El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sentenció, el pasado mes de junio, que el Tribunal Constitucional no justificó en 2021 los motivos por los que rechazó el recurso de amparo de seis jueces, candidatos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), avalados por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), lo que atentó contra su derecho a la tutela judicial. La sentencia indicó que se habían vulnerado los derechos civiles de esos jueces al no haber estudiado el Parlamento sus candidaturas.

El llamado caso Lorenzo Bragado y otros vs España supuso un fuerte varapalo desde Estrasburgo, pero sin consecuencias prácticas. Ahora, los seis jueces que ganaron en el TEDH piden al Constitucional amparo debido a que el Estado no ha cumplido la sentencia, que adquirió firmeza el pasado 22 de septiembre. Ni el Constitucional ha resuelto sobre el recurso anulado por Estrasburgo ni las Cortes Generales han votado el listado de candidatos que fue remitido en 2018.  

La magistrada Mónica García de Yzaguirre es una de los seis jueces que recurrió al TEDH. Su nombre forma parte del listado de 51 candidatos para el CGPJ por el turno judicial: son doce y seis los elige el Congreso y los otros seis, el Senado. "En todo este tiempo, desde que presenté mi candidatura, han pasado muchas cosas. Son más de cinco años, desde agosto de 2018. Mis compañeros y yo tenemos constancia de que nuestras candidaturas, que se enviaron en papel, se conservan en cajas, en los pasillos del Congreso desde entonces. Nadie las ha estudiado y eso pervierte el sistema", explica la magistrada, miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La lista sigue vigente, aunque se han producido bajas y renuncias de algunos candidatos. "No tengo ninguna esperanza en que me elijan, porque soy independiente, con un perfil técnico; y ya vemos el tipo de perfil que eligen los partidos", dice Mónica García de Yzaguirre, magistrada de la Audiencia Provincial de Tenerife y hasta hace poco, miembro de la comisión de Igualdad de AJFV.

Paralizado por el 'whatsapp' de Cosidó

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), entidad a la que está asociada García de Yzaguirre, presentó un recurso de amparo en 2020 porque las Cortes Generales llevaban dos años sin convocar el pleno para proceder al nombramiento de los vocales de procedencia judicial. Tras la inadmisión a trámite, fueron seis de los candidatos los que recurrieron ante el TEDH, que les dio la razón. 

Ahora, tanto la AJFV como los seis jueces insisten al TC: solicitan que se declare la nulidad de la providencia de inadmisión del recurso de amparo y que en su lugar se dicte otra admitiéndolo a trámite. En caso contrario, los recurrentes piden un nuevo amparo constitucional en términos similares al recurso presentado el 14 de octubre de 2020.

Los jueces recurrentes son, además de Mónica García de Yzaguirre, José Antonio Baena, Rafael Estévez, Manuel Jaén, Juan Luis Lorenzo y María Tardón.

Desde que en septiembre de 2018 los aspirantes formalizaron sus candidaturas para vocal del órgano de gobierno de los jueces y lograron los avales necesarios para ello, sus carreras y sus vidas están en un interminable ínterin, pendientes de un acuerdo para la renovación del Consejo que no acaba de llegar. 

El procedimiento para renovar el CGPJ quedó paralizado cuando se conoció, en diciembre de 2018, a través de un 'whatsapp' del senador del PP Ignacio Cosidó, que el Partido Popular se congratulaba del acuerdo con el PSOE porque de esa manera "controlaba" la Sala Segunda del Supremo "por atrás".

Diez años desde que se formó el actual CGPJ

"Yo estoy en la Sala de Gobierno de un TSJ, una experiencia muy interesante de tipo administrativo y podría aportar este bagaje al CGPJ. De lo que se trata es de ayudar a mejorar la administración de Justicia", dice García de Yzaguirre, que añade que "lo que se ha vulnerado por las Cortes Generales es el derecho de los candidatos a que se examine y se vote la selección en un tiempo razonable y de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial". 

La demanda presentada ante el TC tiene un triple fin, indican desde la AJFV:  "Por un lado, atender a la resolución del TEDH para el efectivo cumplimiento de la misma, esto es, que se produzca una resolución por el Tribunal Constitucional que entre a conocer sobre los derechos vulnerados".

Por otro lado, sostiene el escrito de la asociación, la segunda en número de afiliados de las cuatro asociaciones judiciales, "el reconocimiento del derecho de los candidatos a acceder a los cargos públicos de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado y siguiendo los trámites legalmente previstos".

También pide que se tomen medidas para garantizar "la obligación dirigida al órgano responsable para efectuar sin dilación los trámites legalmente previstos para la renovación y formación del nuevo Consejo General del Poder Judicial". 

El portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, apunta: "Cada día que pasa sin que los presidentes del Congreso y del Senado convoquen los plenos para renovar el CGPJ es un día más en el que se vulneran los derechos fundamentales de los candidatos".  

"Han transcurrido ya diez años --prosigue Oliva-- desde la toma de posesión del actual CGPJ, y el próximo 4 de diciembre se cumplen cinco años desde que expiró su mandato. El sistema actual de renovación del Consejo no es el que las instituciones europeas entienden como el más adecuado, sino que en reiteradas ocasiones insisten a España en que los doce vocales judiciales sean elegidos por los jueces en activo".