Público
Público

CORRUPCIÓN EN EL CANAL DE ISABEL II Operación Lezo: la batalla perdida de González contra 'Público'

Su detención avala las informaciones desveladas en 2009 por las que el expresidente demandó a este diario... y perdió 

Publicidad
Media: 4.80
Votos: 10
Comentarios:

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en una imagen de archivo. AFP

En la cárcel. Así ha acabado -al menos, momentáneamente- el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que este miércoles ha sido detenido por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal y blanqueo de capitales.

Su detención avala las informaciones que 'Público' desveló en 2009 sobre el desvío de fondos del Canal de Isabel II y las adjudicaciones de varios contratos relacionados con dicha empresa pública concedidas a familiares y amigos de quien entonces era número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno regional. Noticias contra las que arremetió González en los tribunales al demandar a este periódico por daño al honor. Pidió una indemnización de 600.000 euros que nunca consiguió. Perdió todos los recursos

En concreto, este diario tuvo acceso a un dossier del propio Partido Popular -contrastados, a su vez, por datos del Registro Mercantil- en el que se detallaban varios escenarios de las presunta corrupción cometida por González con el Canal. Era un amplio documento de 69 páginas que Mariano Rajoy evitó investigar, dejándolo en manos de Esperanza Aguirre -entonces presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid-, quien no vio ninguna irregularidad en él.

Incluso el extesorero imputado en Gürtel Álvaro Lapuerta había afeado a González contrataciones que no consideraba "limpias"

Sin embargo, incluso el extesorero del PP hasta 2008, Álvaro Lapuerta -imputado en Gürtel, pero eximido por la Audiencia por "demencia sobrevenida"-, afeó a González uno de los procesos de contratación que no consideraba "limpio". Se trataba de un contrato de 33 millones de euros que el Canal de Isabel II que presidía González había adjudicado en 2005 a la empresa de seguridad Segurisa, cuyo principal accionista es Enrique Sánchez.

Dicho empresario fue uno de los acompañantes de González y su mujer en un viaje, en 2008, a Johannesburgo cuyo coste ascendió a más de 8.000 euros por unos billetes en primera clase que habían sido pagados en metálico. El expresidente dijo que los había pagado él. En el dossier, en cambio, se apuntaba a que el abono lo realizó Sánchez como pago a los contratos públicos concedidos a su empresa.

El de Segurisa no había sido el único por el que dicho empresario se había beneficiado de su relación con González. Según los documentos a los que tuvo acceso Público, el Canal de Isabel II había firmado, también en 2005, con Saminsa -otra empresa de Sánchez- la adjudicación de la limpieza de los edificios de la empresa pública por un importe de 2,6 millones

Las adjudicaciones de seguridad, limpieza y explotación de edificios del Canal se otorgaron a amigos y familiares de González, según el dossier

Por otro lado, en el dossier desvelado por este periódico en 2009 se especificaba la adjudicación de la gestión y explotación de un campo de golf y varias pistas de pádel (que habían sido construidas sobre antiguos depósitos de agua y por tanto pertenecían al Canal de Isabel II) a un consorcio formado por las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium.

La primera de ellas fue constituida por José Antonio Clemente, socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad distinta pero cuyo objeto social era también, precisamente, la "promoción, instalación y explotación de instalaciones deportivas". González no se inhibió cuando el Consejo de Administración del Canal votó dicha concesión. Tampoco avisó al resto de consejeros de su relación con el principal accionista de Tecnoconcret.

Por último, en la información publicada por este diario se desvelaban otros contratos otorgados por González para la explotación de la plaza de toros de Las Ventas o la gestión del Palacio de Deportes de Madrid. Pero entre ellos destaca, especialmente, el que hace referencia al reparto de las televisiones digitales locales. 

González adjudicó dicha concesión a un consorcio formado por la Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda Cero, Kiss FM y el productor Enrique Cerezo. Juntos formaron Teledifusión Madrid, aunque sólo suscribieron el 70% del capital de la misma. El otro 30% quedó en manos de Centanor Spain, una sociedad desconocida que se había constituido sólo un mes antes y cuyo administrador único era Fernando Ruano, cuñado del gerente y más estrecho colaborador de González en el Canal de Isabel II (Ildefonso de Miguel). 

Además, Teledifusión Madrid contrató a Secuenzia Pixels para poner en marcha la nueva red de canales digitales. ¿Quién era el fundador? El propio Ildefonso de Miguel que, cuando pasó a trabajar en el Canal de Isabel II, dejó la compañía en manos de Ruano.

Todas estas informaciones y otras sobre la declaración de González en la Asamblea de Madrid y otras cuestiones relacionadas sobre su presunta actuación corrupta fueron desgranadas por este diario a lo largo de varios meses. Una actuación periodística que el expresidente consideró una "persecución" por la que demandó a Público por daño al honor. Pero su estrategia judicial, dirigida contra los exdirectores Ignacio Escolar, Félix Monteira y Jesús Maraña, así como contra el exsubdirector Manuel Rico, le salió mal. 

Todos los jueces por los que pasó la demanda de González consideraron que las informaciones de Público cumplieron el requisito de veracidad

El Juzgado de Primera Instancia Número 55 de Madrid desestimó la demanda de González en 2011. La jueza, María del Mar Cabrejas, concluyó que todos los artículos tenían "una clara relevancia pública y cumplen suficientemente con los requisitos de veracidad establecidos por la jurisprudencia". 

Un año después, la Audiencia Provincial confirmó la desestimación de dicha demanda y destacó "la relevancia pública" de dichas noticias por ser González "un cargo público de primer orden en la Comunidad madrileña". Por último, cuando el caso llegó al Tribunal Supremo, en 2014, éste volvió a desestimar el recurso de casación interpuesto por el sucesor de Aguirre.

El ponente de esta última sentencia, el magistrado José Ramón Ferrándiz Gabriel, defendió la libertad de información y expresión y consideró que todos los artículos "trataban de las circunstancias, objetivas y subjetivas, en las que se había perfeccionado la contratación pública por la Administración autonómica en sentido amplio y, en un caso, de investigaciones llevadas a cabo al respecto en el seno del partido político al que pertenece el demandante".  

En resumen, todos los jueces por los que pasó la demanda de González consideraron que las informaciones de Público cumplieron el requisito de veracidad y que los artículos de opinión referidos a las noticias no fueron injuriosos. Hoy el expresidente, detenido y expulsado cautelarmente del PP, ha vuelto a perder.