea de mantener un sistema que permita a esas instituciones seguir arrogándose un poder que no deberían tener, y que una treintena de políticos elegidos a dedo (la fórmula de acceso al escaño es tan enrevesada que acaba poniendo en manos de las élites de los partidos la selección de nombres) cobren por asistir a esa reunión y a las comisiones derivadas de ella, a pesar de que ya cuentan con sus sueldos de alcaldes y concejales en sus respectivos municipios.

Pueden elegir entre uno y otro. Y claro, no son tontos. Los salarios de esos 31 diputados oscilan entre los 51.000 y los 63.000 euros, a los que se suman alrededor de 500 euros por asistencia a plenos, 300 por cada sesión de la Junta de Gobierno y otros 300 por cada reunión de comisiones informativas.

En total, el gasto en sueldos de diputados provinciales supera con creces el medio millón al año. A lo mejor va a ser por eso que les conviene seguir siendo gestores de 200 metros de asfalto.