Cuando el Congreso aprobó una moción de censura para intercambiar a Mariano Rajoy por Pedro Sánchez en el Gobierno, el PP se refugió en el Senado. En esta Cámara, los conservadores disfrutan de una mayoría absoluta -tienen 147 de los 265 asientos- y se sirven de ella para hacer todo lo que no les permite el Congreso, donde, a pesar de ser el partido con más representación, no logran conformar mayoría, ni si quiera sumando con Ciudadanos. 

Esta holgada ventaja en la Cámara Alta frente a sus rivales políticos, les permite forzar la celebración de un Pleno para que comparezca Pedro Sánchez, a sabiendas de que el presidente se encontraba en Suiza asistiendo al Foro Económico de Davos, como sucedió el pasado jueves, y tener la certeza de que la Proposición de Ley registrada esta misma mañana -en la que piden la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones- saldrá adelante.

Precisamente, el Pleno del Congreso rechazó hace tres meses la admisión a trámite la proposición de ley con la que Ciudadanos buscaba la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España y que únicamente contó con los votos favorables de PP y Foro Asturias.

A pesar del voto favorable, el PP lamentó las "carencias" en la propuesta defendida por Ciudadanos. "Con impuestos más bajos se puede recaudar más si se genera riqueza y empleo", defendió entonces su diputado Tomás Fole, quien, acusó a Rivera y a Ciudadanos de intentar "llamar la atención como sea", teniendo en cuenta que este es "año preelectoral".

A pesar de que esta Ley se aprobará, su valor será puramente simbólico, pues volverá al Congreso y será, previsiblemente, rechazada de nuevo. El Senado únicamente tiene dos competencias: la de servir de órgano de "segunda lectura" de iniciativas legislativas que provienen del Congreso (que tiene la última palabra en lo que respecta al futuro de una norma); y la de servir de cámara "territorial", una competencia que en el imaginario reciente solo cuenta con el ejemplo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. 

El PP pasa de bonificar el Impuesto a suprimirlo

Los conservadores piden ahora derogar la ley 29/1987, es decir, suprimir por completo el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones aunque hasta la fecha proponían bonificarlo al máximo (al 99%) en las autonomías en las que gobierna, como en Madrid y en Andalucía, una medida dirigida a los herederos directos (sobrinos seguirán pagando como hasta ahora), que hoy solo pagan quienes reciban más de un millón de euros.

En el escrito registrado por el Grupo Popular señalan, en cambio, que este impuesto recae, principalmente, sobre las clases medias y aseguran que hay que suprimirlo por completo para garantizar "un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrán carácter confiscatorio", tal como se establece en la Constitución.

El PP defiende suprimir el impuesto a nivel nacional y destacan que con el actual sistema, se ven "las enormes diferencias de la fiscalidad de dicho impuesto" según la autonomía en la que se pague, "lo que motiva a los ciudadanos a deslocalizar sus patrimonios a otras comunidades con más baja fiscalidad".

Se prevé que esta tarde, el portavoz 'popular' en el Senado, Ignacio Cosidó, y el portavoz de Hacienda, Guillermo Martínez Arcas, mantengan una reunión con el presidente de la plataforma Stop Sucesiones, Eligio Taboada.