Pablo Casado lleva semanas insistiendo en que está dispuesto a impulsar pactos de Estado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a la beligerante oposición durante la pandemia y a que desde que el socialista llegó a la presidencia en junio de 2018, el PP no ha alcanzado ningún gran consenso en materias de Estado con el Ejecutivo . En los últimos días, el líder de la oposición ha hecho especial hincapié en la necesidad de un pacto en el ámbito sanitario, al que ha denominado 'Pacto Cajal', y ha presumido de que las conversaciones entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción, Ana Pastor, a este respecto son fluidas.

Este miércoles se ha producido una reunión entre los equipos de PP y PSOE en el Congreso, donde también ha habido representación del Ejecutivo. Por la parte de los populares han acudido Pastor, y el secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal. Por el lado de los socialistas la portavoz Adriana Lastra y su adjunto, Rafael Simancas. En representación del Gobierno de coalición ha asistido el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla.

En el encuentro han intercambiado las conclusiones de los respectivos grupos de trabajo de la comisión de reconstrucción (Sanidad, Economía, Política Social y Unión Europea) y se han emplazado a "seguir hablando en los próximos días". "Proponemos un pacto de Estado Cajal por la Sanidad y reiteramos nuestra voluntad a llegar acuerdos en este ámbito con el Gobierno", han subrayado fuentes de la formación conservadora.

Casado rechazó en su momento la propuesta del Gobierno de reeditar unos nuevos pactos de La Moncloa, y ofreció en su lugar una comisión parlamentaria en el Congreso, con el objetivo de dotar de mayor foco mediático a su formación política. Sánchez aceptó. Pero este fue el primer y último augurio positivo que precedió a la puesta en marcha del órgano, ya que los desacuerdos sobre la dinámica a seguir en los trabajos, los contenidos a abordar y los objetivos finales que se pretendían alcanzar han sido constantes desde el principio.

En el documento de conclusiones sanitarias, que ha adelantado el diario El Mundo, sobre la Comisión para la Reconstrucción, los populares plantean la creación de un nuevo modelo de atención sanitaria para las residencias de mayores. Según el citado medio, en el último punto del borrador, el PP propone consensuar con el Gobierno "un pacto de Estado por la sanidad que tendría que dar acogida a las propuestas que aquí aparecen recogidas". Es decir, los conservadores reclaman que el Gobierno asuma una parte importante de las medidas que plantean o no habrá acuerdo.

El PP todavía no ha decidido el sentido del voto al decreto de nueva normalidad

El decreto de nueva normalidad recoge cuestiones fundamentalmente técnicas e incorpora sugerencias planteadas por las comunidades autónomas. En lo relativo a la prevención y la higiene pública, se mantiene la obligatoriedad de las mascarillas para toda aquella persona mayor de seis años en los mismos supuestos que se contemplaron ya el 21 de mayo: en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, "en condiciones económicas no abusivas", añade el real decreto.

Al presidente del PP este real decreto le parece "insuficiente" porque no aborda que la ley de salud pública pueda crear mandos únicos e impedir la movilidad sin necesidad de recurrir al estado de alarma. Sin embargo, mostró su disposición a votar favorablemente: "Estaríamos dispuestos a apoyar el decreto de lo que el Gobierno llama la nueva normalidad una vez que el Gobierno se haya sentado con el PP para incorporar otras medidas", dijo el pasado martes.

Fuentes del grupo popular en el Congreso señalan a Público que decidirán el sentido del voto tras escuchar la intervención de Salvador Illa en el Congreso. El texto del Gobierno de coalición saldrá adelante porque llega a la Cámara con el apoyo de PNV y Ciudadanos y, además, el PP no contempla rechazarlo, como mucho dará su abstención.

El PP se negó a pactar con el Gobierno tras el fracaso de la renovación del CGPJ

Ambas formaciones estuvieron a punto de pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que exige una mayoría reforzada de 210 diputados, en noviembre de 2018. Un pacto que se frustró después de que se filtrara un mensaje interno del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que, a pesar de que el órgano no iba a tener una mayoría conservadora, con Manuel Marchena en la presidencia los de Casado podrían "controlar por detrás" la sala encargada de juzgar a los políticos del procés.

Pese a que Casado insiste en que es Sánchez quien rechaza llegar a acuerdos, en los últimos años el PSOE ha impulsado pactos desde la oposición. En el año 2000, José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, un acuerdo sobre política terrorista. 15 años más tarde, ambas formaciones firmaron el Pacto Antiyihadista (2015) y el Pacto de Estado contra la violencia machista (2017). Ese mismo año, tras la declaración del 1 de octubre, Sánchez pactó con Rajoy la aplicación del 155 de la Constitución.

Según explican algunas fuentes populares consultadas por Público, Casado quiere distanciarse de la ultraderecha en el Congreso y potenciar el perfil "gestor" del PP. En la última Junta Directiva Nacional, el líder de la oposición aseguró que trabajará por un PP "más ampliado, más popular y menos partido, integrador, reconocible, moderado y responsable". Esta propuesta llega después de que algunos barones de la formación, como el gallego Alberto Nuñez Feijóo, reivindicaran la necesidad de un PP más "sosegado" frente a la "crispación que atenaza la política nacional" y con la campaña electoral para las gallegas y vascas a punto de arrancar.