El Gobierno de Pedro Sánchez tiene claro que su estrategia sobre el conflicto en Catalunya ha sido la más acertada para resolver los problemas. Así lo han defendido de forma constante desde el inicio de la legislatura. También este martes, poco después de conocerse la revisión de la sentencia del Tribunal Supremo sobre diferentes líderes independentistas que participaron en el procès. "El Estado está protegido por el ordenamiento jurídico pero los problemas políticos hay que resolverlos desde la política", ha afirmado en rueda de prensa la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. 

El Gobierno considera que tras la confirmación de la inhabilitación a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, se le da la razón a sus planteamientos. "Da respuesta a algo que había sostenido el Gobierno, que no se producía una despenalización, siguen existiendo penas y condenas", ha manifestado Rodríguez. 

"Lo fundamental es que afortunadamente gracias al esfuerzo y diálogo hemos logrado que lo que antes era un conflicto político que traspasó las fronteras jurídicas hoy está en la senda de la convivencia", ha insistido la portavoz. Creen en Moncloa que no se va a volver a un escenario como el vivido en 2017. "La sociedad catalana ha evolucionado. Catalunya no quiere retroceder a 2017. Entiendo que las fuerzas políticas catalanas tampoco quieren retroceder", ha afirmado Rodríguez.

En definitiva, no creen que este pronunciamiento judicial vaya a afectar a la convivencia en Catalunya ni a las relaciones con el independentismo, especialmente con el Govern que lidera ERC. Fuentes de Moncloa, eso sí, muestran cierto malestar con el papel de "comentarista" que han ejercido, a su juicio, los magistrados del Tribunal Supremo sobre la reforma de la sedición.

"El Gobierno lo que defiende es que hay herramientas en la política que evitan los hechos que se produjeron en 2017. Con el diálogo hemos recuperado la convivencia", ha insistido Rodríguez. Moncloa defiende que ha hecho lo que tenía que hacer en este asunto. "Hay que evitar la judicialización pero el Estado cuenta con recursos para abordarlos desde el sistema jurídico, como se ha visto", ha afirmado nuevamente la portavoz.