Más de 70 exdiputados autonómicos, con una fuerte presencia entre ellos de los procedentes de los partidos de la 'nueva política' como Ciudadanos y Podemos tras sus respectivos descalabros del 28M, están cobrando o han cobrado ayudas económicas de los siete parlamentos de los que formaban parte tras haberse quedado sin escaño en las últimas elecciones celebradas en sus respectivas comunidades.

El subsidio, que se conoce como cesantía y tiene un formato distinto en cada cámara, hace las veces de prestación de desempleo al proporcionar a los exparlamentarios, que no cotizan como tales durante su paso por el escaño al no estar catalogada como laboral esa actividad, un vía de ingresos económicos entre su salida de la cámara y su eventual reingreso en el mundo laboral.

Los diputados "están inscritos en el régimen de la Seguridad Social pero, una vez que finalizan su labor en el legislativo, no tienen derecho a percibir subsidio de desempleo como el resto de trabajadores por cuenta ajena", explica la web de las Cortes de Aragón, ni tampoco al cese de actividad de los autónomos.

"En aquellos casos en los que el representante, al finalizar su mandato, no obtiene ingresos por encontrarse en situación de desempleo, las Cortes le asignan una indemnización por cese encaminada a lograr su reincorporación al mercado laboral", añade el Parlamento aragonés.

En este, la ayuda, de 3.380 euros brutos mensuales, que es el sueldo básico de un diputado, "se recibe mes a mes y con un carácter limitado en el tiempo", a razón de cuatro meses por cada legislatura completa que han permanecido en la cámara.

1.876 personas al margen de la Seguridad Social

"La prestación económica temporal está prevista para dar cobertura a los exparlamentarios o exparlamentarias que se encuentren en situación de desempleo por cese voluntario o finalización del mandato por la disolución del Parlamento", señala la cámara vasca. Esta matiza que, como en el resto de los casos, "dicha prestación está sujeta al régimen general de retención y tributación fiscal".

Los parlamentarios, tanto los autonómicos como los estatales, son uno de los numerosos colectivos, mayormente de remuneraciones elevadas como ocurre con determinadas profesiones liberales, artísticas y deportivas, cuyo régimen de protección social discurre al margen de la Seguridad Social, una situación en la que se encuentran alrededor de medio millón de ocupados en España.

Los parlamentarios (que suman un colectivo de 1.876 miembros con 1.261 diputados autonómicos, 350 estatales, 208 senadores provinciales y 65 de los parlamentos regionales, algunos de los cuales compatibilizan el cargo con el de diputado en esas mismas cámaras) se encuentran por lo general con que las asambleas cubren la cotización que correspondería a sus empleos anteriores pero no cotizan por sus ocupaciones de representación.

Esa cotización 'superpuesta' está normalmente combinada con un convenio especial que suele financiar el parlamento para atender a las contingencias que puedan sufrir durante su mandato. Se mantiene mientras se encuentran en excedencia en su empleo de origen y a pesar de que, salvo que la compatibilicen con el cargo de diputado por carecer de dedicación exclusiva, esa relación laboral está suspendida.

Cotizar en ausencia y no hacerlo por la actividad

Así, a la vuelta se encuentran con que, a efectos de jubilación y desempleo (y antigüedad en algunos casos), su carrera profesional ha seguido su curso con normalidad mientras ellos estaban ausentes de ella por su dedicación parlamentaria.

Y ahí es donde surge la paradoja: ¿qué cesantía necesita quien puede reincorporarse a su empleo (o a su desempleo) anterior y retomar su vida laboral con todos sus derechos, entre los que se incluye tanto la prestación del paro como sus subsidios asistenciales?

Este régimen, que en casos como el vasco incluye la posibilidad de cobrar solo una mensualidad de salario si la salida de la cámara se debe a una renuncia voluntaria (lo que se viene conociendo como una dimisión), sigue siendo más extraordinario que habitual. Solo existe en siete de los 17 (19 con Ceuta y Melilla) parlamentos autonómicos, además de en las Cortes Generales.

La indemnización tiene en cámaras como el Congreso y el Senado y en varias de las autonómicas paralelismos con la indemnización por despido, ya que consiste en el "equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional (3.186,29 euros) por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de 24 mensualidades".

Aunque "esta indemnización se abonará mensualmente", el paralelismo es claro con la indemnización por despido improcedente. Esta, desde marzo de 2012, con la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, se sitúa en 33 días por año trabajado con un límite de dos años de salario, con el bruto como neto en un pago único y exento de tributación en el ámbito laboral.

Esta es la situación en los parlamentos autonómicos en los que existe cesantía:

Andalucía: el Parlamento andaluz pagó cesantías de entre 3.791 y 5.5521 euros mensuales a veinte diputados, ocho de Ciudadanos, cinco de Unidas Podemos, cuatro del PSOE, dos del PP y uno de Vox, que se quedaron sin escaño tras las elecciones autonómicas del año pasado. La cámara limita los pagos a doce mensualidades, una por cada año de ejercicio. Los dos del PP renunciaron tras fichar como altos cargos de la Junta.

Aragón: hasta quince diputados, ocho de Ciudadanos, tres del PP, dos de Podemos y otros tantos del Par, han obtenido la cesantía de 3.380 euros mensuales tras perder el escaño, diez de ellos para cuatro meses y los demás para ocho por haber formado parte de la cámara durante una y dos legislaturas, respectivamente. Una de las exparlamentarias dejará de percibirla al haber sido fichada como asesora por la Consejería de Sanidad y uno de los del PP lo hará al recuperar el acta por correr listas tras las elecciones del 23J.

Euskadi: el Parlamento vasco asignó cesantías del "40% de una mensualidad de la retribución básica de los parlamentarios/as [2.227,52 euros brutos] y con una duración de tres meses por cada año de desempeño del mandato parlamentario, o fracción superior a seis meses, con un mínimo de tres meses y un máximo de doce mensualidades" a trece exdiputados. Cinco de Elkarrekin-Podemos, cuatro del PP, dos del PNV, uno de EH Bildu y otro del PSOE. Varios de ellos renunciaron tras obtener actas estatales, acceder a cargos públicos o colocarse.

Balears: doce exparlamentarios, cuatro del PSOE, tres de Mès, uno del PP, dos de Cs, uno de Vox y Maxo Benalal, que pasó por estas dos últimas formaciones, recibieron tras la disolución de la cámara a principios de abril un pago lineal de 10.355 euros brutos como indemnización por haberse quedado sin escaño y carecer de empleo tras haber ejercido como diputados con dedicación exclusiva.

Asturias: cinco exparlamentarios, tres del PP, uno de Foro y otro de Podemos, reciben desde el inicio de la actual legislatura una indemnización por cese equivalente a su último sueldo como diputados tras haberse quedado sin el escaño que ocupaban en régimen de dedicación exclusiva. Cuatro de ellos recibirán cuatro mensualidades y el quinto al contemplar la cesantía asturiana una asignación de una por cada año de desempeño.

Murcia: cinco exparlamentarios, aunque el plazo de solicitud no está cerrado, han accedido a la asignación de una mensualidad de salario básico por cada año de ejercicio, con un límite de doce, tras no revalidar sus escaños en las elecciones del 28M.

Canarias: el Parlamento canario contempla desde este año indemnizar con el equivalente a una mensualidad de su salario bruto a los diputados que no renueven su cargo en las elecciones autonómicas.