La derecha se ha volcado con las asociaciones policiales hegemónicas y más duras en su rechazo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza' por la izquierda y colectivos sociales. La presencia en las calles de PP, Vox y Cs, en una suerte de reedición de "foto de Colón", marcó gran parte de la actualidad política la semana pasada. Y no tiene pinta de que se vaya a quedar en solo una protesta. En este contexto, el presidente del PP, Pablo Casado, intervino este miércoles en un Congreso del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) celebrado en Toledo. Allí, ante el aplauso y complicidad de sus integrantes, criticó algunos aspectos concretos de la reforma. Pero sus argumentos, impulsados también desde los propios colectivos policiales, están llenos de falsedades y manipulaciones. 

Casado comenzó su intervención con calificativos generales ante las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez. PSOE y Unidas Podemos han pactado una serie de enmiendas para la reforma que a juicio del dirigente popular provocarán una "reforma grillete" que generará que los agentes policiales estén "completamente atados" y se queden "vendidos a los delincuentes". 

A partir de ese momento, quiso enumerar algunos puntos concretos que justificarían estos calificativos. En primer lugar, abogó por "mantener la presunción de veracidad" en las declaraciones de los agentes. "Suprimirla es restarles autoridad", afirmó. Pero la reforma de la ley no incluye en ningún caso esta eliminación. La modificación del artículo 19.2 de la ley en las enmiendas presentadas por PSOE y UP queda así: "El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario". El único cambio con la actual ley, en vigor y aprobada por el PP en 2015 supone incluir los términos "coherente, lógica y razonable". 

El segundo punto tratado por el máximo dirigente popular fue el de las grabaciones a los agentes policiales. Casado defiende mantener "la privacidad de los agentes y sus familias". "Permitir la grabación es de facto una extorsión", afirmó. El caso es que este punto de la polémica ley solo introduce un matiz, además relacionado con una sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la necesidad de obtener autorización previa para tomar imágenes de la Policía.

En este sentido, se ha añadido a la ley la siguiente frase: "No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión". Pero el resto del artículo sigue considerando infracción grave "el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación", idéntico al que hay en vigor. 

Traslado de "delincuentes" y comunicación de manifestaciones

El discurso de Casado introdujo también que la reforma supondrá una la "humillación" para los agentes por el hecho de tener que estar "transportando a los delincuentes al lugar donde lo que estaban haciendo es probablemente tirarles piedras". Suponemos que el PP se refiere a una leve modificación del artículo 16.4 de la actual ley.

En él se añade un párrafo a la ley actual que matiza lo siguiente: "Tendrán derecho a que se les devuelva o facilite su retorno al mismo lugar donde no pudo realizarse la identificación por los agentes, cuando la dependencia policial a la que se ha trasladado a la persona se encuentre en localidad distinta a la del requerimiento de acompañamiento y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios". El resto del texto queda igual. 

El líder del PP defendió ante el SUP "obligar a que las manifestaciones se tengan que seguir notificando". En su opinión, si eso no ocurre "es una receta directa a la impunidad". De nuevo, la modificación pactada entre PSOE y UP es leve y no tiene carácter general, desmontando las afirmaciones de Casado.

El artículo 37.1 introduciría, si saliera adelante lo pactado por los socios de Gobierno, solo una excepción: "La falta de comunicación previa no determinará la comisión de esta infracción cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público". Por lo demás, todo igual que en lo aprobado por el PP. Un ejemplo sería lo sucedido en las protestas tras la sentencia de La Manada de Pamplona.

Estupefacientes y material antidisturbios

Para el líder del PP, la reforma evitaría, literalmente según sus palabras, que los policías puedan "seguir actuando contra el consumo de estupefacientes como ya hacen en las calles y en las escuelas". El texto pactado por PSOE y UP no introduce ningún cambio respecto al consumo y se sigue considerando infracción grave, artículo 36.16, "el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares". 

Sí varía la categorización de "tenencia" en lugares públicos, que pasa de infracción grave, como está en la actualidad, a leve si fructifica la propuesta del Gobierno. También pasaría de infracción grave a leve el siguiente punto: "El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a
éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito". 

Otro tema puesto sobre la mesa por Casado este miércoles ante la mirada del SUP ha sido el del material antidisturbios. "Ustedes tienen que poder defenderse. Con medios materiales adecuados y proporcionalmente usados como siempre han hecho ustedes", ha señalado el líder popular.

Este asunto viene a colación de una modificación en el artículo 23, que dice así: "Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables". Además, se añade que las actuaciones policiales "se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humanos". No hay mención, como se ha venido diciendo por parte de portavoces policiales a que se prohíban expresamente usar pelotas de goma o similares. 

Entre las reivindicaciones concretas, más allá del discurso general de "desprotección" de las Fuerzas de Seguridad, Casado solo incluyó un asunto que es cierto y prevé la reforma. Que se tenga en cuenta en la graduación de las sanciones "la capacidad económica" de cada persona. Es una ampliación del artículo 33.

Para el líder del PP, las multas se deben ajustar a la "legalidad en vigor" y no a las "rentas de los agresores". Para defenderlo ha puesto de ejemplo la Ley de Partidos, que determina "que quien hacía cualquier agresión y no la podía pagar lo hacían sus familias". "Fue mano de santo y la kale borroka, por ejemplo acabó, inmediatamente", ha dicho. 

El PP ya ha anunciado, como ha hecho con un buen puñado de leyes aprobadas por este Gobierno, que llevará al TC esta reforma cuando entre en vigor. En su crítica contra lo que él llama "reforma grillete", ha cargado, como suele ser habitual contra los socios del PSOE, especialmente EH Bildu, ERC y Podemos. Sobre estos últimos ha dicho que los españoles no están "tranquilos" con este partido, "plagado de agresores confesos y condenados por atentado contra la autoridad". 

Se queda corta

Curiosamente, pese a la dureza de la derecha, muchos juristas críticos con la actual 'ley mordaza' por sus restricciones, han destacado que la reforma del Gobierno se queda corta. Muchos de ellos lamentan la "oportunidad perdida" para abordar la seguridad ciudadana desde una perspectiva "realmente progresista y transformadora". Y califican estas correcciones registradas por PSOE y UP de "retoques".